Se ha avanzado un buen trecho, pero la meta no está ni mucho menos conseguida. Es lo que venía a expresar la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, tras anunciar EH Bildu por sorpresa que había alcanzado un acuerdo con PSOE y Sumar para el desbloqueo de la reforma de la ley mordaza. La izquierda abertzale es un socio fundamental para el Ejecutivo —y su arrastra también a ERC—, pero no es el único, y aún queda por tanto negociación por delante.

"Ahora empezamos a hablar con el resto de grupos y veremos cuál es la mejor manera de impulsar la tramitación, si es que hay consenso para poder hacerla", advirtió la número dos del Gobierno este jueves a su llegada a un acto sobre el plan de recuperación en la Escuela de Organización Industrial (EOI), en Madrid.

El acuerdo "se queda muy corto", es un "retoque muy estético", dice Podemos. "Nosotros negociamos, no hacemos adhesiones", advierte Junts

Montero hacía las declaraciones a los medios después de que ERC celebrara que el Ejecutivo haya "cedido" ante las demandas de la izquierda independentista y el PNV asegurara que apoyará el acuerdo para construir una nueva ley de seguridad ciudadana y adelantara que presentará enmiendas para "modular el principio de autoridad". Sin embargo, el pacto no satisface a Podemos, que ve que acuerdo "se queda muy corto", que es un "retoque muy estético", que es una reforma "que lleva la firma del PSOE: un titular muy grande y mejoras muy, muy pequeñitas", según señaló el secretario de Organización y portavoz de la formación morada, Pablo Fernández. Pero el Gobierno, sobre todo, no tiene el apoyo de Junts: "Nosotros negociamos, no hacemos adhesiones".

El acuerdo cerrado por Bildu, PSOE y Sumar [aquí en PDF] supone la redacción de una nueva ley de seguridad ciudadana que supondrá la eliminación "progresiva" de las pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad y rebajará la penalización de la desobediencia, que pasará de grave a leve. Además, se acaba con las sanciones injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas por faltas de respeto a los agentes. El cuarto punto es el compromiso de que seis meses después de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana se abordará la reforma de otra norma, la ley de extranjería, para abordar las devoluciones en caliente. Una nueva disposición deberá "reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional".

"Años" con las negociaciones

Estos eran los cuatro puntos que hicieron embarrancar la derogación de la ley mordaza en la pasada legislatura, precisamente por la oposición de ERC y Bildu. Ahora, esos cuatro aspectos clave —faltas de respeto a la autoridad, desobediencia, devoluciones en frontera y, sobre todo, el uso del material antidisturbios— son los que el Gobierno ha logrado desbloquear con la izquierda abertzale, en un acuerdo hecho público este jueves por sus diputados Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu.

El pacto con Bildu aborda las faltas de respeto a los agentes, la desobediencia, las devoluciones en caliente y el relevo "progresivo" de los proyectiles de goma. El Ejecutivo aduce que Bildu ha rebajado objetivos

Montero, en sus declaraciones a los medios, recordaba que el Gobierno lleva "años" intentando impulsar la derogación de los aspectos más lesivos de la ley mordaza, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en 2015. A pesar de que el texto decayó en la pasada legislatura, las conversaciones con los grupos para sortear esos cuatro obstáculos siguieron, precisó. Y ahora se ha cerrado con Bildu un acuerdo. "Desconozco el motivo por el que hoy [por este jueves] ha querido hacerlo público", señaló la vicepresidenta primera. En el Ejecutivo reconocen plenamente el acuerdo, en su integridad, pero defienden que ha sido Bildu quien ha elegido el momento de sacarlo a la luz, en buena medida, creen, porque sentían que era por ellos por quienes no salió adelante el texto ya muy ultimado la pasada legislatura.

Montero subrayó que el acuerdo recoge la "eliminación progresiva", no automática, de las pelotas de goma, una matización que considera importante. Su sustitución será posible, alegó, porque las tecnologías posibilitan el uso de material antidisturbios menos lesivo.

En cualquier caso, "ahora empieza el momento importante", porque la ley ni siquiera ha empezado a tramitarse. Es decir, que hay que construir la norma de cero. Aprovechando todo lo pactado con los grupos la pasada legislatura, pero con la diferencia, muy sustancial, de que entonces Podemos sí estaba en el Gobierno y ahora no y también que en este mandato es imprescindible el concurso de Junts, que ya dijo este jueves que ellos defienden la derogación de la normativa del PP y que de esa posición no se han "movido". Los posconvergentes apuntaron que presentarán sus propias enmiendas a la propuesta que anunciaron Bildu, PSOE y Sumar.

Montero sostiene que Interior ha dado el visto bueno a todos los cambios pactados con Bildu y que ERC hace suyos. El PNV apoya el acuerdo pero presentará enmiendas para "modular el principio de autoridad"

La vicepresidenta aseguró que los cambios pactados cuentan con el beneplácito del Ministerio del Interior, que en la legislatura pasada mostró su rechazo a la eliminación de las balas de goma. "Por supuesto" que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska es el que "tiene que dar el visto bueno a cualquier modificación en el ámbito de su competencia", subrayó.

Fuentes del Ejecutivo insistieron en que Interior sí dio su ok al acuerdo e incidieron en que ha sido Bildu quien ha "modulado su posición". Pero que se haya llegado al acuerdo con Bildu no quiere decir, advirtieron, de que la ley ya esté desbloqueada, porque falta negociar con el resto de los grupos, uno a uno. Con ERC no habrá problema —"Nos alegramos del acuerdo de Bildu porque también es nuestro acuerdo y porque pueden trabajar sin un ecosistema político y mediático profundamente tóxico basado en el histerismo y en el reparto de pureza", reivindicó el portavoz republicano, Gabriel Rufián—, pero sí con Junts y con Podemos.