El Gobierno ya tiene aprobado su Plan de Acción por la Democracia. Un compendio de 31 medidas que se irán desplegando no de forma inmediata, sino a lo largo de los tres años que teóricamente quedan de legislatura. El plan de regeneración democrática, expuesto en sus líneas maestras por el presidente, Pedro Sánchez, el pasado julio, se estructura en tres ejes de actuación que necesitan aún toda la letra pequeña, porque no baja a la concreción, y requerirá de los apoyos de los grupos del Congreso para poder salir adelante. El pilar más relevante es, quizá, el relativo a los medios de comunicación, en el que se avanza la creación de un registro y la limitación de la publicidad institucional, pero también el que afecta al "refuerzo" del sistema electoral, ya que se harán obligatorios los debates entre candidatos. Y se incluyen medidas muy demandadas por los socios del Ejecutivo, como una nueva Ley de Secretos Oficiales, la modificación del Código Penal para tocar los delitos de injurias a las instituciones del Estado —no queda claro si se eliminará de injurias al Rey y a la Corona— o las ofensas a sentimientos religiosos. Además, el Gobierno se compromete a la celebración anual del debate sobre el estado de la nación en la Cámara baja.

El plan pretende una "mejora de la democracia", está "alineados con las políticas europeas" y corresponde con un debate "no solo nacional, sino europeo"

Los ministros de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y Cultura, Ernest Urtasun, representantes ambos de los dos socios de coalición, PSOE y Sumar, y negociadores los dos con los grupos, insistieron en todo momento en que su documento se incardina en el Plan de Acción por la Democracia de 2020 y complementado en 2023, y en el reglamento europeo de libertad de los medios de comunicación, aprobado en marzo de 2024 y en vigor desde mayo. Los objetivos, relató el primero, son ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del "ecosistema informativo", para que "se garantice una información veraz", y reforzar la transparencia del Poder Legislativo y del sistema electoral. Esos tres ejes supondrán una "mejora de la democracia", están "alineados con las políticas europeas" y corresponden con un debate "no solo nacional, sino europeo".

'Plan de Acción por la Democracia' aprobado por el Consejo de MinistrosDescarga

Pero lo aprobado este martes [aquí en PDF], no obstante, no deja de ser una hoja de ruta muy genérica, cuya suerte no está nada clara. Bolaños insistió en que tres años son tiempo suficiente para sacar adelante todo el plan, y se mostró seguro de que se reunirán los apoyos porque, como completó Urtasun, encontraron la "receptividad" y "simpatía" de los grupos en la ronda que mantuvieron con ellos en julio, ya que muchas de las medidas fueron reivindicadas por ellos mismos. El titular de la Presidencia adelantó que el Gobierno irá sacando las iniciativas de más sencilla ejecución, o que dependen de él mismo, antes, pero otras, la mayoría, necesitarán del concurso de las Cortes Generales. Y ese terreno es mucho más pantanoso.

1. Transparencia en los medios

El Ejecutivo plantea, siguiendo el reglamento europeo de libertad de medios de comunicación (European Media Freedom Act, EMFA), la creación de un registro de medios en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la información pública que reciben. Esa labor quedará atribuida a un órgano "independiente", subrayó Urtasun, como lo es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que antes debe ser reformada para que precisamente pueda asumir esa función, ya que hoy en día no está preparada. Según la ley actual, los diez miembros de la CNMC son nombrados por el Gobierno a propuesta del ministro de Economía y previo examen del Congreso, que puede vetar por mayoría absoluta los candidatos propuestos.

Quien gestionará el registro de medios es la CNMC, una vez reformada. Se cambiará la ley de publicidad institucional también para garantizar que los sistemas de medición de audiencia cumplan con principios de transparencia, imparcialidad o no discriminación

Además, todas las administraciones públicas deberán publicar anualmente sus cifras de inversión publicitaria en medios. Y se reformulará la ley de publicidad institucional de 2005 para introducir "criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación". También se cambiará esta norma para "garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad". Y se establecerán "medidas de apoyo", de discriminación positiva, hacia aquellos medios que estén íntegramente en lenguas cooficiales diferentes del castellano.

