No mencionó la expresión concierto económico. Ni siquiera la financiación singular. Pero Pedro Sánchez es consciente de que el debate sobre la financiación autonómica coloniza la conversación pública desde que PSC y ERC, con el aval del Gobierno, pactaron un sistema análogo al cupo vasco para procurar la investidura de Salvador Illa. El malestar es ostensible en las filas socialistas, y el PP lo ha convertido en el eje de su oposición. Por eso este miércoles el presidente quiso lanzar un mensaje para sus barones, para los presidentes autonómicos. Prometió a todas las comunidades "más recursos" de los que recibieron cuando el PP gobernaba España y también que duplicará la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución, el fondo de compensación interterritorial.

Lo adelantó el presidente en el acto de arranque del nuevo curso político en Madrid, en la sede del Instituto Cervantes, en el que estrenó nuevo claim, Acción de Gobierno. Una conferencia de algo más de media hora, arropado por más de una decena de sus ministros, en la que avanzó que se reunirá desde ya con todos los presidentes autonómicos en la Moncloa y en la que marcó las seis prioridades que su Ejecutivo se marca para los próximos meses. Entre ellas, esta, el fortalecimiento del Estado del bienestar y el alumbramiento de un nuevo sistema de financiación autonómica.

El presidente garantiza un modelo financiero "más justo", que "reduzca las diferencias territoriales" y que "atienda las singularidades de cada uno de los territorios"

Un modelo financiero, aseguró, "más justo", que "reduzca las diferencias territoriales, que atienda las singularidades de cada uno de los territorios, que garantice la suficiencia del gasto público y exija corresponsabilidad a los Gobiernos autonómicos". La descentralización, señaló, es "compatible" con la garantía de la "solidaridad" y "equidad" entre territorios. En ese punto, Sánchez se comprometió a que con la reforma del modelo de financiación que propondrá el Gobierno, "todas y cada una de las comunidades autónomas recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el PP". Fue en ese punto en el que también prometió "duplicar" los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial.

No dio más detalles de cómo sería ese nuevo modelo financiero. Ni siquiera habló de la construcción de un Estado federal, cuando a finales de julio, sellado el pacto de PSC y ERC, lo celebró como un paso más hacia la "federalización" de España.

Sánchez sí apuntó que su Ejecutivo trabajará por la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado "sociales, ambiciosos", que "consoliden y expandan" la inversión pública de los últimos años. Unas cuentas públicas que no tienen ni mucho menos garantizada su aprobación, porque ERC y Junts, socios imprescindibles del Gobierno, tienen programados sus congresos para este otoño, y en ellos se redefinirá su relación con los socialistas. No obstante, el Consejo de Ministros dará un primer paso hacia esos PGE: aprobará el próximo martes de nuevo la senda de estabilidad, la que tumbó la Cámara baja en julio con los votos de PP y Junts. Pero el líder socialista no dio por sentado que presentará los Presupuestos, como hasta ahora había manifestado su portavoz, sino que trabajará por su aprobación. El matiz es distinto, porque si el Gobierno llevara las cuentas al Congreso y los grupos se las tumbaran, Sánchez se vería compelido a convocar elecciones generales, como él mismo hizo en 2019.

El presidente adelantó, de nuevo sin más concreción, que el Gobierno avanzará hacia una fiscalidad "más progresiva", con impuestos que graven más a quien más tienen y orienten el modelo productivo. Es su receta para atajar la desigualdad, otra de las prioridades de su Ejecutivo, porque sigue siendo "excesiva". En ese sentido, entiende que hay que acotar los "privilegios de ciertas élites", gravar a los que tienen suficiente dinero para "vivir cien vidas" y, con esos ingresos, proteger a las clases medias y trabajadoras. España "será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, más autobuses públicos y menos lamborghinis", ilustró.

935.000 millones de transferencias a las CCAA

Sánchez centró parte de su discurso en el contraste con el PP, pero no con Alberto Núñez Feijóo, a quien directamente ignoró, sino con las comunidades que gobiernan los populares con el apoyo de Vox, para subrayar que mientras su Ejecutivo promociona y vela por los "derechos", para la derecha no son más que mera "mercancía". Puso varios ejemplos, pero una y otra vez volvió sobre la Comunidad de Madrid, visibilizando que Isabel Díaz Ayuso es su principal oponente y a la que los socialistas intentarán combatir. En Madrid se han derivado, dijo, 1.000 millones de euros a la sanidad privada, y en Andalucía "se han suprimido 2.000 clases de educación pública". Madrid, sostuvo, recibió entre 2018 y 2023 casi 100.000 millones de euros del Gobierno central, un 21% más de lo que le transfirió el Gabinete de Mariano Rajoy, "pero al mismo tiempo sus recortes en impuestos, dirigidos a los de arriba, redujo ingresos en 31.000 millones". Es decir, que de cada 10 euros que el Gobierno da a Madrid, el Ejecutivo regional usa tres para hacer "regalos fiscales".

