Funcionarios, empleo joven o educación: las renuncias de Podemos en su pacto de PGE

Pablo Iglesias trata de escenificar estos días la autoría de los Presupuestos Generales del Estado pactados con el Gobierno de Pedro Sánchez que, sin embargo, tienen el sello socialista. El intento de Podemos por capitalizar el acuerdo busca emerger como una "fuerza útil" después de meses de caída en picado en las encuestas, pero también tiene un segundo objetivo: pasar por alto las renuncias que ha hecho Podemos en el acuerdo. Entre las exigencias planteadas ahora a los socialistas no hay ministerios, a diferencia de las que marcaron las negociaciones con Sánchez en 2016, pero sí un han plasmado sus líneas maestras en un documento presentado a principios de año: sus presupuestos alternativos. Las reformas propuestas ahí van en línea con el "asalto a los cielos" que proponía Iglesias en 2014, pero lo drástico de sus medidas ha quedado amortiguado por los socialistas y el asalto planteado ha quedado reducido a un mal menor y se ha transformado en una explosión controlada para los socialistas.

"Me hubiera gustado hacer más por los autónomos", dijo el líder de Podemos en declaraciones a La Sexta el mismo día en que selló el presupuestos, en referencia al compromiso del Gobierno a vincular la cotización de los autonómos a sus ingresos reales. Lo curioso de las palabras de Iglesias es que aluden directamente a una medida con el sello del PSOE. Pedro Sánchez ya pactó con Ciudadanos en 2016  la progresividad en la cotización de los autónomos y lo llevó en su programa de investidura -el mismo al que Iglesias se opuso-, aunque ahora se convierte en una propuesta en la que Podemos se apunta el tanto. Paradójicamente, en el documento presentado por Iglesias hace nueve meses sólo se cita en una ocasión el término "autónomo" y es para aludir a la lucha contra los "falsos autónomos". En el programa para las elecciones del 26J, Podemos sí contemplaba esta progresividad, pero incluía la gratuidad de la cuota de autónomo para quienes no obtuvieran el salario mínimo interprofesional. Una propuesta que también se ha quedado por el camino en la negociación de este acuerdo.

La ambición con la que Podemos inició la negociación en materia de vivienda también deja atrás importantes reformas que el partido exigía hace sólo unos meses. En una iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados, la formación pedía crear un nuevo tipo de contrato de 10 años de duración para evitar la subida de precios durante ese tiempo. Ese contrato conllevaría beneficios fiscales y la actualización de la renta de alquiler tendría que ser conforme al IPC. Además, querían reducir la permanencia mínima obligatoria del inquilino a tres meses. Todas estas medidas se han quedado atrás en la negociación con el Gobierno.

Sobre este asunto, Podemos también ha rebajado sensiblemente el compromiso con la vivienda social. El Plan de Alquiler de Viviendas que Iglesias pedía en enero, por el que quería destinar al alquiler "120.000 viviendas de grandes tenedores -propietarios de más de diez viviendas- que lleven al menos dos años cerradas" se ha reducido en un 94%, y el pacto sólo contempla un aumento de 20.000 inmuebles para el alquiler en un plazo de cuatro años, de manera que el compromiso ni siquiera podría extenderse más allá de 2020 en caso de que Sánchez no salga elegido presidente de Gobierno en las urnas.

Iglesias renuncia a su inversión para la "gratuidad" de la escuela pública de 0 a 3 años: de 950 millones, a 30

La educación es uno de los temas en los que Podemos no puede sacar pecho. Desde su nacimiento, los de Iglesias han defendido la gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años, algo estimado en 950 millones de euros. Sin embargo, no hay rastro de estas medidas en los acuerdos alcanzados con el Gobierno. Este apartado viene recogido en el punto seis del documento firmado entre Podemos y Gobierno, donde el término de "gratuidad" se sustituye por "universalización", y la inversión queda reducida a 30 millones. El acuerdo recoge una modificación para que las CCAA y ayuntamientos puedan destinar su déficit a la mejora de la escuela pública, en una medida que "servirá de soporte inicial para la elaboración del plan de universalización que se diseñará a lo largo de 2019", además de la dotación "con 30 millones de euros el Presupuesto de 2019 para aquellos municipios que, no contando con superávit, planifiquen inversión en estas infraestructuras". Las aspiraciones de Podemos en cuanto a la gratuidad del material escolar también se han visto rebajadas. De los 950 millones de euros que los de Iglesias pedían destinar a este fin, el acuerdo recoge 50 millones, es decir, el 5% de lo previsto inicialmente.

