El nuevo curso en Euskadi ha comenzado con la reaparición de un viejo conocido de la política vasca: el derecho a decidir. La cuestión, que había permanecido arrinconada en los últimos años y que durante la pasada legislatura apenas hizo acto de presencia en el País Vasco, ha irrumpido con fuerza en este inicio del año político. Tanto que incluso ha escenificado las primeras fisuras entre los socios del recién constituido gobierno de Imanol Pradales.

A finales de este mes o comienzos de octubre el presidente del PNV, Andoni Ortuzar iniciará una ronda de contactos con los principales partidos políticos vascos para sondear la posibilidad de un acuerdo en torno a un nuevo estatuto vasco. Ante la previsión y compromiso adquirido en el pacto de investidura firmado entre el PNV y el PSOE para desarrollar íntegramente el Estatuto de Gernika de 1979 en un plazo máximo de año y medio, -incluida la cesión de la gestión económica de la Seguridad Social- la formación de Ortuzar quiere acelerar los contactos entre partidos para retomar una cuestión que permaneció enterrada la pasada legislatura.

La negociación de un nuevo estatuto fue ampliamente debatida y desarrollada hace ahora dos legislaturas. Entonces, la comisión de autogobierno culminó con la presentación de tres propuestas de estatuto articuladas. La que mayor consenso suscitó fue la apoyada por PNV, PSE y Podemos, estos últimos dos partidos con enmiendas y diferencias en las cuestiones más delicadas como el derecho a decidir. Junto a ella, EH Bildu presentó otra propuesta de texto articulado, en el que se incluía el derecho de autodeterminación, y finalmente el PP registró su propio modelo de nuevo estatuto.

Ahora el PNV quiere liderar el proceso. La cuestión ya se recogió en su acuerdo para investir a Pedro Sánchez y en el que pactó que el nuevo Gobierno y el PSOE respaldarían el texto que aprobara la Cámara vasca para actualizar el Estatuto de 1979. También en el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones para conformar el Gobierno del lehendakari Imanol Pradales se estableció el compromiso para explorar esta cuestión. Se hizo sin pactar discrepancias en esta materia, como sí ocurrió en acuerdos de gobierno anteriores.

"Obsesiones nacionalistas"

Ahora el PSE, en boca de su secretario general, Eneko Andueza, ya ha dejado claro que no participará de las “obsesiones nacionalistas”. Tal y como insistió durante la campaña electoral, el líder socialista afirma que pese a que acudirán a la ronda de contactos que convoque el PNV en ningún caso secundarán propuestas que prevean la inclusión del derecho a decidir. Andueza dejó claro ayer que el PNV tendrá que decidir si mantiene la propuesta que firmó con ellos o sin por el contrario retorna a las posiciones que defiende EH Bildu y que Sabin Etxea llegó a apoyar en un documento de bases previo a la elaboración del borrador de articulado.

En los primeros días de este curso político las posiciones de las tres principales formaciones han vuelto a evidenciar que no será fácil alcanzar un consenso suficiente para aprobar un nuevo estatuto vasco. Ortuzar ha afirmado esta semana que en realidad existe un gran consenso del 95% en la mayoría de las materias entre los principales partidos vascos y que sólo resta un 5% por acordar. Un porcentaje en el que incluyó las cuestiones como el modelo de relaciones bilaterales que debería tener el País Vasco con España, la capacidad de decisión de la sociedad vasca o la designación de quién y cómo se deberían arbitrar las discrepancias entre ambos gobiernos.

La urgencia del PNV por avanzar en esta cuestión viene motivada no sólo por la mayoría nacionalista -55 de 75 escaños- en la Cámara vasca sino por las alianzas que las tres principales formaciones en Euskadi, PNV, PSE y EH Bildu mantienen también en el Congreso de los Diputados. “Sí allí hemos llegado a acuerdos en otros aspectos, ¿por qué no en materia de autogobierno?”, se preguntó este lunes Ortuzar.

El PP, arrinconado

EH Bildu en cambio insiste en que esa mayoría parlamentaria debe interpretarse de modo claro por un modelo de estatuto en el que el derecho a decidir quede recogido. Arnaldo Otegi viene insistiendo en que existe “agua a espuertas” para un acuerdo en esos términos. Sin embargo, desde el PSE ya le han trasladado que bajo ningún concepto aceptarán un acuerdo que incluya las “obsesiones nacionalistas”: “Que los nacionalistas tengan mayoría en el Parlamento Vasco no quiere decir que la mayoría de la sociedad vasca apoye ese camino en este tipo de cuestiones, así lo dicen las encuestas”, asegura Andueza. Los socialistas reiteran que su apuesta pasa por “blindar” los derechos logrados en todos estos años y por una actualización y adaptación del futuro estatuto a las nuevas necesidades, pero en ningún caso por un modelo en clave soberanista “abocado al fracaso, como vimos en el ‘Pacto de Lizarra’ o en el ‘Plan Ibarretxe’”.

Desde el PP por ahora han evitado pronunciarse sobre la ronda de contactos anunciada por Ortuzar. Hasta ahora, ni EH Bildu ni el propio PNV han confiado en que los populares puedan participar de este proceso en el que en ningún caso consideran que sea imprescindible su participación. Ambos partidos nacionalistas arrinconan al PP de Javier De Andrés y consideran que la pluralidad de la sociedad vasca estaría recogida en un acuerdo que integrará al nacionalismo y el socialismo.  

De este modo, el PNV afronta un arranque de curso político asumiendo el papel de mediador para revitalizar una cuestión que divide a los partidos y que se inicia sin apenas cesiones en los planteamientos.