La Fiscalía de Madrid ha presentado un escrito ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal superior de Justicia de Madrid (TSJM) apoyando la querella del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y pidiendo que se abra una investigación contra el juez Juan Carlos Peinado, que mantiene imputado a su esposa Begoña Gómez, por un posible delito de prevaricación. El líder del Ejecutivo mantiene que se le debió citar en la causa como presidente del Gobierno (pudiendo declarar por escrito) y no como marido de Gómez.

En el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Independiente, la fiscal jefa de Madrid, Almudena Lastra, indica que "no parece que estemos ante simples discrepancias jurídicas que puedan ser resueltas en el seno del procedimiento a través de recursos" y, por eso, pide iniciar una causa para dirimir si, como dice Sánchez, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 14 de la capital ha actuado de forma injusta a sabiendas. Los hechos "pueden tener encaje en el tipo penal", esgrime.

A través de la Abogacía del Estado, el líder socialista denunció el pasado 30 de julio al magistrado, después de que este quisiera escucharlo como testigo en el 'caso Begoña Gómez' y se trasladara hasta La Moncloa para hacerlo "omitiendo las garantías y especialidades procesales" de que él pudiera declarar por escrito. El meollo de la cuestión gira en torno al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que regula cómo debe impartirse adecuadamente Justicia. Este artículo señala que "estarán exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito" el presidente del Gobierno y los demás miembros de su Gobierno si han tenido conocimiento de los hechos por los que se les llama a declarar por razón de su cargo.

En este caso, Peinado entendió que Sánchez no conocía de la actividad de su mujer por su puesto, sino por su matrimonio. En este caso la ley sigue: "Si fuera conveniente recibir declaración [al presidente del Gobierno] sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial". Sánchez le recordó al magistrado su derecho a declarar por escrito antes de la cita, pero éste se negó y se trasladó a la residencia oficial del presidente.

La Fiscalía recuerda que el juez decidió el día y la hora de la testifical de Sánchez sin previo aviso, que él se enteró por la prensa y que, además, ordenó a la Policía acudir el día antes para instalar los dispositivos de grabación. "En momento alguno se motiva jurídicamente (...) la diligencia ni por qué, entre las dos modalidades de comparecencias previstas en la ley, opta por aquella que expone más a la institución que representa la persona llamada a declarar", refleja. Además, añade que al citarlo como testigo siendo él una autoridad el juez "podría estar introduciendo un elemento de sospecha" en Sánchez.

La fiscal Lastra no entra a valorar si hubo delito, pero sí dice que el razonamiento del presidente "es suficiente para que no se pueda descartar a priori" la querella. La necesidad de iniciar una investigación viene "a fin de determinar si las resoluciones dictadas pueden enmarcarse en una interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos o, por el contrario, persiguen una finalidad ajena al proceso", explica.

Lo que decida ahora el TSJM es de especial importancia por varios motivos. En primer lugar, porque Sánchez es el primer presidente de la democracia en querellarse contra un juez y habrá que ver si el resto de jueces le dan la razón inicialmente o rechazan de plano la cuestión. "A nadie se le escapa la relevancia pública, también la eventual relevancia electoral, que pueden tener las resoluciones judiciales que afectan a los cargos del poder ejecutivo", deslizó la Abogacía. Y en segundo lugar, porque si los magistrados aceptan indagar en la actuación de Peinado, éste tendrá que apartarse de las pesquisas por las que persigue a Begoña Gómez por un posible delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.