"El Gobierno escucha con atención" ha asegurado Pedro Sánchez este lunes desde Barcelona, después de que 22.000 personas se manifestaran el domingo por las calles de Madrid reclamando vivienda digna y asequible. En respuesta, el presidente del Gobierno ha prometido más recursos y una nueva regulación para hacer frente a la crisis de la vivienda, que le ha servido para pasar de puntillas sobre las polémicas revelaciones del 'caso Ábalos' que asedian a su Gobierno.

Sánchez se ha referido a la "situación compleja" que atraviesa el mercado de la vivienda, con "una oferta escasa, en muchas ocasiones de calidad deplorable" para advertir que "si no reaccionamos la sociedad española acabará dividida entre propietarios ricos e inquilinos pobres". En este contexto, el presidente ha asegurado que la vivienda es una "prioridad absoluta" de su ejecutivo, y ha prometido la puesta en marcha de un nuevo paquete de 200 millones de euros para sufragar el bono alquiler para jóvenes.

Si no reaccionamos la sociedad española acabará dividida entre propietarios ricos e inquilinos pobres"

También una nueva regulación "para evitar fraudes en los contratos alojamiento turístico y de temporada". Una medida que vienen reclamando con insistencia tanto desde el Sindicato de Arrendatarios como sus socios de Sumar o ERC, que intentó regularlo en Cataluña con una ley que ha corregido el Tribunal Constitucional -tras recurso del PP- por excederse en las competencias de la Generalitat.

Barcelona como ejemplo

Sánchez ha reivindicado también que su Gobierno ha multiplicado por ocho la inversión en vivienda, hasta los 20.400 millones de euros y las regulaciones ya aprobadas para "proteger la vivienda pública de la especulación. Pero todo esto no es suficiente", ha reconocido, porque "la vivienda sigue siendo un más un drama que un derecho".

En este ámbito el presidente del Gobierno ha puesto como ejemplo las políticas aplicadas en Barcelona, donde rige desde hace año y medio la limitación a los precios del alquiler y el Ayuntamiento de Jaume Collboni ha prometido acabar con las licencias turísticas en cinco años. Sánchez se ha referido a la reducción de los precios del alquiler que avanzó hace unos días la consejera del ramo del Govern de Salvador Illa, datos que no han sido pormenorizados por la Generalitat y que ponen en cuestión los portales inmobiliarios.

Sánchez ha reclamado a gobiernos locales y autonómicos que sigan "el ejemplo de Barcelona" y "apliquen la ley" impulsada por su Gobierno, "que ofrece herramientas a ayuntamientos y comunidades autónomas" para luchar contra la subida de precios del alquiler. Una clara alusión a los gobiernos del PP que se han negado a implementar las "zonas tensionadas" para poner topes al precio del alquiler.

En vivienda "no hay baritas mágicas, pero es una buena ley que donde se aplica funciona" ha asegurado el presidente del Gobierno, que ha ensalzado también el compromiso de la Generalitat de Salvador Illa, quien ha anunciado la construcción de 50.000 viviendas protegidas. "Es la senda que tenemos que seguir todas las administraciones" ha asegurado, "ojalá todas las administraciones autonómicas y locales lo entiendan así".

Ruido de la oposición

Sánchez no ha dedicado ni un minuto a responder a las acusaciones de corrupción en su Gobierno derivadas del 'caso Ábalos' pero sí ha señalado el "ruido y la frustración" de una oposición a la que ve falta de proyectos alternativos al del PSOE. En el marco de unas jornadas de debate internacional organizadas por el Grupo Prisa, Sánchez sí ha advertido de que la democracia "cede terreno a escala global víctima de la desinformación que polariza debate público".

Una desinformación que "es la receta de los que no tienen nada que ofrecer, el ruido y la polarización es lo único que les queda". Frente al ruido, ha añadido, "vamos a ofrecer proyecto de país" para que en "2027 España sea un país mejor, más próspero, más avanzado y más unido en lo social y lo territorial".

Ha sido lo más cerca que ha estado Sánchez de articular una defensa ante las últimas revelaciones de la UCO sobre el 'caso Ábalos', que han elevado ostensiblemente la presión sobre su Gobierno. Presión que ha explicitado el PP esta mañana con la presentación de una querella contra el PSOE por los presuntos de delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias de lo que ya han bautizado como la "trama Sánchez". Los populares hablan de "autopistas de corrupción". Del tronco central que supone el 'caso Koldo', cuelgan otras derivadas como el viaje de Delcy Rodríguez; la trama de los hidrocarburos; las actividades profesionales de Begoña Gómez y las de David Sánchez, "que tienen un nexo de unión y es el mismo presidente", según subrayó ayer la secretaria general popular, Cuca Gamarra.

La posibilidad de nuevas revelaciones en torno a un caso cada vez más ramificado, también les sirve de argumento para aparcar la hipotética presentación de una moción de censura, incluso aunque fuera solo de carácter instrumental. "No estamos en eso para nada", aseveran fuentes próximas al líder del PP, quien, por su parte, admitió el pasado sábado que si bien "nunca ha habido tantas razones para una moción de censura, nunca ha habido tanta obediencia de los socios" gubernamentales y parlamentarios de Sánchez, con un reproche muy específico contra el PNV por mantener su apoyo "a un gobierno corrupto".