Las palabras de la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, se llevarán toda la atención este jueves en la apertura del año judicial que se celebra en el alto tribunal. Si el año pasado la amnistía era el gran elefante en la habitación, y había que revisar cualquier discurso en busca de referencias veladas, este año hay demasiados frentes abiertos en el mundo de la Justicia como para buscar solamente uno. Una de las sombras más alargadas que sobrevuela esta jornada es la posible imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien también dará un discurso.

Como cada año, el Rey Felipe VI se pone la toga y acude al gran salón de plenos del Supremo para pronunciar apenas una frase: "Queda inaugurado el año judicial". Pero antes, le preceden dos discursos de gran valor. García Ortiz ya tiene experiencia de veces anteriores, en cambio para Perelló no sólo será su primera vez, sino que corta en lazo de otras primeras veces. La de una mujer al frente de esa responsabilidad y la de una presidencia real, y no en funciones como estos últimos cinco años.

Ha tenido escasos días para poner sobre el papel todo aquello que quiera transmitir a los presentes y a las decenas de medios de comunicación que esperan escuchar cómo suena la voz tan desconocida de la tercera autoridad del Estado. Desde que el CGPJ la nombró el pasado martes, Perelló ha escuchado las alabanzas de progresistas y conservadores de distintos tribunales que han apostado fuerte por su candidatura y confían en que su "talante", "empatía" y "discreción" la hagan llegar a consensos en un momento en el que no abundan.

Por eso, lo que diga este jueves será, además de su carta de presentación, toda una declaración de intenciones a lo que puede llegar a ser su mandato durante los próximos cinco años. Por delante, cuenta con grandes retos como nombrar a un vicepresidente del Tribunal Supremo o decidir sobre una centena de cargos en las cúpulas judiciales. Pero, además, debe tratar de devolver el prestigio a una institución que lleva años de mucho desgaste y lograr conectar las distintas sensibilidades del Consejo para conseguir acuerdos.

Se mirarán con lupa las menciones que haga, por ejemplo, en defensa del Estado de Derecho, sobre la separación de poderes o en relación a las críticas a jueces por el lawfare. Y se diseccionará igualmente lo que cuente Álvaro García Ortiz que está en una posición delicada porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha pedido al Tribunal Supremo imputarlo. Todas esas togas, los presidentes de esos tribunales y el fiscal general, tendrán que verse las caras en un pequeño acto más tarde, en el que es ya tradición realizar corrillos con periodistas.

Al evento asistirán también la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del presidente del Senado, Pedro Rollán; del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; y del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.