Juezas y Jueces para la Democracia, asociación profesional de jueces y juezas españoles de corte progresista, interviene en la crisis de los solicitantes de asilo saharauis que se hallan retenidos en el aeropuerto de Barajas y a los que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska tiene intención de deportar a Marruecos. La entidad exige en un comunicado a Grande-Marlaska que paralice cualquier devolución y respete "la legalidad vigente" otorgándoles protección internacional.

Un precedente por el que España acabó condenada

La organización recuerda a Grande-Marlaska que existe un precedente muy similar por el que hace una década España fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). "Juezas y Jueces para la Democracia recuerda que España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en sentencia 6/2014, de 22 de abril de 2014, por vulnerar los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que declaran el derecho a la tutela judicial efectiva, frente a la vulneración por parte de terceros Estados del derecho a la vida, y la posibilidad de ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes. Precisamente, en este precedente judicial, en relación con 30 saharauis solicitantes de protección internacional en España", señala el comunciado emitido este jueves.

"El TEDH obligó a España a garantizar, jurídica y materialmente, que las personas solicitantes de asilo se mantuvieran en territorio español durante el examen de sus causas hasta que la decisión interna fuera adoptada. Esa sentencia reconoce el riesgo que sufren los saharauis que viven en su territorio y hace referencia al régimen jurídico del territorio, recordando el informe de Hans Corell", agrega Juezas y Jueces para la Democracia, que afea al ex magistrado, ahora al frente del Interior, el desprecio mostrado esta semana a la legalidad y los derechos humanos.

El riesgo para sus vidas es real

"Por todo, ello solicitamos al Ministerio del Interior que garantice los Derechos Humanos de los solicitantes de protección internacional, cumpliendo la legalidad vigente y la jurisprudencia, garantizando el principio de no devolución y que en sus resoluciones adopte un enfoque de protección de los Derechos Humanos, género e infancia", subraya el duro comunicado, en plena cuenta atrás para la deportación de decenas de activistas saharauis que se hallan en Barajas y que denuncian que Interior ni siquiera está estudiando caso por caso sus expedientes, tal y como establece la ley. Advierten de que sus vidas corren peligros si son enviados a Marruecos.

Para la organización judicial, ese peligro es cierto. "Son conocidos los informes de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciando la situación de la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos. En la Audiencia Nacional se siguen causas contra altos militares marroquíes por delito de genocidio en concurso real con diversos delitos de asesinato, detención ilegal, lesiones y contra la libertad sexual, cometidos contra el pueblo saharaui desde la ocupación de Marruecos del territorio en 1975 hasta la fecha", establece el comunicado.

Examen individual frente al criterio de Marlaska

"En este contexto, los temores expresados por solicitantes de asilo relativos a los malos tratos susceptibles de ser padecidos en caso de retorno no son irracionales ni desprovistos de fundamento. Estas alegaciones han de examinarse individualmente, lo que conforme a la doctrina del TEDH, supone mantener a los solicitantes en España hasta que hayan podido ser examinadas estas circunstancias minuciosamente, concluyendo, no solamente la fase administrativa, sino jurisdiccional", le recuerda la asociación a Grande-Marlaska.

"En los casos actuales, se está denegando la solicitud de protección internacional, en contra del criterio favorable del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien conforme los artículos 34 y 35 de la Ley 12/2009, reguladora del Derecho de Asilo, cumple un papel esencial en este procedimiento", precisa.

Juezas y Jueces para la Democracia recuerdan, asimismo, que "en la Sala de Admisiones del aeropuerto de Barajas se encuentran actualmente 35 solicitantes de asilo documentados conforme al censo realizado por la Misión de la ONU para el Sahara Occidental (MINURSO), entidad que acredita su condición de saharauis. Estas personas denuncian las difíciles condiciones en las que se encuentran: hacinamiento, falta de higiene, y de asistencia médica. Por ello, doce han iniciado una huelga de hambre".

"Sobre la situación de esta Sala de Barajas ya se han pronunciado personas que forman parte del control de Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, CEAR, Cruz Roja o el Defensor del Pueblo, reclamando la mejora de sus condiciones, de modo que se garanticen los derechos que corresponden a cualquier persona privada de libertad. En particular, el derecho a una interpretación en su propio idioma, como es el hasanía, lengua propia del Sahara Occidental, y no en dariya, asistidos de intérpretes de origen marroquí", concluye.