La Fiscalía propone rebajar los delitos de odio cuando los hechos se lleven a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de tecnología de la información. Advierte del "severo régimen punitivo" en estos casos.

En la propuestas que cada inicio del curso se realizan en la Memoria Fiscal, este año se destaca la necesidad de modificar el artículo 510 del Código Penal que es el relativo a los delitos de odio. Este artículo castiga a los que "fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad".

El problema que ve la Fiscalía es que quien cometa es delito de odio a través de Internet, el texto penal indica que deben ser castigados con la mitad superior de la pena por haberlo hecho ante un número grande de personas y esto supone un castigo mínimo de dos años y seis meses de prisión. El Ministerio Público señala que esto fue pensado para introducir un mayor respeto a la propocionalidad de las penas en los supuetos de difusicón pública, pero que la experiencia ha cambiado la forma de verlo.

"Muchos de estos casos son cometidos por personas comunes, es decir no pertenecientes a grupos u organizaciones criminales, y que insertan en las redes sociales comentarios profundamente ofensivos o humillantes para ciertos colectivos susceptibles de protección penal frecuentemente forma impulsiva e irreglexiva", dice la memoria. Los fiscales añaden que una buena parte de los autores estarían dispuestos a reconocer los hechos y alcanzar una conformidad, pero el hecho de que la pena sea tan alta lo impide y hace inevitable el ingreso en prisión.

Esto va en sintonía con la última propuesta del fiscal de Sala de la Unidad de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, que en una entrevista este mes de agosto explicó la dificultad a veces de perseguir estos delitos. "Muchas veces nos encontramos con la dificultad de que la investigación no puede prosperar porque no identificamos al autor", relató y propuso otra reforma para del Código Penal para que los condenados por estos delitos de odio tuvieran que mantenerse un tiempo alejados de las redes sociales.