Cuando las elecciones de Estados Unidos te condenan a pena de muerte

Misouri ejecutó este martes a Marcellus Williams, un hombre negro que fue condenado por el asesinato de una experiodista local hace 21 años y que llevaba décadas asegurando que era inocente. Este año había conseguido el favor del juez que lo condenó, y además tenía la esperanza de que un test de ADN descartase su autoría, pero hace un mes se descubrió que los investigadores había contaminado las muestras tomadas del cuchillo con el que se cometió el crimen. Ninguna prueba física lo vinculó nunca con esa escena. Sus defensores creen que afrontó un juicio racista, donde los testigos tenían motivos raciales para cargar contra él, y habían pedido al gobernador de Misouri que conmutase su pena, pero no lo consiguieron. “Si hay incluso una sombra de duda sobre la inocencia, la pena de muerte nunca debería ser una opción”, escribió el juez Wesley Bell, demócrata y candidato por Misouri al Congreso, en X, y quien en primer lugar condenó a Williams en los 90.

Esta semana Estados Unidos ha ejecutado a un número de reos muy superior a lo habitual, según el Centro de Información de la Pena de Muerte, una organización sin ánimo de lucro que no se posiciona al respecto pero es crítica con su aplicación. Junto a Williams, Freddie Owens en Carolina del Sur y Travis James Mullis en Texas fueron ejecutados el viernes, y dos personas más sufrieron el mismo destino el jueves. La pena de muerte es todavía común en 27 estados del país, donde 24 personas fueron ejecutadas el año pasado. Y según un estudio del mismo centro, que dicho número sea mayor depende de los procesos electorales, que llevan a jueces y gobernadores a ser más duros por miedo a no resultar elegidos si conmutan las penas de quienes están en el corredor de la muerte. 

Una investigación del Death Penalty Center ha demostrado que los jueces reafirman el doble de condenas a pena de muerte cuando es año electoral frente a cualquier otro año, y, al mismo tiempo, que los gobernadores solían conmutar las penas más a menudo cuando no tenían que enfrentarse a los votantes. “El momento y la naturaleza de las elecciones lleva consigo tal variabilidad que literalmente puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los comportamientos de quienes están a cargo terminan viéndose condicionados por los fines electorales en lugar de por motivos éticos, profesionales o legales, en perjuicio de los que están en el sistema criminal sin recursos, influencia o defensores”, dice el estudio.

Los jueces, por miedo a la oposición, huyen de tomar decisiones que puedan causarles problemas

Estados Unidos es el único país en el mundo que escoge en las urnas a los jueces estatales y locales, pese a los intentos que se han hecho para minimizar la arbitrariedad de sus decisiones. “Ningún otro país del mundo elige a los fiscales y casi ninguno elige a sus jueces”, dicen Robin M. Maher y Leah Roemer, autores del estudio. Mientras que en el resto de países del mundo los jueces suelen escogerse en base a su formación, técnica e independencia, en Estados Unidos casi el 90% de los jueces de nivel estatal son elegidos por voto popular. Esta particularidad implica que el comportamiento de los jueces está influido por los mismos factores que cualquier otra campaña política: la necesidad de recaudar fondos, hacer campaña, ganarse la confianza de los votantes y ganárselos. 

El resultado es la falta de objetividad en sus decisiones y su imprevisibilidad, pero además un repunte en las condenas a pena de muerte cuando se acercan las elecciones, puesto que la mayor parte de los estadounidenses la apoya. Según la última gran encuesta al respecto, elaborada por Gallup y publicada en mayo, el 55% de la población considera que la pena de muerte es moralmente aceptable, su nivel más bajo desde que se tienen registros. En los años 90, opinaba así el 80% de los estadounidenses. Y por primera vez el año pasado la misma encuesta mostró que son más quienes creen que se está aplicando de forma injusta (50%) que los que piensan al revés (47%). 

Estudios del Brennan Center for Justice y de la American Constitution Society han llegado a conclusiones similares, al relacionar las presiones electorales con decisiones más punitivas por parte de los jueces. Y otra investigación de la agencia Reuters de 2015 también encontró que los jueces de los tribunales supremos estatales cuyos jueces no eran elegidos por los ciudadanos eran el doble de probable que diesen la vuelta a sentencias a muerte frente a los tribunales con jueces elegidos (26% frente a 11%). El mismo informe señaló que las elecciones afectan más a las penas de muerte impuestas por los jueces que la política estatal e incluso que la raza.

