La energía verde se considera la solución a muchos de los problemas medioambientales a los que nos enfrentamos. Puede representar un cambio en el paradigma energético y una forma de democratizar la producción de energía y abrir nuevos espacios para la autonomía del consumo por parte de las comunidades locales, pero, en nuestros tiempos, esto se utiliza más a menudo como pretexto por parte de los lobbies capitalistas verdes para sobrepasar la soberanía territorial e instaurar la privatización y la extracción de valor. El caso del Sáhara Occidental es claro: dos tercios del territorio están ocupados por el ejército marroquí desde 1975 y ahora la principal herramienta discursiva de Marruecos para continuar con la ocupación se ha convertido en la transición verde. Es lo que llamamos colonialismo verde.

La invasión de los ex territorios coloniales españoles de Saguia el Hamra y Río de Oro comenzó en noviembre de 1975, pocas semanas antes de que muriera el dictador español Francisco Franco. En los meses siguientes, el ejército marroquí utilizó napalm y una violencia devastadora para ocupar esos territorios y obligó a miles de saharauis a huir y refugiarse en Argelia y luego en Europa. El Frente Polisario, activo desde 1973, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) independiente en febrero de 1976 y, ese mismo mes, el rey de Marruecos firmó un tratado con España y Mauritania en el que ambos anunciaban la anexión de las tierras en las fronteras marroquíes compartidas con Mauritania. Unos años más tarde, Mauritania se rindió al Polisario y retiró su ejército, el ejército marroquí entró en la zona y la ocupó para controlar la costa hasta Guerguerat.

Desde la década de 1980, el ejército marroquí empezó a construir un enorme muro de arena para estabilizar la línea del frente con la zona en la que actuaba el Frente Polisario. Hoy en día, ese muro es el más largo del mundo, con más de 1.700 km de barreras y 7 km2 de zonas minadas alrededor. El coste de mantenimiento y defensa del muro es de 91 millones de euros diarios, lo que supone 637 millones de euros semanales. Para recaudar esta enorme cantidad de dinero, el Reino de Marruecos explota y exporta los recursos saharauis -pescado y fosfatos- y se ha convertido en el mayor mercado de fosfatos, y el segundo de pescado después de China. Estos recursos se venden ilegalmente a través de empresas marroquíes. Los recursos se extraen en un territorio reconocido por el derecho internacional como pendiente de autodeterminación y donde el Reino de Marruecos no tiene soberanía jurídica.

Corrupción

Varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han dificultado la entrada de empresas europeas en el comercio de recursos saharauis. Un tratado de libre comercio de pescado y arena con corporaciones europeas fue sentenciado ilegal por el Tribunal Europeo en 2015; para el Reino Unido eso supuso la salida total del Sáhara Occidental de las empresas británicas hasta 2021. Para evitarlo, Marruecos cambió su estrategia de relaciones internacionales, recurriendo a una diplomacia más agresiva en Europa y en todos los espacios internacionales.

En noviembre de 2022 se destapó un gran escándalo en el Parlamento Europeo: el Qatargate y el Moroccogate. Este escándalo no fue cubierto de forma significativa por los principales medios de comunicación en los últimos dos años, así que aquí va un pequeño resumen… Se ha demostrado que agentes marroquíes han estado corrompiendo a miembros del Parlamento Europeo (MEP) utilizando a un político italiano, Antonio Panzeri, como intermediario. El embajador marroquí en Polonia, Abderrahim Atmoun, y un cómplice de Panzeri, Andrea Cozzolino, son dos figuras centrales de este sistema corrupto internacional. Panzeri con Francesco Giorgi (ex asistente parlamentario de Panzeri) crearon una nueva ONG, con fines supuestamente sedicentemente humanitarios para hacer llegar el dinero marroquí a la cuenta bancaria belga y lavarlos. La policía belga demostró que la mujer de Francesco Giorgi, la eurodiputada griega Eva Kaili, era el centro del escándalo. Francesco Giorgi se encargaba de recaudar el dinero que Atmoun desembolsaba para lograr el favor de los eurodiputados y ejercer presión a favor de los intereses de Marruecos. Kaili actuaba como conexión entre los intermediarios y los eurodiputados, uno de ellos María Arena, una eurodiputada española corrupta, que tenia relaciones con Panzeri.

