El Consejo de Ministros aprobó el martes la licitación del concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, más conocido como Muface, para los años 2025-2026. Es un modelo prestado actualmente por Adeslas, Asisa y DKV, que permite a los trabajadores públicos recibir asistencia sanitaria en la sanidad privada. El Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública ha ofrecido una subida en la prima del 17,12%, por encima del 14% que había propuesto inicialmente a las aseguradoras. Pero estas no están convencidas.

"Al final tenemos un sistema que se está sosteniendo en el compromiso de los profesionales y de los centros sanitarios, pero con una financiación que es absolutamente insuficiente", criticó el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, en declaraciones a Europa Press. La subida propuesta se reparte en un alza del 16,5 % para 2025 y del 0,62 % en 2026. La la prima media anual por asegurado se situará en 1.208,81 en 2026, lo que supone un aumento de 176,69 euros respecto a los 1.032,12 euros actuales.

El Estado, según los cálculos de las entidades privadas, ahorra 900 millones al año con ellas y, si no se prorrogase, supondría un impacto en las cuentas de la Seguridad Social. Los ciudadanos adscritos por sus profesiones a las mutualidades pueden elegir libremente si quieren ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud (SNS) o por una entidad aseguradora con cobertura similar.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se congratuló en rueda de prensa de haber ofrecido "la mayor subida de toda la historia" a las aseguradoras. "Estamos hablando de 2.681 millones de euros, que son 300 millones más que el anterior", abundó. Y todo a pesar de que Sumar, el socio de Gobierno del PSOE capitaneado por Yolanda Díaz, defiende acabar progresivamente con este sistema nacido en los años setenta, para que los trabajadores públicos sean atendidos íntegramente por la sanidad pública.

Según el Circulo de la Sanidad -que agrupa a empresas proveedoras del sector- la oferta del Gobierno está "muy por debajo de las peticiones de aseguradoras" y "amenaza con dinamitar este sistema de colaboración público privada por infrafinanciación y falta de sostenibilidad". Las compañías piden una subida del 38%. Actualmente, las entidades ofrecen cobertura a cerca de 1,5 millones de personas; no solo funcionarios en activo, sino también los funcionarios jubilados y sus familiares.

En este sentido, aseguran que la cifra ofrecida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez es "incompatible con una atención al paciente de calidad y muy alejada del gasto sanitario real de un paciente público". El último estudio de la Fundación IDIS refleja que la prima per cápita pública ha crecido un 53% (1.736 euros) en los últimos diez años, mientras que la de las mutualidades lo ha hecho solo en un 32% (1.013 euros).

"Esta diferencia entre ambas cápitas implica que las aseguradoras estén trabajando, de forma continuada, por debajo del coste del servicio, con unas pérdidas cercanas a los 200 millones de euros, lo que pone en peligro su solvencia futura", advierten. Además, avisan de que ese "desajuste se ha visto además agravado por el efecto de la inflación, la ampliación de prestaciones, el envejecimiento de los beneficiarios, el efecto Covid-19 y las inversiones en tecnología y equipamientos".  A lo largo del trienio comprendido entre 2022 y 2024 calculan pérdidas de 429 millones de euros.

Óscar López ministro Senado
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. | EUROPA PRESS

También ponen el foco en que el trasvase de funcionarios al SNS "incrementará el gasto sanitario de forma abrupta" (723 euros más por paciente). Algo de lo que deberían hacerse cargo los presupuestos de las Comunidades Autónomas. "Tensionará, además, a cotas insostenibles la atención primaria y especializada, sobrecargando a sus profesionales y disparando las listas de espera, sobre todo en consultas externas e intervenciones quirúrgicas", rematan desde el Círculo de la Sanidad.

La ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar-Más Madrid), aseguró que Muface es un "subsistema anacrónico", pero finalmente ha dicho que "no está encima de la mesa" poner fin al modelo. Algunos expertos señalan la necesidad de acabar con este sistema. "No parece justo ni igualitario que haya un colectivo privilegiado por parte del mayor empleador del país, con acceso a servicios y condiciones de sanidad privada mientras que el resto de los españoles tenemos que conformarnos con la pública y si no nos parece adecuada, quienes puedan pagar, además un seguro de salud privado", dice Carlos Higueras, profesor de EAE Business School.

En su opinión, "es evidente que el sistema de Muface es mejor para los asegurados porque es el elegido por más del 80% de los funcionarios que tienen derecho a ello, no es casualidad", añade. Además del concierto de Muface, está pendiente de renovar también la mutua de los militares (Isfas) y la del personal de la Administración de Justicia (Mujeju).

¿Qué puede pasar a partir de ahora? Las aseguradoras tienen un plazo de 25 días para responder a la propuesta del ministerio que dirige Óscar López. Cómo máximo, el desenlace debería conocerse el día 5 de noviembre. "Seguramente llegarán a un acuerdo porque ni el Estado quiere enfrentamientos con sus funcionarios y los sindicatos ni las aseguradoras de Muface quieren perder un pastel tan goloso que cobra primas por 1,5 millones de personas", concluye Higueras. En caso contrario, serían las aseguradoras las que podrían declinar acudir al concierto.