EH Bildu anunció este jueves un acuerdo con el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar para la cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana. Coloquialmente conocida como ley mordaza por sus detractores después de la modificación que en 2015 realizó el Gobierno popular de Mariano Rajoy con su mayoría absoluta. Esta reforma estaba ya prevista dentro del Plan de Acción por la Democracia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el cual aprobó y anunció hace dos semanas en Consejo de Ministros. Desde Sumar se mostraron satisfechos con el pacto.

En principio, la modificación de la ley orgánica iba destinada al artículo 36, apartado 23, en lo que respecta a la "sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Pero EH Bildu pedía ir más allá. Y así se ha logrado. La portavoz parlamentaria del partido de Arnaldo Otegi, Mertxe Aizpurua, trasladó este jueves en el Congreso de los Diputados que lo acordado con el Gobierno no es la reforma, sino la derogación de la norma mediante la aprobación de una nueva que llevará por nombre de "libertad y seguridad ciudadana". "Es beneficioso para la ciudadanía vasca y la del resto del Estado", recalcó.

En la pasada legislatura, de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, ya hubo un intento de revertir los aspectos más lesivos de esta norma en el Congreso, obteniendo el apoyo del PNV. La ponencia encargada para la revisión del texto llegó incluso a aprobar un informe, pero tras su paso a la Comisión de Interior, precisamente por la negativa de EH Bildu y de ERC, no pudo aprobarse. Entre otros, porque no se incluían reformas como la prohibición a las 'devoluciones en caliente' en las frontera. Tampoco el uso de pelotas de goma como elemento policial para la disuasión, o el acotamiento de la imposición de sanciones administrativas. Estos aspectos ahora se recogerán en la nueva proposición de ley, así como todo lo acordado anteriormente en el texto llegado a ponencia y comisión. Aizpurua ha difundido entre todos los socios de investidura el acuerdo, y espera que a la hora de su registro, sean conjuntamente firmantes de la misma. En principio la presentarán los partidos del Gobierno: PSOE y Sumar. ERC lo ha celebrado también, adelantando su apoyo. El BNG también es proclive.

Para aprobarla será crucial todo el respaldo de los socios, incluidos los republicanos, BNG y Junts, al tratarse de una ley orgánica. Necesitará que los neoconvergentes no se desliguen tampoco del resto de reformas de regeneración a impulsar en los próximos tres años de agotarse la legislatura. "Ya hemos entablado conversaciones. La primera impresión es positiva, pero deben pronunciarse ellos", dijo Aizpurua, que rechazó anticipar si está previsto que salga adelante. Enrique Santiago, de Sumar, compareció después de Aizpurua y tampoco se atrevió "a decir qué va a hacer Junts". "Se dan las condiciones, y hago un llamamiento expreso a Junts. Tienen que estar todas las fuerzas políticas que apoyaron el dictamen", instó Santiago. Podemos, al calor del anuncio, ha considerado que la propuesta es insuficiente.

"Lo que el acuerdo dice [sobre pelotas de goma] es que se va a establecer un reglamento para su extinción. Espero que ninguna fuerza que se dice de izquierdas haga que caiga. Hago un llamamiento a la responsabilidad", dijo Santiago, a sabiendas del "grado en el que estamos" de inestabilidad. "Tenemos que generar un acuerdo acercando distintos puntos de vista", porque es cierto que "siempre se puede ir más allá". "El problema es irlo y dejar que se queden atrás otras fuerzas políticas por algo que no es esencial". Esta "es una nueva oportunidad y no creo que haya muchas más", apuntó el secretario general del PCE, diputado de Sumar.

Al tratarse de legislación orgánica, la mayoría de investidura requiere llegar a mayoría absoluta, que depende de Junts

Sin calendario previsto aún, Aizpurua no atribuyó ni a los Presupuestos Generales del Estado "o a ninguna otra cuestión" el desbloqueo de estos aspectos tan concretos tras meses estancados. "El paso del tiempo a veces ayuda a que se solucionen los problemas. Llevamos muchos meses intentándolo y hemos demostrado que cuando se dialoga con tiempo, con discreción, se consigue una voluntad que antes no había", valoró la portavoz parlamentaria de EH Bildu. "Era un tema pendiente, y que esta legislatura acabase sin un acuerdo sobre mordaza" era intolerable, "pero no lo vinculamos" a nada más, añadió. A la pregunta de si el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska se opone o lo ve favorable, Aizpurua indicó sin precisar que la ley "cuenta con el aval del Gobierno. Lo importante no es el quién, es el qué en esta cuestión". Los socialistas aún no se han pronunciado.

