Propone Silvia Intxaurrondo que se endurezca la legislación -o lo que sea o fuere- para que España deje de ser el reino de la falacia. Considera la presentadora matinal de La 1 que los ciudadanos deberían tener la opción de plantarse delante de un juez para advertirle de la difusión de mentiras para que, a partir de ahí, el titular del juzgado tenga la opción de imponerle una multa ejemplarizante, de las que te peinan para atrás.

La verdad es que la idea es buena. De hecho, en las sociedades primitivas pensaron algo parecido. En Roma existían los pretores y aquí en la Península, en concreto, se tiene constancia de que el visigodo Recesvinto creó la figura del iudex. Los mediadores han existido en múltiples comunidades y se encargaban de resolver los conflictos entre individuos en caso de que no desearan terminar a garrotazos. La idea de Intxaurrondo quizás bebe de ahí, es decir, de la noble voluntad de que España evolucione para que aquellas personas sobre las que se vierta falso testimonio tengan la posibilidad de denunciarlo ante una institución, a la que podríamos denominar como 'tribunal'.

Sus contertulias le han advertido de la existencia de las penas por injurias y calumnias, y de la posibilidad de que un individuo o una empresa ejerzan su derecho a la rectificación en caso de que un periódico publique una mentira sobre ellos. Incluso existe la posibilidad de que un juez obligue a que se difunda el desmentido... pero Intxaurrondo sigue erre que erre; e incluso ha aprovechado la ocasión para citar a Isabel Díaz Ayuso y a su novio.

Entra dentro de toda lógica que Intxaurrondo haya caído en este error. Primero, porque nadie nace sabido, pero, sobre todo, porque el Gobierno de España y sus correveidiles mediáticos llevan varios meses intentando confundir al respecto con el objetivo de transmitir a los ciudadanos la sensación de que las mentiras de la derecha quedan impones en este país. Todo, evidentemente, para convencer a la opinión pública de que Pedro Sánchez y Begoña Gómez están desprotegidos, en mitad de una campaña gigantesca de desprestigio y mentiras.

Entre el presidente, sus ministros, los tertulianos y su tropa periodística han conseguido que haya miles y miles de Intxaurrondos en España, que consideran que éste es un territorio en el que los mentirosos quedan impunes y en el que cualquier ciudadano puede sufrir la muerte civil sin que sus autores se enfrenten a consecuencias legales. Esta maniobra de manipulación de 'la masa' es tan obscena que supone obviar la Constitución, algunas leyes y una rica jurisprudencia que establece diferentes tipos de penas y sanciones en función del medio, de su audiencia, del contenido de la difamación o del formato en el que se ha publicado, entre otros varios factores.

Bulos, mentiras, fakes y lo que usted quiera

No hay comparecencia gubernamental en la que alguien no pronuncie los términos 'fake', 'mentira', 'fango', 'bulo', 'barro' o 'desinformación'. Es innegable que existen las patrañas y que siempre hay quien las encarga y las remunera. Hay prensa que calla o canta por dinero; y grandes empresas que se ponen en manos de mentirosos, a derecha, izquierda, centro, arriba y abajo, para intentar vapulear al enemigo a cambio de generosos cheques.

Pero también existen decenas y decenas de sanciones y condenas que se han impuesto a la práctica totalidad de los medios de comunicación. No sólo a “los tabloides sensacionalistas de ultraderecha”, sino también a RTVE o a la prensa contra la que Pedro Sánchez nunca la emprendería, como El País. El propio Jaume Roures ha obtenido sentencias favorables en sus litigios contra la cabecera de Prisa -Audiencia Provincial de Barcelona, 2017- e incluso ha podido ejercer su derecho a la rectificación. Y este empresario también ha perdido en otros tantos en los que sus denuncias resultaron vergonzosas. Porque hay quien, por su propio interés personal, denuncia a los periodistas por sistema y les acusa de mentirosos sin que lo sean. No sólo Roures...