Panzeri y Giorgi recibieron dinero a cambio de su actividad de lobby y, para completar la corrupción, se les ofrecieron vacaciones gratuitas en Marruecos en costosos complejos turísticos, además de todos los beneficios. Atmoun recibió honores especiales de la monarquía y en una ceremonia también estuvo presente Panzeri. Antonio Panzeri confesó haber recibido 50.000 euros al año junto con Giorgi para promover los intereses marroquíes en el PE a través de su ONG y en él la búsqueda del apartamento de Gorgi la policía encontró 600.000 euros. El dinero se repartía entre los diputados del PE. Algunos de los resultados que Marruecos logrò de esta estrategia de corrupción fueron: la denegación del Premio Sájarov (un premio anual que la UE concede a activistas símbolo de los valores democráticos europeos) a dos activistas saharauis; la aprobación de una resolución contra Argelia; la modificación de un informe europeo sobre violencia y derechos humanos para borrar los casos marroquíes; y un intento de revertir las sentencias contra el tratado de pesca, que prohibía a las empresas de la UE la pesca en las costas de El Aaiún. La corrupción de los eurodiputados en los años 2019-2024 pretendía facilitar estos intercambios ilegales y empezar a vincular el colonialismo verde de Marruecos con la transición verde europea.

Siguiendo esta estrategia, en 2020 se firmaron los Acuerdos de Abraham entre EEUU, Israel, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, consistentes en el reconocimiento cómplice de las ocupaciones de Palestina por Israel y del Sáhara Occidental por Marruecos, y con la mediación del presidente estadounidense Donald Trump. Desde entonces, Israel ha incrementado su comercio con Marruecos, consistente en armas y nuevos drones que Marruecos utiliza en la guerra contra los saharauis y el Frente Polisario. Con las empresas israelíes que explotan la energía solar y la pesca, los saharauis comparten ahora con los palestinos el destino de sufrir directamente la opresión sionista. La zona de interés israelí es el área de Dajla donde construyeron y disponen de una instalación de energía solar y utilizan el puerto para el embarque comercial.

La zona de interés israelí es el área de Dajla donde construyeron y disponen de una instalación de energía solar y utilizan el puerto para el embarque comercial

El recurso más fácil de extraer del Sáhara Occidental es la arena. Debido a la erosión costera, la demanda para su uso en la construcción de playas es enorme, además la arena es igualmente vital en la producción de cemento. En el territorio ocupado del Sáhara Occidental, concretamente en El Aaiún, hay dos instalaciones clave para este fin: Ciments du Maroc, que forma parte del grupo Italcementi, y Lafarge Holcim Maroc, asociada a la francesa Lafarge Holcim Ltd., Lafarge Holcim es el mayor productor mundial de cemento, y la corporación francesa ha colaborado con el Isis en Siria durante años, pagando impuestos al califato islamista.

El ejército marroquí y su administración colonial de los territorios ocupados del Sáhara Occidental ocultan activamente informaciones y datos sobre la explotación de los recursos naturales. No podemos saber el tamaño de los recursos que son extraídos y confiscados por el Reino marroquí y vendidos en el mercado mundial porque el pescado que se pesca en las aguas del Sáhara Occidental se mezcla en los cálculos con el de las aguas nacionales marroquíes, mientras que los fosfatos se venden a empresas internacionales, que han normalizado la colonización desde el principio; el Observatorio de los Recursos del Sáhara Occidental vigila la explotación y elabora informes detallados sobre ella. La mayor mina de fosfatos del Sáhara Occidental es la de Phosboucraa, pero las instituciones marroquíes no publican la cantidad de fosfato que se extrae en ella. En vez de eso, dan mucha publicidad a la energía renovable utilizada para extraer y procesar los fosfatos. La prioridad del Reino en su transición ecológica es suministrar energía estable a su principal capital, la industria minera de fosfatos. Así, la mina recibe el 90% de la electricidad que consume de centrales solares y eólicas.

Esta opresión ha sido denominada por el académico Dominic Boyer “Energopolítica”: se trata de la opresión resultante de la privatización de la tierra y los recursos naturales por parte del sector energético. La exportación de recursos priva de electricidad a los habitantes nativos y racializados.

Desde 2017, el Reino de Marruecos ha invertido rápidamente en el sector de la energía verde, tras darse cuenta de que carecen de reservas de combustibles fósiles y necesitan más energía. En las reuniones de la COP, se presentó astutamente como el país más proactivo en energías renovables de África: Marrakech acogió dos ediciones de la COP y la última fue en 2017. Desde entonces, los proyectos de energías renovables se han multiplicado y se han construido muchas más centrales eléctricas de energías renovables. Marruecos explota tierra, aire y mar en el Sáhara Occidental pese a no tener soberanía sobre él.

