Mientras que el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, da ya por segura su imputación en el 'caso Koldo' y trata de defenderse en solitario, compareciendo ante los medios para denunciar su "cacería", otros implicados en la compra de mascarillas a la trama de Víctor Aldama y Juan Carlos Cueto viven felices, como si la cosa no fuera con ellos.

Me refiero, claro, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; al de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En marzo de 2020, Interior, la secretaría de Estado, compró a Soluciones de Gestión –la empresa de Aldama y Cueto–1.288.650 unidades; el Servicio de Salud de Baleares adquirió 1.480.600 unidades, y el Servicio Canario de Salud más de cinco millones.

Según recoge el informe de la Agencia Tributaria (firmado por el jefe del Equipo de Inspección de la Delegación Especial de Aragón, Raúl Burillo), que fue remitido al juez el pasado 1 de febrero, las respuestas de los responsables de la compra a la pregunta de por qué eligieron Soluciones de Gestión y no otra empresa son elusivas, inconcretas e inadmisibles. La secretaría de Estado de Interior, respondió que se eligió dicha empresa "por el éxito de la entrega al Ministerio de Transportes". El gobierno de Baleares –en 2020 presidido por Armengol– argumentó que recibió "un correo electrónico" y valoró su disponibilidad a corto plazo. Por su parte, el gobierno canario –presidido por el hoy ministro Ángel Víctor Torres– se justificó diciendo que había creado un Comité de Gestión de Empresas Sanitarias y fue ese comité el que propuso a Soluciones de Gestión.

Por su parte, Adif (cuyo presidente acaba de ser destituido por el ministro Óscar Puente) dijo que compró cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión porque así lo había hecho Puertos del Estado, y esta entidad pública a su vez señaló directamente a la cabeza del Ministerio de Trasportes. La investigación descubrió que fue el propio Aldama el que se ofreció al asistente del ministro, Koldo, para conseguir mascarillas. Es decir, que fue el propio comisionista quien puso en marcha un mecanismo que provocó la venta en cadena de más de 20 millones de mascarillas a varios ministerios y dos gobierno autónomos. Un fiera.

Marlaska, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres actuaron con total falta de diligencia a la hora de comprar mascarillas a la trama Koldo

La investigación de la UCO, así como la auditoría interna encargada por el ministro Óscar Puente, de la que hemos hablado en esta columna, ponen de relieve la falta de control a la hora de adquirir las mascarillas. Pero sí José Luis Ábalos acaba siendo imputado, no se explica por qué ni Interior, ni el gobierno de Canarias, ni el gobierno de Baleares han sufrido el mismo escrutinio que el ministerio que dirigía su anterior compañero de partido.

Echarle la culpa a Ábalos parece que es la mejor estrategia para eludir responsabilidades propias. Pero a nadie se le escapa que Interior, el gobierno de Canarias y el de Baleares actuaron con la misma falta de celo que Adif o Puertos del Estado.

En el chanchullo de las mascarillas hay dos planos. Por un lado, se trata de saber si algún funcionario participó del cobro de las jugosas comisiones (más de 16 millones de euros) generadas por la compra de mascarillas. Por otro, si los ministerios implicados y los gobiernos autonómicos actuaron con el rigor que se debe aplicar en las compras con dinero público. Incluso en caso de emergencia, como sucedió con la pandemia, hay procedimientos y filtros que no se pueden obviar. Así de rotunda se muestra la auditoría encargada por Puente, que ha dejado a Ábalos a los pies de los caballos.

Da la impresión de que el Gobierno ha decidido cargar toda la culpa en el ex ministro de Transportes, convirtiéndole en un propicio chivo expiatorio, para salvar al resto de una gestión igualmente desastrosa.

Tiene razón Ábalos al denunciar esa diferencia de trato, esa especie de ensañamiento, que sólo persigue apartar el foco mediático, político y judicial de otros responsables políticos que hoy siguen ocupando cargos muy relevantes.