El Tribunal Constitucional dictará al menos 16 sentencias diferentes sobre la Ley de Amnistía. La avalancha de recursos a la norma que pretende perdonar todos los delitos del procés ha sido tal que algunos magistrados reconocen en privado que no recuerdan una ley tan impugnada ante el órgano que vela por el cumplimiento del tratado de 1978. El PP y todas las comunidades autónomas que preside, así como la Castilla La Mancha del socialista Emiliano García Page y tribunales como el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se han lanzado a apuntar que la amnistía convierte en desiguales a los españoles y contraviene, por tanto, el pacto sobre el que se construye la democracia moderna.

"Creo que no me equivoco si digo que no recuerdo una norma que haya provocado tantos recursos", confiesa una fuente del tribunal a El Independiente. El recorrido interno ahora es laberíntico con escalones como las recusaciones o las abstenciones de los propios magistrados, pero todas las voces consultadas coinciden en que al final habrá una sentencia por cada recurso. No se pueden agrupar. El gabinete de comunicación informará este miércoles 11 de septiembre --día en el que acaba el plazo para la presentación-- sobre el dato exacto, pero hasta este momento se han interpuesto ya 16, como confirman mentadas fuentes.

La legitimidad de interponer recursos de inconstitucionalidad la tienen tanto los gobiernos autonómicos como los parlamentos de cada autonomía y las hay que han decidido utilizar ese doble poder. Por ejemplo, Aragón que tendrá doble sentencia. Estas duplicidades tampoco pueden quedar resumidas en un sólo fallo porque, según fuentes del órgano, pueden contener argumentos distintos y los magistrados deben responder una por una.

Las últimas en anunciar este martes que daban el paso han sido Castilla y León, La Rioja o la Comunidad Valenciana. También han entrado al sistema de reparto del alto tribunal el de Baleares, que ha recaído en el magistrado Enrique Arnaldo, o la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), cuya ponencia será escrita por Laura Díez. Esta es otra diferencia sustancial en el camino: los recursos de inconstitucionalidad y las cuestiones de inconstitucionalidad no son lo mismo. Y tampoco se resuelven igual.

La Fiscalía que dirige el fiscal de Sala Pedro Crespo sólo tendrá que pronunciarse sobre las cuestiones de inconstitucionalidad que so preguntas de magistrado a magistrado. Tanto el Tribunal Supremo como el TSJCat han planteado sus dudas al Tribunal Constitucional para que éste aclare si ellos deben aplicar la norma o no en algunos puntos específicos. El Supremo considera que con este perdón se ha vulnerado el derecho constitucional a la igualdad de la ley entre todos los españoles y subsidiariamente se puede quebrar el principio de exclusividad jurisdiccional.

Este fue el primero que llegó al tribunal y será el primero que pasé el filtro inicial, el de la admisión. El laberinto comienza con la decisión de apartar o no a los magistrados y después se decide si se admite. Una vez dentro, el tribunal calcula un plazo de "seis meses a un año" para resolver sobre el fondo del asunto. La cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo se empieza a resolver este miércoles. Primero, se decidirá si el magistrado Juan Carlos Campo debe apartarse como él mismo ha pedido. Distintas fuentes dan por seguro que podrá dar un paso a un lado por haber participado en los indultos durante su etapa al frente del Ministerio de Justicia.

Pero Campo tendrá que pedir apartarse cada vez que quiera hacerlo. No es automático. Por eso, ha entrado en el turno de reparto para resolver el recurso de inconstitucionalidad de Cantabria. Lo cierto es que las voces consultadas creen que lo coherente y lo que la tradición del tribunal indica es que si lo hace una vez lo haga en el resto de asuntos iguales.

Este tema que se ve este miércoles se llama "el de cabecera" en la jerga del propio tribunal, porque va liderando la fila de recursos. Los argumentos que los magistrados gasten en esta sentencia ya serán terreno quemado en las demás. Esto producirá un efecto arrastre, es decir, que si el Constitucional decide que la Ley de Amnistía no afecta al principio de igualdad de todos los españoles, eso es ya lo que van a mantener en el resto de las sentencia de los demás recurrentes. Pueden matizar puntos, pueden añadir cosas, pero en esencia si dan el visto bueno al primero de la fila, habrá luz verde en los rezagados.

Lo que sí puede ocurrir es que los togados decidan más adelante, en una sentencia posterior, que algún punto específico de la norma no pasa el filtro y por eso hay que revisar individualmente caso a caso. Un ejemplo: el Tribunal Supremo no ha preguntado por la malversación del procés --porque directamente la ve imposible de incardinar en la amnistía--, pero sí lo ha hecho el TSJcat. Pudiera darse la circunstancia de que en la sentencia del Supremo se diera el okey a la norma del perdón al considerar que no se vulnera la igualdad de los españoles, pero se concretara a los magistrados catalanes meses después que lo que no es constitucional es amnistiar el delito de malversación.

Tras el aterrizaje del magistrado conservador Mario Macías, el órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido tiene ya su composición natural con siete progresistas y cinco conservadores. Con la abstención de Campo las fuerzas se recompondrían en un seis a cinco. A pesar de que hay planteadas distintas recusaciones contra el propio Pumpido (porque se abstuvo en anteriores sentencias del procés) o contra la progresista Laura Díez (porque formó parte del gabinete del ministro de Félix Bolaños), fuentes del Tribunal señalan que es prácticamente imposible que éstas terminen prosperando, quedando la deliberación en manos de togados conservadores.

Por si fuera poco papel sobre la mesa de los magistrados, aún puede llegar algo más después de esta semana. El magistrado del Supremo Pablo Llarena decidió ayer ratificar su decisión de no aplicar la amnistía a los líderes del procés, procesados por un delito de malversación, así que el expresident Carles Puigdemont y el resto tienen ahora el camino despejado para seguir escalando su disconformidad. Primero ante la Sala de Apelaciones del órgano y después podrán acudir también al Tribunal Constitución.