La difícil negociación con Junts: el Gobierno ya no se marca fecha para sacar adelante la senda fiscal

Todo pasa por Junts. Todo empieza y acaba por ellos. Desde el minuto uno de la legislatura. Sobre todo, en temas sensibles y con foco mediático. Antes fue la ley de amnistía, ahora, la senda de estabilidad, la puerta de entrada de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno decidió la semana pasada retirar de la circulación los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2025-2027 apenas 48 horas antes de que fueran votados por segunda vez en el Congreso, y los metió en boxes para intentar acercar posturas con los posconvergentes. Por el momento, la negociación continúa y el Ejecutivo ya ni siquiera se marca una fecha tope.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se limitaba a señalar este jueves a los medios su confianza en acordar y presentar una nueva senda fiscal "en las próximas semanas". Sin más precisión. Sin fijar ningún deadline.

Octubre está atravesado por el congreso de Junts, y a finales de noviembre se celebrará el de ERC. Sánchez sí dijo que esperará a que pasen ambos cónclaves para presentar los Presupuestos de 2025

Porque ahora mismo no lo hay. Fuentes del Gobierno señalan que querrían cerrar un acuerdo con Junts cuanto antes, pero "todo depende de ellos". Son ellos los que tienen la sartén por el mango. En el equipo de Montero aseguran que no querrían estirar la negociación hasta diciembre, pero tampoco garantizan que pueda sellarse un pacto con la formación de Carles Puigdemont en octubre, un mes atravesado por el congreso de los posconvergentes: será el último fin de semana, el del 26 y 27 en Calella (Barcelona), y hacia lo que camina el partido es a la entronización del expresident de la Generalitat. El presidente, Pedro Sánchez, solo avanzó la semana pasada desde Nueva York que esperaría a que pasaran los congresos de Junts y ERC —este está programado para el 30 de noviembre— para llevar las cuentas de 2025 a la Cámara baja, lo que de entrada implica que habrá una prórroga automática y mínima de los PGE en vigor, los de 2023, dado que la tramitación parlamentaria se come de dos a tres meses. Siempre y cuando haya luz verde, cosa nada por segura.

Pero los Presupuestos vendrán después. Ahora, lo que es objeto de conversación es la senda fiscal. Y desde Hacienda rechazan adelantar detalles de las negociaciones. Prefieren no dar pistas para no soliviantar a Junts. Se quedan en que su posición de partida es de máximos e inasumible por el Ejecutivo. Los posconvergentes, ya lo adelantaron la semana pasada, reclaman que los objetivos de déficit se repartan por tercios. Es decir, que si el desvío presupuestario permitido para todas administraciones en 2025 es de un 2,5%, entonces comunidades, ayuntamientos y Gobierno central deben tener un déficit cada uno del 0,8%.

Hacienda rehúsa adelantar detalles de las negociaciones para no soliviantar a Junts. Los posconvergentes piden que el objetivo total de déficit del Estado se reparta por tercios

Según la senda aprobada por el Consejo de Ministros —tumbada en julio por Junts, PP y Vox—, el reparto era de un 2,2% para el Ejecutivo de Sánchez (más dos décimas para la Seguridad Social), un 0,1% para las CCAA y equilibrio para los ayuntamientos. Unas metas más flexibles para gobiernos autonómicos y municipios que la senda vigente —casi 12.000 millones de euros más para todo el periodo—, pero muy lejos de las pretensiones de los de Puigdemont. Cada décima más de margen suponen 1.500 millones de euros, según los cálculos de Hacienda, así que pasar del -0,1% de déficit a -0,8%, siete décimas más, supondría, solo para las CCAA, 10.500 millones más que tendría que recortar el Estado.

Una "oportunidad" que el Ejecutivo quiere "aprovechar"

El Gobierno sí asume que el acuerdo con Junts pasará por otorgar más capacidad de gasto a comunidades y ayuntamientos (y menos al Estado), pero no avanza hasta dónde está dispuesto a llegar. No precisa cuál es su tope. Fuentes de Hacienda se limitan a expresar que ahora "se ha abierto la oportunidad para hablar con Junts" y la van a "aprovechar".

El Ejecutivo asume que si hay acuerdo con Junts pasará por otorgar más capacidad de gasto a comunidades y ayuntamientos, lo que implicará que el Estado se lo recorte

Si finalmente cuaja el acuerdo con los posconvergentes y se cambia el reparto del esfuerzo fiscal entre administraciones, entonces la nueva senda tendría que pasar forzosamente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que reúne a Hacienda con los consejeros autonómicos del ramo y en el que el Gobierno central dispone de la mitad más uno de los votos. El siguiente paso es la aprobación del acuerdo por el Consejo de Ministros y, a continuación, el trámite en Congreso y Senado. Si, por el contrario, no hubiera pacto con Junts, el Gobierno no tendría que pasar de nuevo por el CPFF —la senda no habría cambiado—: del Consejo de Ministros pasaría a las dos Cámaras. Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, es necesario que los objetivos de déficit y deuda se aprueben o bien se rechacen por dos veces para saltar a la siguiente pantalla, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

Por el momento, la negociación continúa "con discreción", sostuvo Montero ante los periodistas antes de participar en la clausura de unas jornadas en Madrid sobre el impacto del plan de recuperación en las pymes. "Confiamos en poder presentar una senda que efectivamente tenga capacidad de contar con el visto bueno de la gran parte de los grupos", indicó la vicepresidenta, que de nuevo interpeló al PP para que dé su visto bueno a la senda fiscal, sobre todo porque sus comunidades se abstuvieron en julio en el CPFF, cuando esta hoja de ruta fue sometida a aprobación por el órgano.

La vicepresidenta señala que no hay urgencia para aprobar la nueva senda, porque CCAA y municipios que quieran elaborar sus presupuestos pueden hacerlo con la senda vigente, más restrictiva para ellos

Pero si no hubiera acuerdo, "pues tendremos que volver a la senda antigua", la vigente, la que contiene unos objetivos de déficit más exigentes para autonomías y municipios. Montero precisó que no hace falta que la nueva senda se apruebe ya para que los gobiernos autonómicos y locales puedan elaborar sus propios presupuestos. Las CCAA y corporaciones municipales que quieran redactar ya sus cuentas para el próximo año, explicó, tendrán que confeccionarlas con arreglo a los objetivos de estabilidad vigentes, más restrictivos: las comunidades deberán alcanzar así una décima de superávit en 2025 y 2025, y los ayuntamientos, anotarse un ahorro de un 0,1% el año que viene y de un 0,2% el siguiente.

La senda de estabilidad llegará al Congreso, por tanto, cuando haya fumata blanca o bien cuando el Gobierno constate que no hay posibilidad de pacto con Junts. No hay más indicativos por el momento. Las negociaciones con los posconvergentes siempre revisten una complejidad máxima y predecir el final es tarea casi imposible también para el propio Ejecutivo.