Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado acredita los pagos de 'la trama de Koldo' al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, que estuvo años en los Servicios de Información y que fue detenido el pasad o 3 de marzo cuando se marchaba a la embajada de Venezuela donde iba a hacer la labor de agregado. Los agentes han rescatado conversaciones en las que Koldo García recurría al agente para averiguar si el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, estaban pinchados.

"Algunas de las solicitudes de Koldo revestían un carácter de alta sensibilidad como pretender conocer si el teléfono del Presidente del Gobierno o del que fuera Ministro de Fomento [Ábalos] estuvieran intervenidos", dice el informe de la UCO, al que ha tenido acceso El Independiente. Villalba, supuestamente, dijo literalmente que Koldo "en alguna ocasión llegó a pedirme si el teléfono del presidente del Gobierno y el que fue ministro de Fomento José Ábalos estaban pinchados a lo que se dijo que no podíamos hacer nada".

Los investigadores han analizado dos teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles y un pendrive de Villalba, además de los productos bancarios de él y de su esposa. Destacan que desde 2008 hasta 2023 él había estado destinado de forma ininterrumpida en funciones de Servicio de Información por lo que tiene "un profundo conocimiento" de técnicas policiales, además de grandes relaciones con los agentes de servicios homólogos. "El rol desempeñado durante estos años por Rubén le hacía acreedor de manejar informaciones de alto interés para el servicio sujetas a clasificación de seguridad", indican.

Esta ayuda por parte del comandante no era gratis. Según los agentes, "Rubén habría recibido una contraprestación económica cuya finalidad primordial era asegurar la protección y continuidad de la presunta organización criminal, mediante dos ejes fundamentales". Se trata de, por un lado, garantizar la seguridad interna de los miembros de la red corrupta "lo cual comprendía tanto la salvaguarda de sus comunicaciones como su seguridad personal"; y, por otro lado, facilitar la seguridad externa "que consistía en proteger los actos de corrupción propios de la operativa delictiva esgrimida por la supuesta organización".

El 20 de febrero de 2024 se desató la 'operación Delorme' que, posteriormente, se ha bautizado como el 'caso Koldo'. Fueron detenidas 14 personas y se llevaron a cabo 26 entradas y registros sobre una red de empresarios y trabajadores del Ministerio de Transportes que están acusados de amañar contratos de mascarillas y cobrar comisiones ilegales por ello. En juego hay delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.