“Proliferación escandalosa de narcolanchas”. Así sin medias tintas lo califica el delegado de Jerez en la recién publicada memoria de la Fiscalía General del Estado. El crecimiento desbocado de las embarcaciones que sirven para la introducción en España de hachís apunta directamente hacia Marruecos, un país con el que la cooperación en materia de lucha antidroga sigue teniendo enormes fallas a pesar de las reiteradas declaraciones del Gobierno español que celebran el idilio por el que transitan las relaciones bilaterales tras el histórico cambio de posición del Ejecutivo en el contencioso del Sáhara Occidental.

La memoria advierte de que las narcolanchas siguen siendo “el instrumento principal para el traslado de hachís desde Marruecos y proliferan por toda la costa, especialmente aunque no solo, en el Estrecho y son visibles a plena luz del día o por la noche, navegando por la desembocadura del Guadalquivir, por puertos deportivos o muelles pesqueros en Barbate, Conil de la Frontera, Sancti Petri...”. “Las redes sociales y cualquier medio de comunicación muestran el atrevimiento en la exhibición de estas narcolanchas por parte de los narcotraficantes y la violencia con la que en más de una ocasión embisten a las embarcaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como lo demuestra el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024, que constituye uno de los episodios más lamentables, tristes e inadmisibles que se recuerdan, y muestra la impotencia del Estado ante unas redes criminales que deben ser inmediatamente desarticuladas”, subraya el documento presentado con motivo del inicio del curso judicial.

El balance anual denuncia con crudeza la carencia de medios por parte de los agentes “para el abordaje y detención de estas embarcaciones ultrarrápidas que suelen llevar varios motores de 350 cv de potencia; cuentan con sistemas de navegación y comunicación altamente sofisticados y se esconden o encuentran abrigo en aguas internacionales, en Marruecos y también en Portugal, donde estas embarcaciones no son de ilícito comercio”. “Entre las zonas de avistamiento señaladas por el DAVA se encuentran principalmente Melilla/Nador, Sanlúcar/Huelva, Almería, Motril/Granada, Barbate/Cádiz con números que superan los 230 en menos de 6 meses”, detalla.

La Guardia Civil intervino en agosto en el Golfo de Cádiz y el río Guadalquivir 35 embarcaciones dedicadas al narcotráfico.
La Guardia Civil intervino en agosto en el Golfo de Cádiz y el río Guadalquivir 35 embarcaciones dedicadas al narcotráfico.

Castigar la tenencia de combustible

Un sentido de impunidad se ha instalado entre las mafias. En una entrevista reciente con El Independiente, la flamante jefa de la Fiscalía de Área de Algeciras reconocía que “los narcotraficantes han perdido el miedo a la autoridad” y se mostraba partidaria de endurecer las penas, especialmente con la posibilidad de castigar la tenencia de combustible en las narcolanchas. “Sería un acierto. Se está trabajando sobre el tema y desde luego sería un éxito, porque es un problema bastante grave que está surgiendo en los últimos tiempos”, deslizaba quien advertía.

La memoria también aborda esta cuestión pendiente. “Estas embarcaciones se utilizan no solo para el transporte de hachís sino, cada vez más, de otras sustancias desde embarcaciones nodrizas y también de inmigrantes, con incidentes lamentables como lo ocurrido en la zona de San Fernando donde fallecieron 4 de ellos tras ser arrojados al mar”, recalcan desde la Fiscalía.  “Al permanecer fuera del puerto, el combustible debe ser trasladado hasta donde se encuentren por embarcaciones más pequeñas, pero también en las propias narcolanchas que permiten mayor carga, como demuestran las últimas incautaciones en las que se ha intervenido 2.000 y 3.000 litros de gasolina”.

La propuesta, sin embargo, no es nueva. El año pasado la Fiscalía ya presentó en las propuestas de modificación legislativa recogidas por el Fiscal General del Estado, como forma de desincentivar el uso de estas embarcaciones, “la tipificación del transporte y almacenamiento de gasolina en determinadas cantidades y sin autorización administrativa como hizo Gibraltar en la reforma de la Petroleum Act de 2021”. “La tipificación de esta conducta evitaría muchas de estas actividades ante la imposibilidad de perseguirla de otra forma, puesto que es difícil demostrar que esta gasolina está destinada a suministrar combustible a narcolanchas dedicadas al tráfico de drogas. Solo en ocasiones se logra imputar una infracción administrativa y la imposición de una multa, que dado el perfil de los 'petaqueros' no llega a pagarse nunca”.

Estas embarcaciones se utilizan no solo para el transporte de hachís sino, cada vez más, de otras sustancias desde embarcaciones nodrizas y también de inmigrantes

El reto de almacenar las requisadas

Señal de su presencia y expansión, la incautación de narcolanchas es también una realidad constante en el Estrecho y sus inmediaciones. En agosto la Guardia Civil intervino en el Golfo de Cádiz y el río Guadalquivir 35 embarcaciones dedicadas al narcotráfico, cinco de ellas de alta velocidad y 30 de menor tamaño dedicadas al suministro de combustible y víveres de las otras de mayor potencia. En una de las operaciones, llevada a cabo en las localidades de Isla Cristina, Ayamonte y Punta Umbría, se requisaron 9.500 litros de combustible y 12 embarcaciones de recreo. Semanas después, en la zona de Los Caños de Sancti Petri (Chiclana-Cádiz) se interceptaron seis embarcaciones y 15.450 litros de combustible.