La propuesta en cuatro aspectos

Las novedades respecto al texto anterior radican en la falta de respeto a la autoridad, la desobediencia, las pelotas de goma y las devoluciones en frontera. Para la primera, se propone "acabar con las sanciones injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas, se blinda la libertad de expresión y se establece su cancelación en caso de que la persona acusada se retracte. Se modifica para ello el apartado 4 del artículo 37. La segunda, sobre desobediencia, de darse esa infracción "será leve y se establece que la desobediencia debe ser manifiesta, clara y objetivable, que será sancionable solo cuando esté ajustada a una orden legal, a la legalidad o al ordenamiento jurídico, impidiendo la discrecionalidad sobre requerimientos y sanciones". Esto depende de un nuevo párrafo añadido al mismo artículo 37.

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El tercer punto pactado es la retirada del "uso de las balas de goma, sustituyéndose estos por medios menos lesivos". Se "sustituirán progresivamente" en ese horizonte. Para ello, se añade una disposición adicional nueva, en cuanto a "gestión policial y material antidisturbios". No entraría, según la formación, las balas de 'foam' en este acuerdo. Tampoco que se implementara el uso alternativo de este material. "Pedimos que sea acorde a la legislación internacional, los protocolos de la ONU y que no causen daño irreparable", reivindicó el portavoz de la comisión de Interior, junto a Aizpurua, Jon Iñarritu.

Por último, se da "un plazo de seis meses para abordar la modificación de la Ley de Extranjería, estableciendo como criterios para la modificación, el respeto y la ampliación de la normativa de Derechos Humanos y protección internacional, estableciendo el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión". Para ello, se incluirá una disposición adicional nueva en la norma, ajena a la de seguridad ciudadana. En este caso, se desliga todo completamente de las negociaciones para la modificación del artículo 35 de Extranjería que quiere hacer el Gobierno para empezar a atajar la crisis migratoria. Las conversaciones con el PP y Coalición Canaria avanzan sin aún un consenso trasladado.

Iñarritu profundizó respecto a la "interpretación" que puede hacerse sobre la falta de respeto y la desobediencia. "Como en cualquier otra norma hay margen de interpretación. Ahora hablamos de insultos concretos. En el pasado había casos que rozaban el absurdo. Pedimos que cualquier expresión nimia, en plena situación de tensión, no pueda derivar en sanción". "Cuando se pida disculpas en ese momento de nervios", pedimos que "se elimine". Con ello "pasamos a un escenario completamente diferente", apreció el político vasco.

"Acuerdos por presos de ETA", según el PP

Minutos antes de la comparecencia de EH Bildu, el PP prefirió no valorar el pacto hasta conocerse la oficialidad del mismo por el propio Gobierno, que en estos momentos guarda silencio. El diputado popular Elías Bendodo, comparecía para hacer una valoración del desarrollo de la comisión de investigación de la compra de mascarillas durante la pandemia y por el caso Koldo que se viene desarrollando en la Cámara Alta. Sí recalcó que esto llega tras obtener el tercer grado y la semilibertad los presos de ETA Harriet Iragi Gurrutxaga y Luis Mariñelarena Garciandía. Ayer Alberto Núñez Feijóo advertía que esto es parte de "la letra oculta del pacto encapuchado entre PSOE y EH Bildu, que poco a poco iremos conociendo".

Para Bendodo, lo acordado hoy lo reflejaría. La primera de los que han obtenido ese primer grado fue condenado por asesinar al fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero. También a José María Martín Capena, concejal del PP en Málaga y a Antonio Muñoz en Sevilla, coronel del Ejército del Aire. El segundo, atentó con un coche bomba al que fuese vice lehendakari, Fernando Buesa, y a su escolta Jorge Díez Elorza.