Los jueces están obligados a hacer campaña, pero las campañas cuestan dinero y el dinero corrompe

“La confianza del público en el sistema judicial depende de que los jueces apliquen la ley justamente y con objetividad, y que dejen de lado sus propios intereses y sesgos. Pero los datos muestran que las presiones y oportunidades que llevan consigo los ciclos electorales afectan a los jueces, incluso a los que tienen las mejores intenciones”, dicen Maher y Roemer. Según sus datos, los tribunales fallan a favor de la pena de muerte en un 81% de los casos si se trata de un año electoral, frente al 70% de los años en los que no hay elecciones. Además, de los 51 últimos casos en los que un tribunal reafirmó una pena de muerte, dos tercios sucedieron en año electoral.

“Estos resultados sugieren que es más probable que los jueces de los tribunales supremos estatales sentencien a los prisioneros a penas de muerte cuando se enfrentan al escrutinio y las presiones de las elecciones. Y también desafían las declaraciones del juez del Tribunal Supremo John Roberts, que dijo que “los jueces no son políticos, ni siquiera cuando llegan a su sitio a través de las urnas”, remarcan. “Un sistema con elecciones judiciales muy apretadas es peligroso de dos maneras. El primer peligro es que los jueces, por miedo a la oposición, huyan de tomar decisiones que puedan causarles problemas en las urnas. El segundo es que los jueces están obligados a hacer campaña, pero las campañas cuestan dinero y el dinero corrompe”, dice el profesor Lawrence Friedman a raíz del estudio del DPIC, lamentando que el comportamiento de los tribunales cambie en respuesta a los ciclos electorales.

La clemencia de los gobernadores

Para los condenados a pena de muerte, pedir clemencia supone su última oportunidad para conseguir no ser ejecutados. Y esa decisión la suele tomar un político, normalmente el gobernador del estado. Es la esperanza final de aquellos casos en los que el sistema judicial ha fallado. Si se analizan todos los casos en los que un gobernador ha otorgado su clemencia en casos de pena de muerte desde 1977 hasta el año pasado, 146 en total, la mayoría de ellas las firmaron políticos que no se presentaban a su reelección (53%). Entre los que sí se presentaban a la reelección, solo hay cuatro casos en cinco décadas que sí conmutasen la pena.

La explicación del Centro es que los políticos perciben que otorgar clemencia les va a perjudicar, aunque esta intuición no tenga base científica, puesto que según las encuestas hoy por hoy el 50% de los estadounidenses tiene dudas de que el gobierno use la pena de muerte de forma justa. Pero no siempre les ha salido bien. Cuando el gobernador de Arkansas Bill Clinton buscaba conseguir la nominación del Partido Demócrata para presentarse a presidente, viajó expresamente para presenciar la ejecución de un prisionero negro con tal daño cerebral que decidió no tomarse el postre de su última cena porque quería guardarlo para después. La prensa criticó el respaldo del demócrata a la pena de muerte, así como que pensase que rechazarla al menos en algunos casos le iba a perjudicar políticamente.

La pena de muerte, fuera de la campaña

El caso de Williams ha revivido el debate sobre la pena de muerte en el país, pero no ha sido suficiente para que el tema entre en la campaña electoral. El candidato republicano Donald Trump desde el principio ha dejado claro que aumentará las ejecuciones si resulta elegido, mientras que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, que históricamente era crítica con el sistema, ahora ha dejado de lado la idea de abolirla, como tiempo atrás prometía. De hecho, el Partido Demócrata ha decidido eliminarlo de su programa -ni siquiera la menciona- ocho años después de pedir su abolición, convirtiéndose entonces en el primer gran partido del país en hacerlo.

Hace cuatro años, el presidente Joe Biden se atrevió a comprometerse a intentar sacar adelante una legislación que trataría de prohibir la pena de muerte a nivel federal, aunque eso en la práctica solo tendría un efecto simbólico y serían los estados los que tendrían que seguir el ejemplo para que realmente las ejecuciones se detuvieran. “Sería un final de presidencia apropiado y humano si Biden llevase a cabo su promesa e intentase eliminar la pena de muerte para los crímenes federales. Ese esfuerzo recordaría a la nación que esta práctica es inmoral, inconstitucional e inútil como manera de frenar la criminalidad”, decía el New York Times hace unas semanas en su editorial.

Biden también aprobó una moratoria cuando llegó al poder, pero solo buscaba ganar tiempo para estudiar los protocolos que se utilizaban, e incluso durante este periodo se condenó a muerte al autor del tiroteo racista en un supermercado de Buffalo.