Montero justifica el cupo catalán por el Estatut entre gritos de "traidora" del PP en el Senado

Convocada de forma exprés la semana pasada por la mayoría parlamentaria que ostenta el PP en el Senado y para explicar los detalles de la financiación singular de Cataluña, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha desfilado en este inicio del curso político por el hemiciclo de la Cámara Alta este miércoles al mediodía. A Montero, que ha hecho equilibrios desde la firma del acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, para no aumentar el agravio territorial entre compañeros de partido y oposición y mantener apaciguado a unos republicanos que amagaron con tensionar, se le pedía especificaciones. El PP demandaba despejar si se trata o no de un concierto económico. "O nos engaña a nosotros, o les engaña a ellos", afirmó el portavoz popular del Congreso, Miguel Tellado, este martes, recordando la cita de la vicepresidenta con sus compañeros.

Montero, destacando que el PP busca "inflar debates artificiales" para "rascar votos", justificó el pacto indicando que se enmarca en los compromisos fijados en el Estatut de Cataluña de 2006 en lo que respecta al avance hacia el autogobierno. "¿Les vale el Estatut y la Constitución?", preguntó Montero a la bancada popular, quien además incidió en la validez dado al primero, en su momento, por el Tribunal Constitucional. "Se inspira en ese consenso, cuando se aprobó en la reforma" de la norma autonómica, defendió Montero, que siguió. "El acuerdo establece la participación porcentual de los tributos. Que la Generalitat debe participar con solidaridad territorial, pero no con la que quieran, sino con estándares que permitan desarrollos similares. Que homologue la prestación de servicios en todo el territorio", remarcó la titular de Hacienda. Se preguntó, entonces, que "¿cómo el PP puede sostener que es un acuerdo solidario? Despliega ni más ni menos que lo acordado en el Estatut, validado por el TC", apuntó.

Montero, que puso en duda la lectura del documento por parte de los populares ante las críticas vertidas, les acusó de intentar dañar al Ejecutivo con un debate que han prolongado durante años. Además, con un toque de humor, les situó en "las primeras fases del duelo, negación e ira" por comprobar que hay presidencia de Pedro Sánchez "para rato". Considera que queda recorrido hasta "la aceptación". "Ahora les parece urgente abordarlo [la financiación autonómica], pero cuando tenían mayoría no movieron ni un dedo para hacerlo", afeó Montero, un argumento que los populares, a su vez, utilizan refiriéndose al periodo de 2019-2023, con mayoría de territorios de signo socialista. Igualmente, hilando el reproche a Génova por "no tener una propuesta clara" de financiación, mostró su deseo de conocer "cuál es la propuesta concreta, sin grandes cifras en la que saben que todos coinciden", de los presidentes autonómicos del PP, que se reúnen con Alberto Núñez Feijóo este viernes en Madrid. A modo de Conferencia de Presidentes alternativa. "No vale" generalidades como "solidaridad, lealtad institucional o responsabilidad fiscal", apuntó la andaluza, exigiendo números.

Durante los minutos finales de la intervención de Montero, desde la bancada popular un senador le gritó "traidora", por lo que el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, compañero de filas, pidió "mantener el decoro". Tras avanzar Montero de nuevo, sus compañeros socialistas interrumpieron la comparecencia para trasladar a Rollán la escucha de nuevos insultos, como "sin vergüenza", algo que Javier Arenas, portavoz adjunto del PP, aclaró, asegurando que lo trasladado, sin atribución a ningún senador, en todo caso, solo era el grito de "vergüenza". En todo caso, el popular pidió que se retiren del diario de sesiones.

