La Fiscalía Anticorrupción aguarda a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para decidir en las próximas semanas si pide la imputación del exministro de Transportes José Luis Ábalos en el llamado 'caso Koldo'. Hasta ahora, Ábalos ha aparecido mencionado en algunos mensajes del sumario, pero, a juicio del juez, los indicios no eran suficientes puesto que no ha planteado citarlo desde que estallara la causa en febrero. Fuentes del Ministerio Público señalan a El Independiente que se está analizando material relevante que puede hacer escalar la causa hasta el Tribunal Supremo y terminar con la petición de imputación del exsecretario de organización del PSOE.

El titular del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que dirige la investigación, ya tiene sobre la mesa una petición de imputación de Ábalos por parte de la acusación popular que representa el partido político Iustitia Europa. Ellos han solicitado que se le investigue a la luz de la auditoría interna que el departamento que ahora dirige Óscar Puente ha realizado, apuntando a Ábalos por duplicar la cantidad de mascarillas que se compró durante el Covid mediante una orden ministerial. Transportes iba a comprar cuatro millones de cubrebocas a Soluciones de Gestión S.L. (la empresa en el centro de la red de corrupción) y pasó a comprar ocho en sólo 38 minutos.

"No puede menos que llamarse la atención sobre que esta modificación en el objeto de la emergencia no se ajusta a los criterios exigibles en una tramitación de estas características", dice el informe del Ministerio que evidencia el caos en la recepción del material sanitario. Esta causa se circunscribe precisamente en una supuesta trama corrupta que infló los precios de las mascarillas para que se enriquecieran ilegalmente los comisionistas entre los que están empresarios como Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto.

Anticorrupción podría contestar a esta petición de imputación o podría realizar un informe analizando todos los hallazgos de la UCO que sumaran nuevos indicios contra el exministro. El Instituto Armado ultima un informe que, según fuentes cercanas a la causa, está centrado en información relacionada con Ábalos y el que fuera su asesor ministerial Koldo García.

Que la Fiscalía actuara en contra del anterior 'número 3' socialista escalaría la causa de forma sustancial. Las fuentes fiscales consultadas señalan que la posibilidad de pedir su imputación se bajara desde hace tiempo y que con la última información ha ido cobrando fuerza. El magistrado Ismael Moreno tendría que elevar una exposición razonada el Tribunal Supremo porque Ábalos sigue formando parte del Congreso de los Diputados y, por tanto, es aforado.

La Guardia Civil lleva meses desbrozando toda la información incautada cuando estalló la 'operación Delorme' a principios de año. Han analizado 170 teléfonos y ordenadores y han pedido incluso el apoyo técnico de la Europol para poder agilizar estas tareas.

La testifical de Óscar Puente

El juez Ismael Moreno ha pedido a Transportes que aporte la auditoría que ha apuntado a la mala gestión de Ábalos y, según fuentes de la causa, el informe ya está en el juzgado. Otra de las acusaciones populares formadas por Asociación Liberum ha solicitado la declaración del ministro Óscar Puente por ello, así como de la funcionaria que lo elaboró.

Fuentes de Anticorrupción, por su parte, no ven oportuno citar como testigo al ministro, al menos por el momento. Consideran que los hechos investigados se produjeron cuando él era alcalde de Valladolid y que su responsabilidad ha sido simplemente la de encargar la auditoría del departamento. Sí ven con buenos ojos, en cambio, la posibilidad de escuchar a los funcionarios técnicos que han elaborado la auditoría.

El exministro siempre ha mantenido su inocencia y en una entrevista con este periódico a finales de agosto llegó a cuestionar retóricamente por qué no se hacían también exámenes internos en el Ministerio de Sanidad o en el del Interior. "[La auditoría] Dice que falta justificación [para la compra]. Pero vamos a ver: al principio de la pandemia no teníamos ni idea de la previsión. Ahí [en el informe] llegan a plantear que el Estado de Alarma duró 15 días. Nadie sabía la dimensión de la pandemia, ¿Qué me quiere decir que compre para 15 días?". Él enmarca todos estos contratos ahora bajo sospecha dentro de la anormalidad de la situación de una pandemia y asegura que jamás se ha enriquecido ilegalmente con un solo euro de dinero público.