La red de corruptelas que los tribunales están tejiendo al rededor del Gobierno comienza a ser tan amplia que impide avanzar con normalidad al presidente Pedro Sánchez. Las explicaciones que se han dado sobre el presunto tráfico de influencias de su esposa Begoña Gómez ("no hay nada") o las relativas al papel del exministro José Luis Ábalos en el 'caso Koldo' han sido escasas o inexistentes y esto empieza a entorpecer prácticamente todas las comparecencias públicas de los miembros del Ejecutivo. Los próximos meses no serán mucho mejores, según avanzan distintas fuentes judiciales porque se espera la declaración como investigado del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o la imputación del exsecretario de organización del PSOE, entre otros muchos flecos que pueden opacar cualquier otro movimiento político.

Empezando por lo último, esta semana el chaparrón ha caído sobre el jefe del Ministerio Público. Si su figura ya era cuestionada por la oposición, considerado como una extensión de la exministra de Justicia Dolores Delgado, la imputación de García Ortiz por parte del Tribunal Supremo ha sido el impulso definitivo para que el PP se arroje contra él en tromba. Su dimisión la han pedido desde el propio Alberto Núñez Feijóo, pasando por dos de las tres asociaciones de fiscales y una parte de la cúpula de la Fiscalía. Él, por el momento, aguanta y el Ejecutivo ha cerrado filas para que su permanencia no se vea afectada.

Habrá que ver cómo aguanta García Ortiz la presión que, es seguro, seguirán ejerciendo sobre él para que dé un paso a un lado mientras la Sala de lo Penal del alto tribunal lo considera sospechoso de haber filtrado unos correos privados relacionado con la causa por defraudar a Hacienda abierta contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Que el instructor de su investigación Ángel Luis Hurtado –que es, por cierto, el que se opuso a que Mariano Rajoy testificara el la 'Gürtel'– lo llamará a declarar como investigado se da por hecho. Y ese mal trago atravesará por completo la política.

Todas las miradas están puestas en si al jefe del Ministerio Público lo defenderá la Abogacía del Estado o se buscará un abogado particular como ya hizo en el recurso que también está pendiente de resolverse sobre la legalidad de su nombramiento. La Sala Tercera del mismo tribunal tiene en la cola de trabajo un recurso contra la designación por parte del Gobierno del fiscal general del Estado una vez el Poder Judicial lo consideró "inidóneo" para el cargo. Un fallo desfavorable podría enviarlo a la casilla de salida (su puesto como fiscal en el Supremo), pero una sentencia desfavorable en la Sala de lo Penal podría implicar desde cárcel hasta inhabilitación.

Más allá de su declaración, algunas fuentes presentes en investigación sobre la pareja de Ayuso (Alberto Gonzalez Amador) creen que el juez podría requerir a los servidores de Google o del Ministerio de Justicia los correos del jefe de la Fiscalía para esclarecer si fue él quien filtró a la empresa los datos reservados. Un movimiento que fuentes fiscales califican de un "peligrosísimo precedente" si llegara a producirse.

Será la misma Sala, la de lo Penal, la que tenga que enfrentarse en las próximas semanas al 'caso Koldo'. El titular del Juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, está a punto de elevar una exposición razonada contra para solicitar la imputación del exministro de Transportes que es aforado en el Congreso de los Diputados. La Fiscalía Anticorrupción dice que "resulta difícil entender la operativa [de corrupción de mascarillas] sin Ábalos" y ha apoyado su citación. Este procedimiento puede durar varias semanas de agonía en las que el Gobierno vea cómo primero el juez Moreno se dirige al Supremo, luego el Supremo a la cámara baja, ésta de nuevo al alto tribunal aceptando el suplicatorio y ya a partir de entonces el que fuera hombre fuerte socialista tenga que ir a declarar como imputado.

Mientras, sigue en prisión otro empresario clave de la trama, Víctor de Aldama, que ha aparecido en una segunda operación de corrupción relacionada con un fraude de hidrocarburos que ha llegado a estafar al fisco más de 180 millones de euros. En los pasillos de Génova se fantasea con la idea de que Aldama, que tenía pase vip al ministerio con mayor presupuesto de todo el Gobierno, tire de la manta. Por el momento se conforman con ver cómo un supuesto trabajador del empresario asegura de forma anónima que llevó bolsas de dinero a Ferraz (la sede del PSOE) con comisiones.

Con esos mimbres han construido la querella presentada ante la Audiencia Nacional que la Fiscalía Anticorrupción ya ha propuesto inadmitir. El partido que dirige Alberto Núñez-Feijóo considera que puede haber un delito de financiación ilegal en ese relato y lo ha denunciado ante el mismo juez que ha metido a Aldama en prisión para ver si encuentra conexión entre los hechos. Este magistrado, Santiago Pedraz, deberá pronunciarse en los próximos días. De abrir la causa sería un torpedo en la línea de flotación socialista, aunque distintas fuentes judiciales ven complicado que esto llegue a ocurrir si no afloran más indicios.

Pero el talón de Aquiles del presidente sigue siendo la investigación que se cierne contra su esposa desde mitad de este año. El bautizado como 'caso Begoña Gómez' lleva algunas semanas de relativa paz después de que entre junio y julio el juez Juan Carlos Peinado realizara diligencias de mucho calado como la declaración de la investigada, la cita del propio presidente del Gobierno o la imputación tanto del rector de la Universidad Complutense como del empresario Juan Carlos Barrabés. Lo previsible es que en unas semanas vuelva a haber un empujón en este asunto porque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debe aún presentar un informe con el análisis del móvil y del ordenador de Barrabés que será muy esclarecedor para entender hasta dónde ha llegado el supuesto tráfico de influencias que ha rociado al empresario de contratos públicos.

Las posibilidades de apartar a Peinado de la causa son cada vez más reducidas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó el pasado viernes la querella que había interpuesto Sánchez contra él por obligarle a declarar de forma presencial en lugar de por escrito como decía que era su derecho. Sólo queda la opción de que acepten la otra querella que había puesto Gómez por delitos de prevaricación y revelación de secretos, pero esta ni siquiera la apoyaba la Fiscalía, mientras que la de Sánchez sí.

El otro frente que rodea al Presidente en su nudo familiar con la Justicia es el de su hermano David Sánchez, que también está siendo investigado en un juzgado de Badajoz por haber evadido impuestos y engañado supuestamente al Ayuntamiento para el que trabaja (con la connivencia de los funcionarios o sin ella) para figurar en un puesto laboral que, en realidad, no ocupaba totalmente. Esta línea de investigación puede llegar a cruzarse con la de Aldama, pues el empresario hizo varias transferencias bancarias desde Elvas, el pueblo portugués donde vive el hermano del presidente.

La mano de este empresario está también tras el rescate de Air Europa y la visita fallida de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España, según la Guardia Civil. Por el momento esto está solo plamado en un documento de la UCO, pero los agentes han pedido abrir una línea de investigación más que aclare este asunto. Una apertura más que se incorporaría a la constelación de casos que giran en torno al presidente y que han descarrilado la política en los tribunales.