Asimismo, se introducirán límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, "para que no haya medios impulsados por o dependientes" de ellas. El marco regulatorio también se revisará para "garantizar el pluralismo" evitando la "concentración de los medios de comunicación". Nuevamente, faltan todos los detalles.

El documento aborda también un aspecto polémico y que genera suspicacias en los medios, como la reforma de las leyes orgánicas de derecho al honor (de 1984) y de rectificación (1984), con el fin de "mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados". Bolaños insistió en que ambas normas han quedado "obsoletas", porque el panorama mediático actual nada tiene que ver con el que existía a principios de los años ochenta. Lo que busca el Ejecutivo es que cuando "haya bulos, mentiras", cuando haya "ciudadanos afectados" que sufran "difamación" o informaciones que lesionen su "reputación", estos obtengan una "respuesta ágil y rápida por parte de los tribunales", y que sea "efectiva". El plan prevé crear una nueva comisión en el Congreso sobre desinformación, es decir, una comisión antibulos. En paralelo, el Gobierno aprobará una estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación.

Se creará en el Congreso una 'comisión antibulos'. Y se reformarán las leyes de derecho al honor y de rectificación para procurar una respuesta "ágil" de los tribunales ante noticias "falsas o tendenciosas"

En este eje, el pilar capital de la hoja de ruta impulsada este martes por el Consejo de Ministros, se encuentra una medida en la que Sumar ha puesto mucho énfasis: la reforma "integral" de los artículos del Código Penal que "pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en materia de difamaciones y su encaje legal".

La duda es si también se eliminará o rebajará el delito de injurias a la Corona. Durante la rueda de prensa, los dos ministros midieron muy bien sus palabras para no ofrecer una visión discrepante. Bolaños recalcó que este martes tocaba hablar de lo acordado en el Consejo, de esa redacción consensuada, que su opinión podrá ser "importante" pero lo es más aún el plan del Ejecutivo de coalición en su conjunto y lo que salga aprobado de las Cortes. Sí insistió en que el plan remite a los "grandes consensos" que se han producido en Europa, y que en este caso afecta a los delitos relacionados con la libertad de expresión y la creación artística que se refiera a las "instituciones del Estado". No concretó si para el PSOE se incluye ahí la Corona. Para Sumar, no hay duda ninguna de que sí lo está, porque así lo deja claro una sentencia del TEDH de 2018.

Otras medidas en este capítulo son el impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas, la transposición de la directiva europea (anti-SLAPP) para la protección de los informadores frente a los acosos externos o la reforma del artículo 36.23 de la ley mordaza, el que sanciona el uso de las imágenes de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se incorpora igualmente la puesta en marcha del programa de ayudas de 100 millones de euros que Sánchez anunció en julio para promover la "digitalización de los medios de datos".

Se revisarán los delitos de injurias contra las instituciones públicas (no queda claro si afectará a la Corona) o contra los sentimientos religiosos

Para Urtasun, el plan constituye un "primer paso histórico" que recoge las reclamaciones más importantes en materia de libertad de expresión, aborda por primera vez una "política mediática" y trata de garantizar una "información veraz y de calidad" protegiendo a los periodistas frente a los "pseudomedios" y la desinformación. La delicada determinación de qué es y qué no es un medio la tendrá que adoptar una CNMC reformada. Pero quedan muchas pantallas hasta llegar a ese punto. El Gobierno quiere "establecer los criterios" sobre qué es un medio hablando con el sector de los medios y con los grupos. Igual ocurrirá con el sistema de medición de audiencias o la publicidad institucional. En síntesis, la reforma pretende dos objetivos, un reparto de recursos públicos "más justo" y que el dinero público "no financie fake news". Y frente al "miedo" de que sea el Gobierno el que al final elija qué es un medio y qué no, el titular de Cultura recordó que el reglamento europeo es "claro", ya que impide que tome la decisión un órgano dependiente del Ejecutivo.