En el último año España y Francia han reconocido el plan institucional marroquí para legitimar la ocupación dentro del «plan de autonomía», España ha sido sensible a la voluntad marroquí debido a la presión migratoria que Marruecos está ejerciendo sobre las fronteras españolas.

Una de las empresas españolas pioneras en el sector de la energía renovable es Acciona S.A. Su filial, Acciona Energía, colabora activamente con el Gobierno y las empresas del Marruecos, y desde 2015 está involucrada en proyectos de infraestructuras en los territorios del Sáhara Occidental. Desde 2023, Acciona ha entrado en proyectos para el desarrollo de ocho parques eólicos y un proyecto para una planta de hidrógeno verde en las zonas del Sahara Occidental ocupado de El Aaiún y Bojador. Además, banco privado como el catalán Caixabank ofrece préstamos a Acciona para su desarrollo en el sector del hidrógeno. El Gobierno español también ha establecido una relación con la empresa Acciona, en la contratación de servicios en varias regiones y en la financiación de las actividades de la empresa en Marruecos. Recientemente, en diciembre de 2023, el Consejo de Ministros español aprobó un préstamo reembolsable por un valor máximo de 250 millones de euros a una empresa filial de Acciona.

El pueblo saharaui son 500 mil personas: unas 30-40 mil viven bajo la ocupación militar marroquí y el resto permanece en el campamento de refugiados de Tinduf (capital de la RASD en el exilio) en Argelia y unas decenas de miles están refugiados en Europa.

La energía política se instala a través de las operaciones realizadas por el ejército marroquí contra los saharauis que permanecen en los Territorios Ocupados

El Sáhara Occidental está conectado a la red marroquí a través de la capital, El Aaiún. Está prevista una nueva conexión eléctrica de 400 kV entre El Aaiún y Dajla, y con Mauritania. A través de esta línea eléctrica, Marruecos planea exportar energía renovable a África Occidental. Las exportaciones a la UE se realizarán a través de las conexiones submarinas existentes y previstas con España, Portugal y el Reino Unido. El proyecto británico contempla un interconector submarino de corriente continua de alta tensión de 3,6 GW entre el Reino Unido y los Territorios Ocupados, que generaría energía para satisfacer el 6% de la demanda británica. Todos estos planes se centran especialmente en cortar el comercio energético del primer competidor y enemigo geopolítico de Marruecos en la región mediterránea, Argelia. De hecho, los países de la UE están planeando un nuevo gasoducto desde Argelia a Italia, pero posiblemente preferirían las energías renovables de Marruecos.

Las implicaciones para el derecho saharaui a la autodeterminación son enormes. Estas exportaciones de energía que se planean harían que los mercados energéticos europeos y de África Occidental dependieran parcialmente de la energía generada en el Sáhara Occidental ocupado. La energía política se instala a través de las operaciones realizadas por el ejército marroquí contra los saharauis que permanecen en los Territorios Ocupados, ya que el ejército amenaza con cortar la electricidad cuando quieran en el barrio de El Aaiún, donde vive la mayoría de los saharauis, para que no puedan registrar actos de violencia contra la comunidad.

La Oficina Nacional de Electricidad (ONEE), la empresa estatal marroquí de electricidad y agua, desempeña un papel central en la fusión de los intereses de la familia del rey, así como de los intereses europeos y de los capitalistas globales. En cuanto a los proyectos eólicos impulsados en 2010, el Gobierno marroquí anunció un proyecto para duplicar su producción nacional de energía eólica mediante el desarrollo de 1 GW adicional para 2020. Tenía previsto desarrollar el 40% de esta capacidad adicional dentro de la zona ocupada, según la ONG Western Sahara Resource Watch. Un consorcio de tres empresas -Enel Green Power, Siemens-Gamesa y Nareva Holding (propiedad de la familia real marroquí) - ganó una adjudicación para el desarrollo, diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de las nuevas 5 plantas de energía solar. Dos de ellas están situadas en el Sáhara Occidental: el parque eólico de Tiskrad (300 MW), cerca de El Aaiún, y un parque eólico de 300 MW en Bojador. Como complemento al proyecto energético eólico integrado de Marruecos, la ONEE puso en marcha el parque eólico de Aftissat (200 MW), construido en 2018 y que ha sido ampliado y se encuentra actualmente en una tercera fase de expansión.