La Fiscalía también considera “alarmante” la acumulación de narcolanchas incautadas que no pueden ser vendidas al ser género prohibido desde 2018 ni, en general, empleadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad al no considerarlas idóneas para su trabajo. Se acumulan por los retrasos en las tasaciones y en la autorización judicial para su destrucción, con "un riesgo comprobado" de robos y vuelta al mercado de motores de gran valor. “Se acumulan en distintos puertos, se dan retrasos en las tasaciones, en la autorización de destrucción por parte de los juzgados, de forma que los gastos de almacenamiento y destrucción son muy elevados. Además, se genera un riesgo comprobado de robos y vuelta al mercado de motores de gran valor. La acumulación de narcolanchas, especialmente en Algeciras y Cádiz, provoca un colapso tanto en el procedimiento judicial en el que las decisiones de destrucción no se suelen abordar con celeridad. A principios del año 2024 estaban depositadas en Cádiz (Puerto de Santa María) unas 80 embarcaciones y unos 150 motores que se suman a casi 300 embarcaciones en la provincia de Algeciras”, desliza la memoria.

Se acumulan en distintos puertos, se dan retrasos en las tasaciones, en la autorización de destrucción por parte de los juzgados

Un cementerio de narcolanchas que constata, además, otro de los problemas que debilitan la lucha contra el narcotráfico: la legislación más laxa del vecino Portugal. “Portugal comparte el problema del narcotráfico con este tipo de embarcaciones en la medida que también se usan para la introducción de estupefacientes en su territorio, y además, el no ser género prohibido es aprovechado por los narcotraficantes tanto para estacionarlas, como para realizar el montaje de los motores y sistemas de comunicación para su posterior traslado a España. La tradicional buena cooperación con Portugal requiere un abordaje coordinado de este problema”, comentan desde la Fiscalía.

Para mostrar el diferente trato que se dispensa a estas embarcaciones, la memoria evoca el caso de una embarcación de 12 metros de eslora con 4 motores de 300 cv cada uno valorada en 180.000 euros que embarrancó el año pasado en Punta Umbría. Tras el accidente, sus ocupantes fueron condenados al día siguiente a penas de prisión y multa.

Marruecos confía en la legalización del hachís

Al otro lado del Estrecho y pese a los recelos y las denuncias de falta cooperación en boca de jueces y policías españoles, Marruecos inició en 2021 la regularización del cultivo y comercio de cannabis. Fuentes consultadas por este diario lo consideran una medida encaminada a reducir el tráfico de drogas con la península. En agosto Mohamed VI indultó a cerca de 5.000 cultivadores de hachís sobre los que pesaban condenas previas. “El indulto real a los cultivadores de cannabis es un paso importante hacia la integración de quienes se dedican al cultivo ilegal en el nuevo marco jurídico. Esta medida también ejerce una presión considerable sobre las actividades ilegales, como demuestra la reciente ofensiva contra los traficantes y las operaciones de contrabando”, apunta a El Independiente Abdelmalek Alaoui, director del Instituto Marroquí de Inteligencia Estratégica y cercano a los servicios secretos del país vecino. “El perdón marca el comienzo de una reforma más amplia en la producción de cannabis, iniciada por el Rey, que probablemente tendrá efectos de gran alcance tanto en Marruecos como en sus relaciones comerciales con países como España”, apunta.

Incluso cuando se reprime el contrabando, vemos cómo aumentan las drogas sintéticas, incluidos los cannabinoides sintéticos, que llegan a los mercados de consumo

Khalid Tinasti, investigador en políticas de drogas del Centro sobre Conflictos, Desarrollo y Consolidación de la Paz (CCDP) del Instituto Superior de Estudios Internacionales y de Desarrollo (Ginebra) muestra sus recelos con la ecuación. “El mercado local de Marruecos, con los limitados datos de que disponemos, no difiere demasiado de la gran mayoría de países del mundo, ya que el cannabis representa más del 70% de las sustancias consumidas declaradas, por lo que es la droga ilegal más consumida. Esta es una característica común en todas partes”, arguye. “Si hablamos sólo de la producción, Marruecos ha hecho esfuerzos, a veces torpes y siempre en una delgada línea entre la eficacia y la represión, para reducirla, desde la destrucción de cultivos hasta las detenciones de campesinos, pasando por programas de sustitución de cultivos. La ley de regulación de 2021 forma parte de ese esfuerzo, aunque tiene la ambición aún por demostrar de ser transformadora”, analiza.

“Al igual que la mayoría de los países, incluidos EE.UU., Europa y el este o el sudeste asiático, este esfuerzo ha dado pocos resultados, en el mejor de los casos conteniendo el mercado, pero ni de lejos deteniendo su crecimiento. Incluso cuando se reprime el contrabando, vemos cómo aumentan las drogas sintéticas, incluidos los cannabinoides sintéticos, que llegan a los mercados de consumo”, sostiene Tinasti, partidario de alternativas que cuestionan el modelo vigente. “Así que la cuestión también pasa por reducir la demanda en los mercados consumidores, y no sólo poner todo el peso en los productores. Para detener la exportación ilegal de cannabis, Marruecos necesita avanzar, de forma gradual, hacia la legalización de todos los usos del cannabis a nivel nacional, incluido el recreativo. Esto requeriría una estrategia global que incluyera la prevención, menos trabas administrativas para los cultivadores, pero también limitaciones para los consumidores recreativos, como la edad. Pero esta legalización tiene el potencial de construir un mercado con la promesa de un mejor rendimiento económico y financiero. También tendría que depender en gran medida de los esfuerzos de desarrollo, como el acceso a la sanidad, la educación y las infraestructuras en regiones productoras como el Rif. Esto, a su vez, permitiría a los agricultores marroquíes abandonar el mercado ilegal, luchar contra la corrupción y acabar con el estigma y la discriminación a los que se enfrentan”.