Lo mismo ocurre con los permisos de paternidad: Podemos ha anunciado a bombo y platillo el plan para igualar las bajas a 16 semanas, aunque la realidad es que los próximos presupuestos de 2019 sólo recogen 8 semanas de permiso para los padres, exactamente la mitad de lo exigido por Iglesias. El acuerdo plantea que en 2020 aumente a 12 semanas y en 2021 a 16, aunque estos extremos sólo serán posibles después de unas elecciones, convirtiendo estas medidas en un programa electoral más que en propuestas inmediatas.

El empleo joven es otro de los baches que se encuentran en el pacto. En sus presupuestos alternativos Podemos planteaba Plan de Empleo a la Juventud al que destinaba 1.100 euros. Una propuesta de la que no queda ni rastro en los PGE. Es más, una de las pocas alusiones está en el apartado de la Seguridad Social, donde se recoge "revisar las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas", garantizando el mantenimiento para la inserción laboral de "colectivos con especial vulnerabilidad". Hasta ahora, el Plan de Garantía Juvenil permitía bonificar a las empresas que contrataran a menores de 30 años inscritos en demanda de empleo. Una bonificación que ahora amenaza con extinguirse.

Podemos no ha conseguido eliminar la bonificación fiscal de los planes de pensiones

Y sin embargo, Podemos iba mucho más allá en la supresión de bonificaciones, en concreto de las bonificaciones fiscales. La organización pedía eliminar cualquier tipo de beneficio en la declaración de la renta para las grandes empresas, que hasta ahora podían desgravarse el Impuesto de Sociedades. Además del fin de este beneficio, Podemos quería subir un 10% este impuesto. Ninguna de las dos medidas están en el documento. Tampoco se recoge la eliminación de la bonificación fiscal de los planes de pensiones privados, una de las propuestas más polémicas y repetidas de la organización, y una medida que además afectaría al propio presidente de Gobierno, que dispone de un plan de este tipo, y a gran parte de sus ministros.

Otra de las aspiraciones de Pablo Iglesias era "limitar la jornada laboral a 35 horas". Una exigencia que iba destinada a luchar contra la precarización del trabajo y que ahora se ha visto reducida a su mínima expresión. La única referencia a este punto del acuerdo de PGE hace alusión a una futura aprobación -sin plazo temporal- para que el Congreso de los Diputados -apruebe -con el voto de una mayoría de diputados- "incluir la obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador". Aunque el documento alude a que las horas extras volverán a cotizar, la ambigüedad es total: no señala ni el plazo para que salga esta medida ni la fórmula elegida para ello.

Los funcionarios son otro de los sectores olvidados por Podemos. En sus cuentas alternativas, el partido proponía un "Plan de choque" contra la precarización del empleo en las Administraciones Públicas, y exigía la "convocatoria extraordinaria de 20.000 plazas". Ninguna de estas medidas vienen recogidas en los nuevos presupuestos, y el Gobierno asume que no implementará nuevas propuestas dirigidas a los funcionarios después de la subida del salario que hace unos meses impulsó el anterior Ejecutivo.

Podemos renuncia también a una propuesta troncal de su programa: la Renta Básica Garantizada que establecía complementos a las personas cuya renta esté por debajo del umbral de la pobreza. Para esta partida destinaban 3.100 millones de euros, aunque los presupuestos pactados con Sánchez no la contemplan ni remotamente.