Declararse en huelga de alquiler no es legal, pero eso no ha detenido a muchos inquilinos que, ante subidas desmesuradas de los precios y condiciones abusivas, optan por dejar de pagar como medida de protesta. ¿Qué pasa entonces? Pues bien, aunque los caseros pueden tomar medidas legales, como llevar a los inquilinos a juicio, los procesos judiciales pueden alargarse y no siempre resultan sencillos para el propietario.

Qué pasa si los inquilinos dejan de pagar el alquiler

En Madrid, ya hay casos de inquilinos que han decidido parar los pagos. No lo hacen por capricho, sino como una manera de frenar alquileres que suben más de lo que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) prevé. Esa ley, por ejemplo, establece un aumento máximo del 3 % anual, pero algunos arrendadores han ido mucho más allá, aprovechando vacíos legales o subterfugios para incrementar los precios sin freno.

Y claro, ¿qué otra opción les queda a los inquilinos? Negociar, desde luego, no siempre funciona. Los inquilinos argumentan que se enfrentan a incrementos abusivos y cláusulas poco claras. Ante la falta de soluciones efectivas, algunos inquilinos deciden parar de pagar. Esto, aunque es ilegal, se ha convertido en una medida de presión hacia los grandes caseros, como los fondos buitre.

¿Cómo se justifica una huelga de alquiler?

En otros países, como Estados Unidos, la huelga de alquileres puede ser una opción legal si hay razones de peso. Por ejemplo, si el propietario no está cumpliendo con sus obligaciones de mantenimiento o no ofrece unas condiciones mínimas, los inquilinos pueden depositar el alquiler en el juzgado o en un fondo común hasta que el problema se resuelva. En España, sin embargo, no tenemos esa posibilidad. Aquí, quien deja de pagar se enfrenta a un juicio por impago, que eventualmente puede terminar en desahucio.

Eso sí, los procesos judiciales en nuestro país no son rápidos. Entre el papeleo, los retrasos y la saturación de los tribunales, pueden pasar años antes de que el propietario consiga desalojar al inquilino. Esto hace que muchos caseros, sobre todo las grandes empresas, opten por negociar antes de ir a juicio. Al final, las huelgas de alquiler, aunque ilegales, acaban funcionando como un arma de presión social y económica.

Huelga en Madrid

En Madrid, por ejemplo, el sindicato de inquilinos ha organizado huelgas parciales o totales de alquileres. En algunas zonas, como en bloques gestionados por grandes fondos como Nestar-Azora, los inquilinos se han visto ante incrementos escandalosos. De alquileres iniciales de 760 euros se han pasado a precios de 1.100 euros al mes, y los caseros intentan cargar a los inquilinos gastos adicionales como el IBI o el seguro de impago. Ante este panorama, más de 8.000 personas decidieron dejar de pagar su alquiler parcialmente, esperando que sus caseros se vean forzados a negociar.

Un problema sin solución clara aunque el Gobierno ha prometido medidas para proteger a los inquilinos vulnerables, como la prohibición de desahucios para familias en riesgo hasta 2025, no se ha abordado el tema de las huelgas de alquiler de manera directa. Por ahora, parece que la solución a estos conflictos sigue siendo incierta. Y mientras tanto, las huelgas de alquiler continúan siendo una herramienta, legal o no, para que los inquilinos hagan oír su voz. La pregunta es cuánto tiempo más seguirá esta situación antes de que las leyes se adapten a la realidad.