La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado este lunes la investigación del juez Juan Carlos Peinado, pero ha acotado el alcance del 'caso Begoña Gómez' para dejar al margen todo lo relacionado con Globalia y el rescate del Gobierno a Air Europa. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid podrá seguir investigando lo relativo tanto al empresario Juan Carlos Barrabés como al máster de la universidad Complutense de Madrid de la mujer del presidente del Gobierno.

"La instrucción no deja de ser un procedimiento vivo, que no puede quedar anclado a los hechos inicialmente denunciados como cometidos", sostienen los magistrados en la resolución a cargo del juez Enrique Jesús Bergés de Ramón. Como ya hizo en su anterior decisión en mayo, la Audiencia regional divide la causa en tres grandes bloques. El primero, relacionado con la concesión directa de una subvención a Begoña Gómez (que resultó ser un bulo) y el segundo, sobre el rescate de Globalia, son los que deben quedar apartados de la investigación. Así lo indicaron también en su momento. El tercero, relativo a Barrabés y a las subvenciones públicas a sus empresas que se dispararon desde el momento en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, es el que puede seguir adelante.

Los togados afean a Peinado las palabras que dejó por escrito en julio alegando que lo que estaba bajo investigación "son todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el Presdiente del Gobierno". Esa redacción "no puede admitirse", dicen, "en tanto en cuanto se redacta de una forma tan genérica e imprecisa que no se ajusta a los resuelto". Esto supone un tirón de orejas a Peinado para que no haga de esto una causa general.

El esfuerzo investigador debe dirigirse hacia Barrabés "excluyéndose de la investigación los hechos relativos a Globalia en tanto no surjan hechos realmente nuevos y de signo incriminatorio", reflejan. Así pues el caso queda centrado en un posible delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios, si bien hay que añadir el cuarto bloque, sobre el software que Gómez pidió crear a empresas del Ibex-35 que, en principio, también sigue adelante.

La UCO no ha dicho que no vea delito

El recurso que había planteado el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, indicaba que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no había encontrado irregularidades en el proceso de adjudicación de los contratos públicos a Barrabés. Pero, la Audiencia Provincial corrige y dice que "esta conclusión nada tiene que ver" con la que, en realidad, apuntó el Instituto Armado puesto que a Innova Next S.L. (la empresa de Barrabés) se le adjudicaron entre 2021 y 2022 hasta 11 contratos públicos con distintas administraciones por un valor de 21 millones de euros.

Además, otro argumento que utilizaban era el de que la Fiscalía Europea se hubiera llevado a su jurisdicción parte de esos contratos al estar afectados por fondos europeos y que, por tanto, toda la investigación había perdido el objeto. Pero los magistrados matizan que la Fiscalía comunitaria se llevó "tres concretos expedientes" así que todo lo demás sigue en manos de Peinado.

En cualquier caso, la Audiencia recuerda que estamos en la fase de instrucción, es decir, toca practicar todas las diligencias que sean necesarias y no delimitar exactamente los hechos delictivos. Esa sería una hipotética fase de juicio. "Cuando se interpone una denuncia o querella y se admite a trámite, lo habitual es que el juzgado cite a declarar al investigado ante el juez de instrucción. Esto no significa que esa persona hay acometido un delito, ni que vaya a ser acusada por ello, sino que el juezgado tiene la obligación de investigar", reiteran.