Marruecos tiene bastante éxito a la hora de atraer proyectos de cooperación internacional en el ámbito de las energías renovables. La UE ve al país como un socio supuestamente fiable en el norte de África, entre otras cosas por su aparente papel en la lucha contra el terrorismo internacional y por aislar a la UE de los movimientos migratorios. En concreto, el Acuerdo de Asociación Verde UE-Marruecos firmado a finales de 2022 abre nuevas oportunidades para las empresas europeas de energías renovables. Un ejemplo de ello es un proyecto de investigación llevado a cabo por la ONEE e institutos alemanes en Marruecos para estudiar la producción de hidrógeno y amoníaco verde.

La estrategia de Marruecos subraya el lugar que ocupa la energía en la realización de los esfuerzos diplomáticos del Reino para conseguir apoyo a su ocupación en el África subsahariana (especialmente Nigeria), tradicionalmente independentista y pro-Polisario. El objetivo final de esta estrategia es reforzar las relaciones económicas y energéticas con los países africanos a cambio del reconocimiento de su ocupación ilegal.

Hay cientos de empresas extranjeras implicadas en la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental ocupado. Una de las más activas es Siemens Gamesa, porque participa en todos los campos de energía eólica del Sáhara Occidental ocupado. Siemens Gamesa Renewable Energy (Siemens Gamesa) es el resultado de la fusión, en 2017, de Gamesa Corporación Tecnológica y Grupo Auxiliar Metalúrgico, inc. en 1976, y la alemana Siemens Wind Power, su división «verde». Siemens AG es el principal accionista con el 59% del capital e Iberdrola también está dentro con participaciones… los beneficios son enormes, los ingresos anuales en 2018 han sido de más de 10.000 millones de euros. La empresa de energías renovables desarrolla, produce, instala y mantiene aerogeneradores onshore y offshore en más de 90 países; pero lo más crítico es su participación en 5 parques eólicos en los Territorios Ocupados, uno de los cuales proporciona el 99% de la energía necesaria para el funcionamiento de la mina de extracción y exportación de fosfatos de Phosboucraa.
Los intereses de la UE por el hidrógeno están entrando en una nueva fase para el colonialismo verde marroquí, el hecho de que Marruecos pueda explotar los recursos del Sáhara Occidental con tanta facilidad repercute en los costes más baratos para que las empresas inviertan allí. Esto también se refleja en los costes de producción de hidrógeno previstos: en un estudio publicado en marzo de 2023, los científicos marroquíes asumieron que los costes en el Sáhara Occidental eran unas tres veces más bajos que en Marruecos. Paralelamente, la mayoría de las plantas eólicas y solares existentes y previstas están situadas en territorios ocupados, lo que viola el derecho internacional. Los paralelismos con los planes de hidrógeno son evidentes: también en este caso son principalmente empresas europeas como Siemens y Enel las que construyen infraestructuras energéticas en territorio ocupado en cooperación con la potencia ocupante, beneficiándose así de una explotación que viola el derecho internacional.

Uno de los objetivos del proyecto de hidrógeno verde del parque eólico de Dajla sería también minar criptomonedas y gestionar datos utilizando energía limpia, superando así el grave problema medioambiental de la minería de criptomonedas, que es su enorme huella de carbono. Este proyecto implica la construcción de un parque eólico de 900 MW que ocupará más de 10.000 hectáreas y se construirá en varias fases a lo largo de un periodo de 6 años, con un precio previsto de 2.500 millones de dólares. El otro proyecto de hidrógeno verde en la región de Dajla es el de las Dunas Blancas. La superficie del proyecto puede alcanzar las 150.000 hectáreas y su objetivo es producir hidrógeno verde de forma competitiva a escala mundial. El proyecto aspira a alcanzar una capacidad de 10 GW en energía eólica, 7 GW en energía fotovoltaica y 8 GW en electrolizadores.

El 27 de julio de 2023, el Gobierno marroquí anunció que el parque eólico de Bojador (300 MW), propiedad de Enel y suministrado por Siemens Gamesa, estaba funcionando a pleno rendimiento. Al mismo tiempo, se activó la estación transformadora de Bojador II (400/225 MW). Este parque eólico forma parte del contrato antes mencionado ganado por el consorcio Enel Green Power, Siemens Wind Power y Nareva. Bojador II es el cuarto parque eólico que entra en funcionamiento en el Sáhara Occidental ocupado. Los cuatros parques eólicos están vinculados a la empresa Siemens. Los tres ya establecidos son: el parque eólico privado CIMAR de 5 MW inaugurado en 2011, que suministra energía a la fábrica de cemento Heidelberg, el parque eólico Foum El Oued de 50 MW, operativo desde 2013, y el parque eólico Aftissat de 200 MW en funcionamiento desde 2023,todos ellos están formados por molinos de viento suministrados por Siemens.

