Alcoa dice que las ayudas de 1.000 millones cobradas no le obligan mantener sus fábricas

Alcoa quiere cerrar dos de las tres fábricas con que cuenta en España. El gigante del aluminio anunció ayer su decisión de echar el cierre a sus factorías de Avilés y de A Coruña, lo que implica el despido colectivo de los 686 empleados de las dos plantas. La compañía mantendría sólo operativa su fábrica de San Cibrao, en Lugo, con 1.300 empleados.

Alcoa justifica su decisión en que ambas factorías arrastraban pérdidas desde hace dos años. Unos números rojos entre ambas plantas que van a alcanzar los 74 millones este año, y que fueron de 25 millones el pasado. “Y las previsiones son que los resultados no van a mejorar en los próximos ejercicios”, subrayan fuentes de la compañía.

Alcoa lleva años advirtiendo de que el alto precio de la electricidad (que concentra en torno a un 40% del total de costes en la producción de aluminio) que se registra en España supone un lastre para su actividad. Como otras grandes industrias asentadas en el país, Alcoa ha cobrado en los últimos años ayudas millonarias a través del sistema de interrumpibilidad eléctrica, que sirve para compensar el peso en sus costes de la factura energética y que pagan todos los consumidores eléctricos a través del recibo de la luz.

Unas ayudas que compensan la disponibilidad de las fábricas para dejar de consumir electricidad en caso de ser necesario para garantizar el suministro eléctrico. Las cifras del reparto de esas ayudas entre las grandes industrias reciben el trato de información confidencial, y ni Red Eléctrica ni la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) las hacen públicas. Sin embargo, fuentes conocedoras de esos datos, confirman que Alcoa ha ingresado en la última década cerca de 1.000 millones de euros en ayudas, siendo “con una diferencia abismal” la compañía más beneficiada del país.

La compañía niega trato de favor

Alcoa no confirma esa cifra –y tampoco la desmiente, reconoce el grupo-, pero sí subraya que esas ayudas no pueden considerarse un subsidio, sino simplemente “el pago por un servicio al sistema eléctrico para evitar apagones”. “Alcoa no recibe en España ningún subsidio energético para mantener las plantas operativas”, explica a El Independiente un portavoz del grupo estadounidense. Esto es, las ayudas no implican un compromiso de no cerrar las factorías.

“Alcoa no recibe ningún trato preferencial en relación a otros competidores en España”, apuntan desde la compañía. Otro centenar de factorías reciben las mismas ayudas –de menor cuantía- a cambio de parar su actividad en caso de que lo pida el gestor de sistema eléctrico, Red Eléctrica, si fuera necesario.

“Alcoa ha parado sus fábricas una veintena de veces en lo que va de año, lo que implica un coste para compañía”, indica la empresa. “El servicio de interrumpibilidad es un seguro que se presta al sistema eléctrico, porque es más caro otras opciones, como tener que poner en marcha centrales de gas” de forma acelerada para producir electricidad.

Este año Alcoa cobrará cerca de 90 millones de euros en ayudas, cuando el coste total de 2018 del servicio de interrumpibilidad se sitúa en el entorno de los 430 millones de euros. En años anteriores, el importe de las ayudas percibidas por el grupo ha sido incluso mayor, situándose normalmente por encima de los 100 millones anuales y con picos en algunos ejercicios que han superado los 140 millones de euros como en el año 2014. Justo ese año, Alcoa ya amenazó con el cierre de las dos plantas y de un ERE masivo, que finalmente no se ejecutó.

“El sistema eléctrico español, que articula un proceso de acompañamiento basado en subastas de interrumpibilidad, ofrece un marco competitivo adecuado para centros como los que Alcoa mantiene en Avilés y A Coruña”, apuntan fuentes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. “Alcoa ha sido uno de las más beneficiarias de este marco regulatorio”.

5.000 millones cargados al recibo de luz

Todos los consumidores eléctricos españoles asumen cada año a través de su recibo de luz pagos millonarios a las grandes industrias. Es el denominado servicio de interrumpibilidad, un sistema que garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o recortarán su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo de problemas de suministro.

El actual servicio de interrumpibilidad se creó en 2008. En los primeros años los pagos a las fábricas se realizaban mediante un modelo de precio regulado de la electricidad, y desde 2014 se realizan subastas en las que las industrias presentan sus ofertas para optar a las ayudas a cambio de estar dispuestas a desconectar sus factorías de la red en caso de ser necesario.

Los consumidores han pagado entre 2008 y 2017 a través de sus recibos de luz 4.746 millones de euros a la gran industria, según datos de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de la actual Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). En 2018, a falta de cifras oficiales, el coste acumulado en las dos subastas celebradas este año se situaría entre los 430 y los 440 millones. En total, en una década se superan los 5.000 millones de euros en ayudas.

Plantas "obsoletas"

La dirección de Alcoa subraya que el coste de la energía es un factor que lastra la rentabilidad de las plantas, pero hay otros. El grupo apunta la “menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos” que arrastran las factorías de Avilés y A Coruña.

El Gobierno, para el que la decisión ha sido una “sorpresa” que el grupo no le comunicó hasta ayer mismo, ha sido muy duro con la compañía. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tachó los motivos esgrimidos por Alcoa de “excusa” y de “cortina de humo” en una entrevista en Onda Cero. “De las tres plantas que tiene en España, Alcoa cierra las dos en las que no ha acometido inversiones de mejora en los últimos años”, sentenció.

Desde Alcoa se apunta que ha invertido 100 millones de euros en las dos plantas que ahora quiere cerrar para optimizar la tecnología de que disponen y sacarle el máximo partido. “Pero la tecnología de Avilés y A Coruña [de tipo Soderberg] está obsoleta y no se puede hacer más. Mientras que la tecnología de San Cibrao [de recocido] es más moderna. No son intercambiables”, apuntan desde la empresa. “La industria del aluminio necesita de unas condiciones para subsistir. Y si no se dan, no se dan…”