El PP se desliga de cualquier intento por parte del Gobierno de "censurar" o de "tapar" investigaciones judiciales con su plan de regeneración democrática que este martes fue presentado en Moncloa. Así se posicionó el portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, minutos después, alentando que la motivación de Pedro Sánchez es la de desviar el foco de atención de las causas abiertas contra el caso Koldo, contra su mujer Begoña Gómez por presunta corrupción en los negocios privados y tráfico de influencias, y por la "presión" a la prensa crítica. Desde el PP, no obstante, prefieren no hacer valoración alguna más concisa hasta que el texto presentado por los socialistas sea estudiado "en profundidad", dicen fuentes del partido. Hay que precisar que estas reformas, que involucran más de una decena de leyes, departamentos y Ministerios, se proponen en vista a un trabajo parlamentario largo de al menos tres años. La tramitación de cada una en el Congreso y el Senado será complicada.

Ahora bien, como el propio Tellado indicó, una de las directrices claras que seguirán en el PP es no salir de las recomendaciones que hace la Unión Europea. Y eso, consideran, no está garantizado con Sánchez. Por eso, los populares responderán con un plan de regeneración propio que anunciarán en breve, trasladan. No se fían del Gobierno, admiten. Todo, pese a que, tras repasar El Independiente el documento propuesto publicado por Moncloa, la mayoría del contenido podría tener un encaje de acuerdo a las recomendaciones europeas. Excepto el primer eje, que es más técnico.

De los tres ejes que se incorporan, el dos, en relación a la regulación de la publicidad institucional de la que se nutren los medios de comunicación, así como la transparencia, puede entenderse como extrapolado del marco reglamentario europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Se insta a la protección de las fuentes y a la lucha contra la desinformación, aunque no se detallan en profundidad los mecanismos para hacerlo. Sí con el establecimiento de una comisión parlamentaria para su combate. Fuera del ámbito de los medios de comunicación, España es el único país de la UE que mantiene vigente el tiempo ilimitado para que no caduque la protección de los secretos oficiales, algo demandado desde hace tiempo por el PNV que Sánchez ahora incorpora. También alienta para aportar toda la relación de bienes en las declaraciones de los aspirantes a representante público una vez electo. Solo cuestiones como la obligatoriedad de los debates, en el eje tres del texto, tanto el del Estado de la nación, como los electorales, escapan a ese marco regulador europeo.

Es por ello que desde el seno popular, aunque en apariencia son pocos los aspectos que pueden escaparse de esa afinidad europea, se niegan a refrendarlos porque consideran que todo parte de la intención de los socialistas y de Sánchez de hacer una vendetta particular "contra medios y periodistas" críticos, así como jueces. A los populares no se les escapan las alusiones a las publicaciones recientes de El Confidencial, en la que se apunta al secretario de Organización, Santos Cerdán, como supervisor de la elaboración de una campaña de deslegitimación contra esos sectores desde Ferraz, con la recopilación de información sensible. Preguntado por ello, fuentes de Génova no se pronuncia sobre qué aspectos concretos les genera rechazo.

Aunque sí mencionan la propuesta del segundo bloque, de reforma para que "la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación, en consonancia con la creación a nivel comunitario del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación". Más cuando se ha dado por cerrado cualquier diálogo con el Ejecutivo para renovar la cúpula de la institución, entre otras.

Los populares se cerraron a seguir negociando renovaciones de las cúpulas de la CNMC, CNMV o RTVE tras el nombramiento de Escrivá

A los populares no se le escapa que si el Gobierno designa por su cuenta esa nueva dirección, por ejemplo, bajo antecedentes como el de José Luis Escrivá al frente del Banco de España, la independencia ni está garantizada para la CNMC ni para el "organismo independiente" supeditado de nueva creación que se propone para el registro de medios. Que disponga de "la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben", dijo el ministro de Cultura, de Sumar, Ernest Urtasun, durante la presentación este martes. Entre sus funciones, está la de "establecer los criterios de qué es un medio a diferencia de otras plataformas cuya finalidad no es informar". "La intenciones reales las conocemos", aseguran fuentes populares, que instan a revisar en profundidad lo propuesto.

Hay que recordar que en estos momentos el Congreso de los Diputados puede tumbar cualquier nombramiento que intente darse desde el Gobierno si hay una mayoría alternativa sólida. Y tanto PP, Vox como Junts la alcanzarían de darse el caso y de querer los neoconvergentes frustrar una designación. Por ejemplo. La insistencia del Gobierno es que se respetará la independencia de ese futuro organismo.

Fuentes socialistas, de hecho, trasladan que estas cuestiones "son delicadas". Y que deben hacerse con cautela porque afectan "a muchos derechos". Piden buscar el término medio ante cualquier reformas que afecten a la calidad democrática. Especialmente en lo que respecta a la "difamación o las ofensas", por ejemplo. Reconocen que la tarea no será fácil. Ni para encontrar consenso con sus socios, ni para atraer al PP.

Plan hilado al publicado por Feijóo en 2023

La propuesta adelantada por el PP se dará a conocer "en los próximos días", sin mayor detalle. Una batería de iniciativas que se dan por entendidas como "auténtica regeneración". Y que va hilada con el Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática presentado por Alberto Núñez Feijóo a finales de enero de 2023 desde el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, donde se promulgó la primera Constitución española de 1812. Aunque se aspira a aumentarla y actualizarla en torno a lo ahora planteado.

En base a ese plan, se contemplaba los medios de comunicación solo en dos ocasiones. Una explícitamente en el punto 36, en la que se menciona a RTVE y la Agencia EFE. Solo a los organismos públicos. "En aras de asegurar la independencia y la libertad de expresión de los medios públicos, así como de respetar el trabajo de sus profesionales, promoveremos las decisiones para recuperar la aplicación de estos principios" para ambas entidades. Las líneas recalcan la necesidad, en cambio, del fortalecimiento de las instituciones políticas, judiciales, las Cortes Generales y la Constitución, en grandes rasgos.

La intención del PP es presentar ese plan en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que denuncian que está bajo un "cerrojazo" por voluntad de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. A grandes rasgos, se pretende cumplir el reglamento de Libertad de los Medios de Comunicación europeo en el que se apoya el Gobierno. Pero garantizando que no quedan resquicios, dicen fuentes parlamentarias, para que haya injerencias políticas en lo editorial. También en su Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en la Constitución española.

Está previsto que incluya una demanda de respeto a los medios públicos y privados ante posibles injerencias, además de un señalamiento de las acusaciones vertidas por el Ejecutivo y el propio Sánchez ante informaciones que no son de su agrado. Se retorna al mes de abril y mayo, cuando salieron a relucir términos como fachosfera, 'bulos' y 'fango'. Momento que dio pie a esta propuesta desde el Gobierno tras el periodo de reflexión del presidente en el que decidió continuar en el cargo.