En estos seis años que lleva en la Moncloa, incidió Sánchez, el Gobierno ha invertido en prestaciones y servicios sociales un 28% más de lo que invirtió Rajoy y el Estado del bienestar ha comenzado a "recuperarse de los tijeretazos y el abandono" que sufrió en esos años. Si se cuenta este próximo ejercicio, el Gobierno de España, presumió, habrá transferido a las CCAA un total de 935.000 millones de euros, 300.000 más (un 32% más) de lo que les inyectó el Ejecutivo del PP en el mismo lapso de tiempo. "Nosotros estamos cumpliendo", mantuvo, para apuntar que el "problema" radica en que los gobiernos autonómicos de la derecha no dedican sus recursos a ayudar a los ciudadanos, sino a ayudar a las grandes empresas y a financiar los "regalos fiscales" a los más ricos, y así "no se defiende la igualdad entre españoles". El modelo del Gobierno de coalición es el de la "justicia social que vela por la igualdad real".

Además del fortalecimiento del Estado del bienestar y de la lucha contra la desigualdad, el Ejecutivo se marca otros cuatro objetivos prioritarios. Uno, seguir impulsando el cambio de modelo productivo —se desplegarán 3.100 millones en préstamos procedentes de los fondos europeos para reindustrializar España y se pondrá en marcha el nuevo Consejo de la Competitividad—. Dos, la "dignidad laboral", continuar negociando con sindicatos y patronal la reducción de la jornada de trabajo, aprobar el Estatuto del Becario o adaptar la normativa estatal del salario mínimo a los estándares de la directiva europea.

Tres, seguir ayudando a Ucrania y a Gaza, y de hecho antes de final de año se celebrará la primera cumbre bilateral España-Palestina. También se presentará el nuevo Plan África, más "ambicioso", que dotará de mejores recursos a los países del continente para proteger sus fronteras y combatir las mafias y que desarrollará acuerdos de migración circular. Frente a las "deportaciones masivas" que pide el PP y su idea de "mandar fragatas" a las aguas del Atlántico, frente a la "xenofobia", el Ejecutivo impulsará una "política migratoria humanista que respete el derecho internacional humanitario". Y cuarta y última meta, la vivienda, uno de los ejes de toda la legislatura, ya que el Gobierno persigue que sea "un derecho de todos y no el negocio de unos pocos". La vivienda será, de hecho, el tema de la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Cantabria, y que aún no tiene fecha.

Una pincelada solo sobre regeneración democrática

No incluyó Sánchez entre sus prioridades un tema que sí fue central después de sus cinco días de reflexión: la regeneración democrática, a la que dedicó un pleno monográfico en el Congreso en julio. Este miércoles, simplemente agregó que junto a esos grandes retos se conjugarán otras muchas medidas que tienen que ver "con la transición ecológica, con la calidad democrática y, por tanto, la lucha contra los bulos y la desinformación".

Pese a que este arranque de curso se proyecta sombrío por la falta de estabilidad parlamentaria con sus socios, el presidente se afanó en recalcar que afronta su séptimo año en la Moncloa con las "pilas cargadas" y con renovadas energías. Porque además España "no afrontará elecciones en el corto plazo" por primera vez en mucho tiempo: quedan tres años hasta las generales —descartó de nuevo un adelanto— y no llegarán más autonómicas, en principio, hasta febrero de 2026, con las de Castilla y León. El resumen es que "hay Gobierno para largo". Y si "algo ha aprendido" el Ejecutivo es a "navegar con el viento en contra". "Aprovecharemos el tiempo", prometió.

Sánchez insistió en que su Gobierno es el de "los acuerdos", de modo que tendió la mano a las fuerzas políticas y apeló a quienes quieran "arrimar el hombro" para sacar adelante nuevos avances. Anunció que en las próximas semanas convocará bilateralmente a todos y cada uno de los presidentes autonómicos para una reunión de trabajo en la Moncloa. Los contactos, abundaron desde su equipo, empezarán enseguida y la idea es seguir el orden de aprobación de los estatutos, como es habitual, por lo que el primero que será llamado a despachar con Sánchez será el lehendakari, Imanol Pradales, y justo después el nuevo president catalán, Salvador Illa. Once presidentes autonómicos son del PP y solo cuatro socialistas.

El jefe del Ejecutivo dio por hecho que el ambiente en los próximos meses, calentado por la derecha, estará "dominado por el ruido, las malas noticias, la incertidumbre". "Volverán a reproducir ese disco rayado de siempre, el del vaticinio de crisis económicas que nunca llegan, las amenazas de rupturas y quiebras territoriales que ellos mismos provocan cuando gobiernan y que a nosotros nos toca resolver. Allá ellos", resolvió Sánchez. No es su perspectiva, porque está convencido de que España "vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas". "El optimismo construye sociedades, hace avanzar países. Nosotros venimos con las pilas cargadas, tenemos nuevas ideas, tenemos los mejores equipos y las mismas ganas de siempre —arengó—. Venimos cargados de proyectos y de optimismo". Arranca un curso político, no obstante, que no se presenta fácil para el presidente. Y él lo sabe. Y lo reconoció: "La dificultad no va a disuadirnos. Al contrario".