Todo esto prueba que existe un sistema imperfecto, pero garantista, en el que los tribunales hacen su trabajo, generan jurisprudencia y eso permite la publicación de sentencias más afinadas. Los ciudadanos también pueden ejercer su derecho de rectificación. La propia Silvia Intxaurrondo lo anunció cuando el diario El Mundo publicó sus emolumentos y asoció la renovación de su contrato a la entrevista que realizó a Alberto Núñez Feijóo durante la pasada campaña electoral.

Esta cabecera sacó esa conclusión porque en un documento de contabilidad interna de RTVE -al que tuvo acceso también este diario- figuraba esa fecha, de julio de 2023, como la que dio inicio a su expediente de renovación. El periódico finalmente recogió su versión e incluso se hizo eco de un tuit en el que la presentadora negó que su nuevo contrato incluyera “las cifras” -537.514 euros por dos temporadas- que realmente contemplaba. El sindicato UGT entró al trapo y salió en defensa de Inxaurrondo, haciéndose eco de la versión de la presentadora.

Buzón de Transparencia

Un tiempo después, este periodista preguntó a través del Buzón de Transparencia por los emolumentos de la presentadora. Básicamente, para salir de dudas. La respuesta de RTVE aclaraba que el contrato de Intxaurrondo se cerró el 16 de agosto de 2023 y que era de ámbito mercantil, dado que la presentadora lo rubricó a través de su empresa Sukun Comunicación S.L.; y, efectivamente, ascendía a 268.757 euros anuales. Intxaurrondo tergiversó la realidad con ese mensaje en sus redes sociales por alguna razón. Podemos pensar que lanzó un bulo... o que no le interesaba reconocer sus emolumentos. Quién sabe. La clave es: ¿la información era correcta, incorrecta o imprecisa? ¿Y la aclaración de Intxaurrondo no lo era?

Este asunto podría haber terminado en un litigio. La periodista tiene todo el derecho a defenderse, al igual que a dejarlo pasar, del mismo modo, reitero, que han hecho decenas de personas que han considerado vulnerado su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. A sabiendas de esto, las palabras que ha pronunciado este martes denotan su desconocimiento al respecto o, por contra, su permeabilidad ante la propaganda gubernamental que, efectivamente, ha transmitido desde hace mucho tiempo que España es el reino de la mentira.

Esta campaña la inició Pablo Iglesias -y no sin razón al referirse a patrañas como el Informe PISA- y la asumió Pedro Sánchez durante la pasada campaña electoral. El primero no contaba a favor con todo el aparato mediático del Estado. El segundo, sí. Por eso, a Iglesias le salió mal y al PSOE le ha funcionado. Incluso ha sido capaz de persuadir y/o confundir a una de las periodistas-estrella de La 1, es decir, la televisión pública, ergo independiente. O eso dicen.

Nunca ha sido fácil distinguir entre la verdad y la mentira cuando hay alguien que tiene algo que ocultar, cosa, por cierto, legítima en una buena parte de las ocasiones. Por esta razón, Carl Bernstein, uno de los descubridores del caso Watergate, siempre ha apelado a que los periodistas hagan "la mejor aproximación a la verdad". Y eso a veces implica equivocarse.

La opinión pública española no tiene un nivel general como para tirar cohetes, ni mucho menos los periodistas. Eso ha permitido que se simplifique un debate muy complejo porque al Gobierno le interesa manipular al respecto. Y eso ha posibilitado que surjan cazadores de bulos que se han erigido como policías de la moral periodística, cuando, en realidad, son comisarios. Brutos con más ganas de censurar que entendederas. Gente que hace el trabajo sucio a cambio de migajas y que ha confundido a una parte de los españoles.

Existe un periodismo pútrido, por supuesto (empezando por ellos), pero no sólo se practica en la derecha. He aquí la clave de todo esto: cuando el Gobierno se ha visto débil, se ha intentado adueñar de la verdad.