2. Ampliación y mejora de la calidad de la información del Gobierno

El Gobierno aprobará una nueva Estrategia de Gobierno Abierto y remitirá a las Cortes el proyecto de ley de Administración Abierta para ampliar las obligaciones que ya tiene en materia de transparencia y reforzar los controles de los cargos públicos, sobre todo en materia de conflictos de interés.

Por otro lado, la Moncloa quiere obligar a todos las administraciones públicas a rendir cuentas de su actividad cada seis meses. El Ejecutivo quiere que CCAA y ayuntamientos, por tanto, hagan lo que él mismo lleva haciendo desde 2020, su informe Cumpliendo, en el que explica qué compromisos contraídos por el presidente y el Gabinete en su conjunto se están acometiendo y cuáles no.

Todas las administraciones tendrán que rendir cuentas de su actividad cada seis meses. El Gobierno promete otra vez la modificación de la Ley de Secretos Oficiales, exigida históricamente por el PNV

Un punto importante en este eje, muy demandado históricamente por el PNV, es la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. La vigente es preconstitucional, de 1968. El Gobierno intentó sacar adelante un nuevo texto en la pasada legislatura, pero no llegó al Congreso por falta de apoyos. Bolaños, el impulsor de esa redacción, considera que esta es una base "sólida" a partir de la cual seguir trabajando ahora. El Ejecutivo buscará que la nueva ley recoja "lo mejor de las mejores leyes" de nuestro entorno.

Como medidas adicionales, la aprobación por real decreto de la estrategia para combatir la corrupción contemplada en la ley 2/2023, la puesta en marcha de la autoridad independiente de protección del informante (recogida en la misma norma) o la ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal para crear dos unidades especializadas para "avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada".

3. Transparencia del Poder Legislativo y del sistema electoral

En este tercer eje, el Ejecutivo plantea la reforma del reglamento del Congreso para establecer la obligación de celebrar anualmente el debate del estado de la nación. Ya se han celebrado 25 desde 1983, y se han venido celebrando ininterrumpidamente hasta 2015, excepto en años electorales, pero no existe una previsión reglamentaria expresa, y es lo que quiere atajar el Gobierno. En la pasada legislatura, solo hubo uno, el de julio de 2022.

Se celebrará anualmente el debate del estado de la nación, se reformará la ley para que se publiquen los microdatos de las encuestas electorales y se aprobará una 'ley de lobbies'

La coalición quiere reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) en dos aspectos claves, que ya fueron enunciados por el presidente en el pleno del pasado julio. Un primer aspecto, la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos, para que "no haya ninguno que decida no ir", en palabras de Bolaños, en referencia clara a Alberto Núñez Feijóo, que no quiso presentarse al debate a cuatro en RTVE. El segundo es que se establecerá la obligación de publicar todos los microdatos de las encuestas electorales, debidamente anonimizados, con el fin de que ciudadanos o instituciones extraigan "sus propias estimaciones". No se hace referencia a la dependencia política del CIS, dada las críticas constantes que en los últimos seis años ha recibido, por su adscripción partidista, su presidente, José Félix Tezanos.

Los reglamentos de Congreso y Senado se revisarán igualmente para sancionar a aquellos parlamentarios que no presenten sus declaraciones de bienes o que registren información "falsa o incompleta". Una obligación que ya existe pero que muchos, adujo Bolaños, "incumplen de manera flagrante y rebelde". Y se aprobará algo muy demandado desde la Unión Europea, una ley de lobbies o de grupos de interés que regule su código de conducta y facilite el seguimiento del proceso legislativo. Se reforzarán igualmente las sanciones a los partidos que presenten sus cuentas de manera inadecuada.