El 19 de diciembre de 2023 se firmó en Bruselas el llamado Plan de Acción Europeo de la Energía Eólica, que propone 15 acciones clave para reforzar la competitividad de la cadena de valor europea de la energía eólica. La Carta ha sido ratificada por los miembros de la UE y por 300 de las mayores empresas eólicas europeas, entre ellas Siemens Gamesa y ENEL-Endesa, así como por los gobiernos español, italiano y alemán. A raíz de esta iniciativa, la Comisión ha lanzado una convocatoria de subvenciones por valor de 4.000 millones de euros (Fondo de Innovación) con recursos para impulsar la inversión en proyectos de «fabricación de tecnologías limpias».
La Unión Europea sigue promocionando el sector y creando alianzas con Siemens Gamesa a pesar de ser consciente de que la empresa opera en territorio ocupado y, por tanto, viola la legalidad internacional. Según la postura del gobierno alemán, así como la de la Unión Europea y las Naciones Unidas, la situación en el Sahara Occidental ocupado no está resuelta. Las acciones de Siemens Gamesa en el territorio ocupado, al igual que las de otras empresas, contribuyen a la consolidación de la ocupación marroquí del territorio. La actividad empresarial en el territorio saharaui ocupado ha sido objeto de múltiples resoluciones de la ONU sobre el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental ocupado y el derecho de sus ciudadanos a disponer de sus recursos.

Sobre el terreno, es casi exclusivamente una élite exterior la que se beneficia de los proyectos: el operador de los parques energéticos del Sáhara Occidental y socio comercial directo de Siemens y ENEL es la empresa Nareva (propiedad del rey). Los propios saharauis no tienen acceso a los proyectos en su territorio legítimo, especialmente los que viven en campamentos de refugiados en Argelia desde que huyeron de la invasión marroquí. En cambio, los saharauis que siguen viviendo bajo ocupación en el Sáhara Occidental se enfrentan a violaciones masivas de los derechos humanos por parte de la potencia ocupante.

Los saharauis que viven en el territorio ocupado son conscientes de que la infraestructura energética -su propiedad, su gestión, su influencia, las condiciones de su acceso, la función política y diplomática que desempeña- vehicula el poder de la ocupación marroquí

Los saharauis que viven en el territorio ocupado son conscientes de que la infraestructura energética -su propiedad, su gestión, su influencia, las condiciones de su acceso, la función política y diplomática que desempeña- vehicula el poder de la ocupación marroquí y de sus socios corporativos. La ocupación marroquí penetra en la vida cotidiana de los hogares saharauis y determina sus posibilidades a través de (la falta de) cables eléctricos. Los saharauis entienden los cortes de electricidad como un método a través del cual el régimen de ocupación les castiga como comunidad, fomenta la ignorancia de las maniobras militares marroquíes, impide las celebraciones de la identidad nacional saharaui, impone un bloqueo mediático para que las noticias del Sáhara Occidental no lleguen «al mundo exterior» y provoca peligros constantes en su hogar familiar. También reconocen que las energías renovables no son el problema en sí mismas, sino una herramienta del reino colonialista para renovar la colonización de una nueva forma y con nuevas legitimaciones de países extranjeros. Los nuevos proyectos se están construyendo tan rápido que la oposición local a ellos es ineficaz, la lucha decolonial saharaui es más profunda y el objetivo final es la liberación y la autodeterminación; reconocen que las plantas de energías renovables serán bien gestionadas para la buena voluntad de los saharauis en una RASD libre. Como dijo un pescador de El Aaiún en una entrevista sobre los molinos de viento en el mar: «No representan más que una escenificación del viento de tu tierra explotada ilegalmente por los invasores sin ningún beneficio para el pueblo».

Tommaso Marconi es estudiante de ecología política en la Universidad Autónoma de Barcelona y militante anticapitalista en Cataluña y en redes internacionales. Ha participado en los movimientos Viernes por el Futuro y en protestas locales contra la gentrificación y la especulación inmobiliaria. Actualmente es miembro del movimiento internacional End Fossil Occupy.