La edad de jubilación en España toca máximos históricos y se sitúa ya en los 65,2 años. Así lo desveló este miércoles la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados a petición del PP.

Al mismo tiempo, las jubilaciones anticipadas se ha desplomado por debajo del 30%, lo que supone una cuota que nunca antes se había alcanzado. Y no solo eso, sino que según los datos del Gobierno, también se ha reducido el período de anticipación del retiro.

La cifra de jubilaciones anticipadas (201.260) durante los primeros siete meses del año se redujo de forma notable y se situó por debajo del 30% del total (28,5%). En concreto, son 57.374 mientras que en el 2019 eran el 40%. El 71,5% accedieron con edad ordinaria (143.835).

Antes de la reforma de las pensiones impulsada en 2021 por el ahora gobernador del Banco de España, el exministro José Luis Escrivá, más de un 46% de los trabajadores que anticipaban su jubilación lo hacían 24 meses antes de la edad legal, en estos momentos sólo representan un 17%. Así, la cifra se reduce en casi 30 puntos.

Por su parte, también está creciendo el peso de la jubilación demorada sobre las nuevas pensiones. En concreto, se sitúan cerca del 10% en 2024, lo que supone duplicar el nivel de los años previos a la reforma de 2021.

En concreto, un 9,9% de las altas corresponden a la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que representaban en 2019. Desde 2022 están en vigor unos nuevos incentivos de demora y también se reconfiguró el marco de la jubilación anticipada.

Durante su comparecencia, Saiz dio detalles del informe Ageing Report de 2024 elaborado por la Comisión Europea y aseveró que "la reforma está funcionando y cambiando de forma innegable los patrones de jubilación".

Para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, el Ejecutivo ha pactado medidas encaminadas a alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal. Para ello ha mejorado el sistema de incentivos para permanecer en el mercado de trabajo. "La fórmula pasa por que los trabajadores senior continúen en su puesto, ya que experiencia y conocimiento son valiosos para las empresas. Es esencial que la decisión de trabajar más allá de la edad de jubilación sea una elección personal", sostuvo Saiz.

Según detalló ante la Cámara Baja, el sistema de pensiones protege actualmente a más de 10 millones de pensionistas. Esto supone uno de cada cinco ciudadanos de España. Pero para 2050 se calcula que la cifra alcanzará el 33%, por lo que una de cada tres personas superará esa edad.

En este sentido, a medida que la generación del baby boom se vaya jubilando, subirá el gasto "de manera ineludible" si se quiere mantener el actual nivel de protección. Saiz ha defendido que tener una pensión adecuada y suficiente "no es un privilegio o un regalo", sino que se trata de un derecho recogido por la Carta Magna.

Hucha de las pensiones

Saiz también incidió en las medidas destinadas a reforzar los ingresos. En este sentido, detalló el mecanismo de equidad intergeneracional, el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, la adecuación de las bases máximas y la creación de la cuota de solidaridad.

También defendió el hecho de que se haya completado la separación de fuentes de financiación por la cual el Estado asume los gastos de naturaleza no contributiva. "Con todo ello, el déficit se está reduciendo de forma gradual y el Fondo de Reserva va a terminar la legislatura con 25.000 millones de euros", sostuvo. Para 2024, la previsión que la denominada hucha de las pensiones acabe con 9.200 millones de euros.

Además, recordó que la reforma de pensiones estableció una garantía adicional, la denominada "cláusula de cierre", que llevará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a evaluar en 2025 la sostenibilidad del sistema en base a los datos de gasto proyectados por el informe Ageing Report.

El organismo tendrá que estimar el impacto de las medidas adoptadas para fortalecer los ingresos y comprobar que la diferencia entre ambas variables, proyección del gasto e impacto de las medidas de ingresos, no supere el 13,3 % del PIB. Si se supera esa cifra, la reforma obliga al Gobierno a tomar medidas para corregir gradualmente el exceso previsto de gasto y, si no se aprueban cambios, se producirá una subida en las cotizaciones.

Pendiente de los apoyos del Gobierno

Horas antes de la comparecencia de la ministra, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escenificaba en Moncloa con patronal y sindicatos la firma del acuerdo de pensiones alcanzado a finales de julio, justo antes del parón estival de verano. Los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, así como los secretarios de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, acudieron a la cita con el jefe del Ejecutivo.

A partir de ahora, buena parte de los cambios que contempla el pacto deben articularse a través de cambios legislativos para los que el Gobierno aún no ha definido un calendario. Por ejemplo, hay que introducir cambios de la Ley General de Seguridad Social y del Estatuto de los Trabajadores.

Todo se verá condicionado por la aritmética parlamentaria y quedará sujeto a que el Gobierno de coalición logre sumar los suficientes apoyos en las Cortes. Pero varios de las socios parlamentarios del Ejecutivo como EH Bildu o el BNG han expresado ya sus críticas.