Montero expuso que en el PP "no pueden consentir que las políticas valientes de Sánchez estén dando resultado" y se esté avanzando hacia un "nuevo escenario político de confianza en las instituciones mediante el diálogo y el acuerdo". Con Sánchez y ahora Illa, reivindicó, hay "una oportunidad de recuperar el tiempo perdido del procés". Porque "hoy se debate en el marco de la Constitución, del Estatuto y de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autonómicas (LOFCA)" y "no hay ruptura como en la etapa del PP". Por otro lado, aludió a que pese al intento de "retorcer el relato", con Sánchez "las comunidades terminarán este año con 300.000 millones de euros más invertidos en siete años que en los siete anteriores del PP". El PSOE, promocionó "es el que garantiza el Estado del Bienestar, lo demostramos en el peor momento, en la pandemia".

A nivel técnico afeó al PP que cuestionen la cesión de impuestos a las comunidades cuando todos los anteriores gobiernos han tendido a ello. Y que rechazasen el ofrecimiento de un llamamiento al debate sereno para el entendimiento por la negativa a sentarse en una mesa de trabajo que impulse un nuevo modelo. "Uno que satisfaga a todos" sin instalarse en un "no permanente". "No embarren la convivencia por electoralismo, que no lleva a ninguna parte", pidió, a la vez que sostuvo la posibilidad de pactos bilaterales hasta alcanzar ese consenso, para aumentar los respectivos autogobiernos. Por último, tras acusar al PP de "populismo fiscal", les pidió a sus comunidades "no entrar en una carrera fiscal a la baja para después pedir más dinero al Gobierno porque no les llega con la recaudación".

Entre la presión de los socios y la oposición

Montero se topó con una ausencia de confianza prácticamente general entre socios externos de Gobierno y los partidos de la oposición. Desde el PP, el senador valenciano Gerardo Camps, cargó contra la comparación de Montero, por la singularidad económica, con los regímenes diferenciados de Baleares o Canarias. "¿Pretende hacernos creer que lo pactado con ERC está cerca del régimen económico de Canarias o del concierto vasco? No nos tome por ingenuos". "¿De verdad quiere hacer creer que lo firmado con ERC no es un concierto gradualmente insolidario?", preguntó Camps a Montero. Puso, además, el foco en el principio de ordinalidad. "Según esta premisa, las comunidades más ricas [las que más aportan] no podrían situarse en los últimos puestos a la hora de recibir recursos". "Esa insolidaridad queda en entredicho", expresó. Aunque en la réplica Montero señaló que en los programas electorales del PP catalán, estaba recogida la ordinalidad.

Desde UPN, María Mar Caballero, ante el intento de Montero de equiparar la singularidad con el estado fiscal foral de Navarra, ésta lo diferenció indicando que "no es un privilegio" sino el reconocimiento a un pasado histórico de un territorio que "quiere estar dentro del Estado". Como Camps, Caballero declaró que el acuerdo sustenta un menor aporte "en la caja común", y, por tanto, una ruptura del principio de solidaridad. Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, que comparte el Mixto con UPN, creyó que este pacto "abre la puerta al chantaje y al expolio nacionalista", aunque se mostró abierto al diálogo para un nuevo modelo de financiación.

Ante los malabares de Montero para garantizar que la actuación la recogen desde el Estatut a la Constitución, irrumpió Junts, del que depende Sánchez para retener su mayoría de investidura. Los neoconvergentes abogan por una mayor presión de cara a su congreso político en octubre, lo que deja en el aire acuerdos como el de Presupuestos. Además, en la búsqueda de confrontación con ERC por liderar el nicho independentista, arremeten contra la inconsistencia que, a su juicio, tiene el acuerdo fiscal con los republicanos. "No pueden ir en contra de la dirección" marcada para la investidura de Sánchez. Ese pacto "¿es un concierto económico para Cataluña, sí o no? ¿Saldrá del régimen común, sí o no?", pregunto el senador Eduard Pujol, que lo calificó reiteradamente como "kalimotxo fiscal". Porque si no se cumple, habrá un "game over" para el Gobierno. Ante esa presión, la senadora de ERC Sara Bailac, ha fijado como límite 2025 para materializar el pacto.