El partido político Podemos está citado a jucio el próximo lunes 22 de octubre en el Juzgado mercantil nº 7 de Madrid tras una demanda por plagio tras apropiarse, editar, introducir consignas políticas y difundir en redes sociales un vídeo del fotoperiodista freelance Pedro Armestre, ganador del Premio Ortega y Gasset, Premio Rey de España, o del primer premio en los Humanity Poto Awards de la UNESCO. El partido liderado por Pablo Iglesias está acusado de vulneración de derechos de propiedad intelectual por el que le reclaman una indemnización de 133.450 euros. La formación rechaza la demanda asegurando que Podemos no ha elaborado el polémico vídeo, pese a haberlo difundido en sus canales oficiales, y que "las imágenes han sido utilizadas para una buena causa social, justa y solidaria". "Lo más probable es que el autor de dicho vídeo haya sido cualquier persona de buena voluntad", argumenta la formación en un escrito enviado al juzgado.
Armestre ha colaborado con organismos ecologistas como Greenpeace y se ha especializado en fotografía forestal. El profesional acompañó a bomberos durante su labor de extinción y obtuvo imágenes exclusivas de cinco incendios ocurridos en España entre 2009 y 2012 para elaborar su documental Fuego, producido por Calamar 2, la productora que él mismo creó. Para ello tuvo que reclamar permisos especiales de autoridades forestales o de la Unidad Militar de Emergencias, además de recibir formación específica y contar con equipo propio para el trabajo. Una serie de condiciones que le dieron "exclusividad" a estas imágenes, puesto que fue el "único informador gráfico presente en estos duros momentos", según recoge el texto de la demanda, al que ha tenido acceso El Independiente. El documental original fruto de este trabajo está disponible en Youtube y especifica "no ventas-no archivo-no distribución", además de contar con la licencia Copyright.
La sorpresa llegó en septiembre de 2016, cuando Podemos Castilla León difundió a través de sus redes sociales un vídeo con el sello del partido en el que podían verse las imágenes grabadas por Armestre, eso sí, editadas: con música de fondo e interrupciones pata introducir entrevistas en defensa de la mejora de las condiciones laborales de los bomberos forestales. En uno de estos cortes también aparece una intervención de la diputada Ana Marcello, también demandada. En Twitter, el mensaje que contenía el spot tuvo cerca de 500 retuits, y en Facebook consiguió casi 52.000 reproducciones y se compartió 1.500 veces.
En el texto de la demanda, la defensa de Armestre señala que las imágenes "no sólo fueron utilizadas sin autorización, sino que fueron cortadas, manipuladas y degradadas", al tiempo que "se omitió toda mención al autor de las imágenes". El mismo texto hace referencia a la marca de agua que aparece en la parte superior derecha del vídeo de Podemos, en el que se ve un "supuesto logo de Calamar2 producciones, quizá con el fin de dotarlo de una apariencia de legalidad o de autorización", aunque la demanda apunta a que "dicho logotipo nunca ha sido utilizado" por la productora.
El profesional se puso en contacto con el partido sin obtener respuesta e inició las vías legales con un primer requerimiento en el que pedía la retirada del vídeo y una indemnización por haber utilizado su trabajo con "finalidad publicitaria y promocional de Podemos", además de por "la explotación patrimonial de los derechos de Calamar 2", y por la intromisión ilegítima en el derecho de propia imagen de Calamar 2 al haber sido utilizado su nombre". Después del requerimiento, Podemos retiró las imágenes pero no se puso en contacto con el fotoperiodista. Armestre interpuso la demanda un año después, en septiembre de 2017, ante la falta de respuesta, y en ella pide al partido 133.450 euros por vulnerar los derechos de propiedad intelectual y por los derechos morales, al haberse vinculado su trabajo a una ideología concreta.
En el escrito de respuesta enviado al juzagado, Podemos se niega a indemnizar al autor de las imágenes, arguyendo que ellos no son las responsables de la elaboración del polémico vídeo, pese a que el archivo cuenta con el membrete de Podemos Castilla y León y que fue publicado en todas sus redes sociales. En este sentido aducen que "lo más probable es el que autor de dicho vídeo haya sido cualquier persona de buena voluntad", y se justifican en que "las imágenes han sido utilizadas para una buena causa social, justa y solidaria".
Podemos ha "publicado" el vídeo pero niega haberlo "difundido"
"No negamos que dicho vídeo haya sido publicado en redes sociales, pero negamos rotundamente que Podemos haya creado, producido, editado y difundido el vídeo", señala el escrito de Podemos remitido al juzgado el 26 de diciembre de 2017. El escrito alude cualquier responsabilidad en este sentido y crea hipótesis posibles sobre la autoría del vídeo: "Lo más probable es que el autor de dicho vídeo haya sido cualquier persona de buena voluntad que apoye las mejores laborales y salariales de las Brigadas de Refuerzo en los Incendios Forestales", señala.
Y continúa: "Estamos convencidos de que el autor del vídeo no ha querido vulnerar los derechos de autor del documental Fuego sino ayudar a un colectivo de trabajadores y denunciar condiciones precarias". Además, los abogados de Podemos entran a hacer una valoración moral del fin para el que se ha empleado el vídeo, y señalan que "es evidente que no ha podido existir ánimo de lucro en todo este asunto y que las imágenes han sido utilizadas para una buena causa social, justa y solidaria".
Y sin embargo, el argumento más curioso de la formación de Pablo Iglesias consiste en no reconocer al fotógrafo Pedro Armestre (nombre artístico) con el demandante, "Pedro Pablo González Rodríguez", una identificación que "no consta acreditada". Tampoco reconocen el logo, y señalan que "el hecho de que aparezca el nombre En Castilla y León Podemos en el ángulo inferior izquierdo no acredita que el partido sea el autor del vídeo ya que ese no es el logo de los vídeos que produce el equipo de audiovisuales del partido".
El episodio es llamativo tratándose de Podemos, que el pasado enero registró una proposición de Ley en el Congreso en la que pedía derogar el artículo de la Ley de Propiedad Intelectual que obliga a los artistas a ceder su obra a sus productoras y empresas discográficas. El partido salía así en defensa de los derechos de autor, aunque unas semanas después fuera exactamente en dirección contraria. Y es que no es la primera vez que Podemos protagoniza una polémica por los derechos de autor: el pasado marzo presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados para legalizar el top manta, pero la medida fue rechazada por la oposición al considerar que no respetaba los derechos de propiedad intelectual de las obras y productos.
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