El PNV no quiere que esta vez vuelva a ocurrir. Sabe que la fragilidad de los apoyos del presidente Sánchez puede precipitar un cambio de ciclo político y antes de que eso ocurra se ha propuesto culminar su gran objetivo: el desarrollo íntegro del Estatuto vasco. Lo intentó Urkullu y ahora lo acelera el lehendakari Pradales. El Ejecutivo vasco se ha propuesto arrancar a Sánchez las 29 competencias pendientes, incluida la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social. Lo hará además a través de una interlocución preferente con Pedro Sánchez con quien Pradales se verá, como mínimo, cada seis meses en una comisión bilateral convertida en un foro de negociación de ambos ejecutivos.

La promesa es antigua. Se planteó por primera vez apenas unos meses después de que Sánchez llegara al Gobierno. Desde entonces, los retrasos han sido reiterados y el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika prometido se ha visto incumplido una y otra vez. Ahora el PNV ha apretado el acelerador. Lo hizo para volver a dar apoyo a Sánchez en su investidura y fijando en el un último plazo para cumplir: finales de 2025 y la amenaza de romper el apoyo si se incumplía.

El próximo año se augura frenético en la interlocución de ambos gobiernos. Deberán cerrar no sólo competencias complejas como la cesión de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social sino otras 28 competencias, algunas de ellas materias relevantes como la gestión de los puertos, aeropuertos o la ordenación y gestión del litoral. La próxima semana se celebrará la primera reunión preparatoria para celebrar la Comisión bilateral de Cooperación. En ella se debe dar un paso determinante para que antes de final de este año Euskadi asuma otras seis competencias: Meteorología, Fondo de protección a la Cinematografía, la ordenación y gestión del litoral, Salvamento Marítimo, el Centro Nacional de Verificación de maquinaria y la autorización de trabajo de personas extranjeras. Los borradores ya están muy trabajados y sólo resta activar los últimos flecos del traspaso.  

12.000 millones a gestionar

Una vez aprobadas estas competencias, que se sumarían a las 14 ya remitidas por el Gobierno Sánchez, -entre ellas algunas tan relevantes como la gestión de las prisiones-, se abordaría la fase más compleja, un paquete de hasta 23 materias. En este segundo apartado se incluyen competencias de menor peso como los paradores de turismo, los seguros agrarios, la gestión de hidrocarburos, la inspección pesquera o los servicios privados de seguridad.

La gestión del régimen económico de la Seguridad Social es la mayor dificultad en este camino. El Gobierno y el PNV han insistido estos días en que la obligación de transferirla es la misma que para el resto de competencias. Recuerdan que se incluye en la disposición adicional quinta del Estatuto vasco y por tanto corresponde a Euskadi su gestión. Una materia que conllevaría, según avanzó ayer el Ejecutivo vasco, la gestión anual de alrededor de 12.000 millones. Desde el Gobierno central se ha vuelto a insistir estos días en la complejidad y dificultad que arrastra esta materia para poderla transferir.

La evolución de su reclamación ha ido de menos a más a medida que la fortaleza de los apoyos de Sánchez se debilitaba. En un primer cronograma acordado a finales de 2018 ni siquiera se incluyó. Más adelante, en una actualización posterior del calendario de transferencias se incluyó, pero como un materia sobre la que se iban a “iniciar estudios” y que figuraba como la última a abordar. Finalmente, en el último acuerdo firmado en noviembre del año pasado el Gobierno de Sánchez la reconoció como una competencias más a transferir.

Asegurar el carácter "unitario" y "solidario"

En el Gobierno vasco recuerdan que gestionar la Seguridad Social no supondrá ninguna ruptura. Aseguran que es el propio Estatuto de Gernika el que fija el marco en el que se haría esta cesión y que en ella se blinda el carácter “unitarios” y “solidario” de la Seguridad Social. Ante las voces que alertan del riesgo que supondría, recuerdan que ya se han llevado a cabo transferencias de carácter similar y no han supuesto ninguna ruptura del modelo. Citan el caso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, transferido a Euskadi o el traspaso que hace décadas se hizo de las prestaciones no contributivas de jubilación y que gestionan las diputaciones forales.

Culminar el desarrollo íntegro del Estatuto vasco sería un hito histórico para el nacionalismo vasco. No en vano, es el más antiguo y el único, junto al gallego, que no ha sido renovado. Su desarrollo continúa incompleto al seguir pendientes 29 materias por ceder a la Administración vasca.

Una vez completado el Estatuto vasco se abriría una nueva fase en la que ya están inmersos los partidos vascos de cara al próximo año y que pasaría por acordar un nuevo estatuto. Sería en su articulado donde habría que acordar el modelo de seguridad social vasco, la siguiente fase que quiere abordar el PNV una vez lograda la gestión económica. La formación que lidera Andoni Ortuzar hace años que ha ideado cómo será la ‘seguridad social vasca’. En un documento de 2016 planteó una propuesta mixta, con aportaciones públicas y complementada con planes privados especialmente incentivados fiscalmente para tener unas pensiones no vinculada en exclusiva a las cotizaciones laborales. El futuro órgano gestor de la seguridad social vasca tendría incluso nombre: Lagunkidetza. Durante la Asamblea General que en febrero de 2016 celebró en Pamplona presentó el modelo de seguridad social que tendría una Euskadi independiente y que también sería aplicable en Navarra.

Seguridad social "propia y diferenciada"

El partido celebra este año un proceso de renovación de sus órganos internos y de las ponencias políticas que deben guiar al partido los próximos años y en las que el modelo de seguridad social de la Euskadi del futuro estará presente. Hasta ahora el PNV aboga por un modelo con “autonomía presupuestaria” que se basaría en pensiones públicas mínimas financiadas con cotizaciones e impuestos pero que deberían ser compensadas, de modo voluntario, con “sistemas complementarios”. Es ahí donde la seguridad social vasca “propia y diferenciada” exprimiría la herramienta que sólo el régimen fiscal propio permite en Euskadi y Navarra: las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV).

Estos planes de pensiones vascos gozan de gran predicamento en el País Vasco. Las diputaciones forales aplican sobre ellos exenciones fiscales y el PNV quiere que esa vía se explore aún más en el futuro para el sostenimiento de las pensiones en una Euskadi envejecida, con cada vez menos cotizantes y con las pensiones más altas del Estado. Estos planes controlados por las haciendas vascas suman actualmente algo más de 25.000 millones de euros.