Ya podemos comprobar cómo los intentos a cargo de distintos miembros del Ejecutivo y hasta de la delegada del Gobierno en Cataluña de presionar a la Fiscal General del Estado para que el Ministerio Público rebajara en su escrito de acusación provisional su petición de que los líderes independentistas procesados lo sean por un delito de rebelión se va a estrellar, se ha estrellado ya, contra el muro cierto y no imaginado de la independencia del Poder Judicial.
Ni la Fiscal General, Maria José Segarra, ni los cuatro fiscales del Tribunal Supremo asignados a la causa del procés, se han movido un milímetro de sus posiciones iniciales y han hecho oídos sordos a los múltiples intentos destinados desde el propio Gobierno, que se ha plegado a las exigencias planteadas a voz en cuello por los independentistas catalanes, a intentar que cedieran en su calificación.
El hecho de que sean inasequibles a las presiones va a complicarle al Gobierno su esfuerzo por convencer a uno de los dos grupos independentistas catalanes de que le aprueben los Presupuestos, pero ése es un asunto que no roza ni de lejos las líneas de actuación de la Fiscalía con lo cual el Ministerio Público no se va a mover de su posición, sean cuales sean las necesidades del presidente Pedro Sánchez y sus ministros.
Es más, según cuenta en este mismo diario Ángela Martialay, la reunión de principios de este mes de octubre ha tenido por objeto unificar las posiciones de los fiscales del Supremo y los de la Audiencia Nacional de modo que tanto los procesados en el Supremo como el entonces mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, serán acusados -provisionalmente, hay que insistir en esto- de un delito de rebelión. Tiene sentido que la Fiscalía como tal busque la unidad de actuaciones en un asunto tan rodeado por presiones y comentarios de todo tipo pero, todos ellos destinados a minar la firmeza tanto de fiscales como de los jueces a la hora de encarar el juicio.
Pascual Sala, siempre tan favorable a las necesidades de los gobiernos socialistas, fue uno de los miembros del Tribunal Constitucional que en 2012 votó a favor de la legalización de Sortu
La última operación ha corrido a cargo nada menos que de Pascual Sala que ha sido nada menos que presidente del Tribunal Supremo y también del Tribunal Constitucional y que ha declarado en la radio catalana RAC 1: " Para mí es muy difícil, casi imposible, que exista un delito de rebelión y muy problemático, por no decir que tampoco, el de sedición". Es más, cuando la vista oral ni siquiera ha comenzado, el magistrado ha añadido que en la causa del 1-O puede que hubiera "desórdenes" o "quizá desobediencia" al Constitucional. Viniendo de quien viene, sus palabras suponen tanto como un intento de forzar el sentido de la sentencia y de desacreditarla si no se atiene a sus opiniones. En una palabra, una intervención verdaderamente desdichada la suya.
Naturalmente, todo medio de comunicación independentista se ha hecho eco de las declaraciones de Pascual Sala y las ha utilizado para apuntalar su tesis, falsa de toda falsedad, según la cual sus líderes van a ser víctimas de un juicio y de una sentencia condenatoria injusta porque ninguno de los procesados ha cometido, en opinión del secesionismo, delito alguno. Y a partir de ahora ya disponen de un juicio de autoridad del que echar mano: el que les acaba de proporcionar Pascual Sala.
Pascual Sala, siempre tan favorable a las necesidades de los gobiernos socialistas, fue uno de los miembros del Tribunal Constitucional que en 2012 votó a favor de la legalización de Sortu por un solo voto de diferencia, con lo cual se anulaba la sentencia del Tribunal Supremo que en marzo de 2011 había prohibido su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior por ser un partido sucesor de la ilegalizada Batasuna. Y era la segunda vez que el TC, ambas bajo su presidencia, desautorizaba al más alto tribunal español.
No significa eso que Sala no actúe de acuerdo a sus convicciones más profundas pero sí significa que las posiciones de su señoría se inclinan siempre en una dirección y, en este caso, se inclinan antes incluso de que sus antiguos compañeros de Sala hayan abierto el juicio a los independentistas. No ha sido una actitud ni respetuosa ni elegante y probablemente a él, en el ejercicio de su función, le habría molestado profundamente que un antiguo colega con una posición en su día tan relevante hubiera querido inmiscuirse en su trabajo y muchísimo menos en un asunto tan delicado.
No se van a mover ni los fiscales ni los jueces de sus posiciones, que se adecuarán al ritmo en que la vista oral avance, de manera que en absoluto podemos prever en este momento -y eso es importante advertirlo ahora- cuál será la sentencia definitiva que dictarán los siete magistrados que van a conformar la Sala enjuiciadora, ni tampoco podemos saber si el Ministerio Fiscal va a mantener en su escrito de acusación definitiva, una vez el juicio llegue a su fin, la misma petición que ya tenemos confirmado que va a mantener ahora.
Quizá modifique su criterio actual y acuse sólo por sedición y malversación o, incluso, a mucho tirar, se limite únicamente a acusar por desobediencia aunque eso ya es mucho más improbable. Pero ése precisamente es el valor infinito de la independencia real, no efectiva, del Poder Judicial en España: que las consideraciones jurídicas de jueces y fiscales dependen única y exclusivamente de las conclusiones a las que ellos lleguen conforme a Derecho. Y conforme a absolutamente nada más.
Por eso chocan una y otra vez con el vacío las insinuaciones, las presiones y también las amenazas y persecuciones como las que han acosado durante todos estos meses pasados al magistrado instructor de la causa Pablo Llarena.
Todo ha sido inútil y lo seguirá siendo. Y de eso tenemos los españoles que felicitarnos.
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