Pedro Sánchez ha aprendido de la precipitación de sus decisiones en los primeros cuatro meses de Gobierno. Tras pedir la dimisión de dos ministros por sospechas de irregularidades en su actividad fiscal (Máxim Huerta) y en su formación (Carmen Montón), el jefe de Ejecutivo decidió decir basta ya y sostener a los miembros de su gabinete. Algo similar ocurre ahora con la venta de armamento a Arabia. Tras su rápida decisión de desautorizar a su ministra de Defensa, Margarita Robles, que quería cancelar el contrato de bombas láser a Arabia y entregar esas armas, Sánchez impone ahora "prudencia" hasta tomar una decisión.
Así lo explican fuentes del Gobierno, que justifican el silencio del presidente del Gobierno en la necesidad de esperar a que la Unión Europea decida una respuesta coordinada el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado árabe en Estambul y la decisión de Alemania de no vender más armas al país wahabí hasta que se aclaren las circunstancias de esa muerte.
Pedro Sánchez ha querido evitar la precipitación en este caso y ha impuesto "prudencia" en su Ejecutivo hasta que se conozca la respuesta de los países de la UE, especialmente Francia, cliente preferente de Arabia Saudí, así como de la reacción de las propias autoridades saudíes después de que la investigación realizada por Turquía concluyera que el crimen del periodista en el consulado de Arabia en Estambul fue un "asesinato salvaje en un acto planificado".
La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, con los votos de PSOE y PP y la abstención de Ciudadanos, pedir al Gobierno que suspenda la venta de armas a Arabia Saudí. A cambio, ha abogado por reforzar los controles del material exportado a otros países para garantizar que no se utiliza vulnerando los derechos humanos ni la legislación internacional.
Los diputados socialistas y populares han unido así sus votos para rechazar diversas iniciativas de PDeCAT, ERC, Unidos Podemos y Compromís que pedían paralizar las relaciones comerciales en materia de armamento con Arabia Saudí por su implicación en la guerra de Yemen y tras la muerte del periodista Yamal Khashoggi en el consulado de Estambul.
El diputado del PSOE Antonio Gutiérrez Limones ha pedido “prudencia y esperar a conocer los hechos” antes de tomar decisiones unilaterales, como ha hecho Alemania anunciando la paralización de las ventas a la monarquía del Golfo Pérsico. “España es un país que cumple con sus compromisos internacionales, las decisiones que se tomen tendrán que ser colectivas en el seno de la Unión Europea”, ha defendido.
Además, ha recordado las consecuencias que esta decisión podría tener en el contrato de compra de cinco fragatas a Navantia por importe de 1.800 millones de euros y ha preguntado a PDeCAT, ERC y Compromís si su postura sería la misma si el astillero estuviera ubicado en Cataluña o la Comunidad Valenciana en vez de en Cádiz. El diputado sevillano ha asegurado que tanto el Gobierno como el grupo Socialista están “consternados” por el asesinato del periodista saudí y han hecho un llamamiento para que el crimen sea investigado y los responsables juzgados.
La presión de un sector del Ejecutivo y del PSOE andaluz hicieron que el presidente se decantara por mantener el acuerdo armamentístico con Arabia para no poner en peligro el encargo de cinco corbetas a Navantia por valor de 1.800 millones de euros que garantizan 6.000 puestos de trabajo en el astillero de San Fernando hasta 2022. Por su parte, la ministra de Defensa alegaba que esas bombas de precisión se podrían utilizar para bombardear Yemen “contra población civil”, como ocurrió en el ataque contra un autobús con niños en ese país a primeros de agosto. Fuentes conocedoras de la crisis diplomática que generó la anulación del contrato aseguran que se cerró de forma irregular y sin ninguna transparencia por el ex ministro del PP Pedro Morenés.
En este contexto, Sánchez comparecerá este miércoles en el Congreso a petición de Unidos Podemos para dar explicaciones sobre “la autorización de exportación de armamento a Arabia Saudí”. En ese debate, Iglesias pedirá al presidente del Gobierno que siga el ejemplo de Alemania y anule la venta de 400 bombas de precisión láser del ejército español, devuelva los 9,2 millones de euros abonados por este material y deje sin efecto el contrato firmado entre España y el país saudí en enero de 2015, algo inviable tras su entrega.
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