La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha rechazado que el alto tribunal pueda abrir causa contra su jefe, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Sánchez Conde dice que si bien la competencia sí es de la Sala de lo Penal, no procede abrir ninguna investigación porque no hubo acto delictivo y por tanto debe archivarse el procedimiento.

En el escrito de 45 páginas la 'número dos' del Ministerio Público expresa que la polémica nota de prensa que envió la Fiscalía a los medios con datos del correo entre el abogado de Alberto González Amador (pareja de Ayuso) y el fiscal que lo investigaba por un fraude a Hacienda "forma parte del trabajo ordinario" de los profesionales "sin que ello suponga estigma alguno o quiebra del derecho de defensa". Tanto González Amador como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) se querellaron contra la Fiscalía por considerar que se había quebrado una línea infranqueable al hacerse pública una conversación entre el investigador y el investigado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió que el responsable último de esta nota remitida a los medios era García Ortiz y ha solicitado al Supremo su imputación.

"Dar a conocer la cronología de los hechos y de los correos electrónicos [en la nota de prensa] era especialmente necesario para el Ministerio Fiscal, puesto que al alterar varios medios de comunicación su orden temporal se pretendía confundir a la opinión pública al variar radicalmente el papel de la Fiscalía", señala Sánchez Conde.

A su juicio, desde el momento en el que el fiscal de Delitos Económicos que estaba investigando al novio de Ayuso interpuso la denuncia en los juzgados de Madrid (entre el 5 y el 7 de marzo de 2024) "múltiples e ignotas personas pudieron tener acceso a esa denuncia", por lo que inferir que fue la Fiscalía la que filtró el procedimiento es equívoco, dice. De hecho, añade que "más de doce fiscales y cuatro funcionarios tenían acceso a esa dirección genérica de correo electrónico de la Sección de Delitos Económicos".

A continuación, reproduce una por una muchas de las noticias que fueron publicadas la noche en la que 'El Mundo' dijo que la Fiscalía había retirado el pacto a González Amador por "órdenes de arriba". Distintas noticias en la que se rebatía esta versión hasta que la mañana siguiente el Ministerio Fiscal envió el comunicado oficial.

Como en algunas de ellas se podía leer que la informaicón venía de "fuentes próximas a la defensa" no entiende cómo en el procedimiento que se abrió en el Tribunal Superior madileño el abogado de González Amador no ha sido llamado a declarar. "Nadie ha cuestionado que el contenido de la nota informativa difundida con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid el día 14 de marzo se corresponda fielmente con lo acaecido ni que los datos e informaciones que contenía fueran verídicos y exactos", reza Sánchez Conde.

Pero, la 'número dos' pone el acento en la información de 'El Mundo' que inició todo: "Si el contenido del correo electrónico enviado por el fiscal del asunto al letrado del Sr. González Amador el 12 de febrero de 2024 se publicó por el diario 'El Mundo' a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024, es obvio que no pudo proceder de la Fiscal jefa provincial ni de la Fiscalía Superior ni de la Fiscalía General del Estado. Es más, fue este artículo de prensa el que suscitó el interés de la institución y sus respectivas jefaturas por conocer de primera mano la veracidad de la información que en aquel diario se publicaba, información cuya falsedad quedó poco después contrastada".

La línea argumental del Ministerio Público se basa, por tanto, en dos extremos: por un lado, que la información inicial que desató la polémica no pudo salir de la Fiscalía, y, por el otro, que la nota de prensa que redactaron al día siguiente para aclarar todo el asunto no contenía ningún dato que no se hubiera revelado ya. "En consecuencia, desparecido el carácter secreto o reservado de lo difundido, fruto de la publicación de su íntegro conteniod en diferentes medios de comunicación, parece claro que los hechos no pueden ser típicos", indica.

Reacción virulenta

Sánchez Conde dice que al conocerse la investigación de carácter penal contra González Amador, en el entorno del investigado hubo "una reacción virulenta que puso su foco en la fiscal jefa de Madrid". Reproduce palabras de la presidente de la Comunidad de Madrid quien, explica, "puso en duda la imparcialidad y objetividad de la Fiscalía, además de poner en tela de juicio el recto proceder de la fiscal jefa provincial de Madrid, llegó a deslizar que se trataba de un caso turbio de los poderes del Estado".

"Lo anterior, unido a la falsedad tanto de algunas publicaciones periodísticas como de manifestaciones realizadas desde el entorno de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, hizo imprescindible la difusión de una nota de prensa de carácter institucional que proporcionase a la ciudadanía una información veraz", apunta. Sánchez Conde hace una defensa de la actuación de la Fiscalía para combatir la desinformación y la falta de veracidad de lo que se estaba publicando. Con todo, no cree que pueda haber delito en esto y descarta que el Tribunal Supremo impute a García Ortiz.