El real decreto ley que impulsará el Gobierno de España para renovar el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española permitirá a los socialistas controlar la corporación durante los próximos seis años, en caso de que consiga que sus socios de investidura apoyen al presidente que propongan desde Moncloa para comandar la corporación.

En caso de no conseguir la mayoría parlamentaria suficiente para conformar el nuevo Consejo, se reserva la fórmula de nombrar un administrador único provisional, tal y como se recoge en el borrador de la norma, al que ha tenido acceso El Independiente.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, anunció este martes en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros la intención del Ejecutivo de poner fin a la crisis de gobernanza que vive la corporación desde 2022, mediante un decreto que necesitará ser ratificado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

El texto prevé una modificación de la actual normativa para ampliar el Consejo de Administración de RTVE de 10 a 15 miembros; y alterará el actual equilibrio de fuerzas entre el Congreso y el Senado. Hasta ahora, la Cámara Baja elegía al 60% de los consejeros de la corporación, frente al 40% del senado. El decreto propone alterar el peso hasta el 73 - 27%,

En la propuesta legal se justifica la 'urgencia' del procedimiento en la imposibilidad de alcanzar un pacto con la oposición parlamentaria para cubrir la vacante existente en el órgano de gobierno de RTVE -la de su presidente, José Manuel Pérez Tornero, dimitido hace dos años- y ante la necesidad de dotar de estabilidad a este medio público.

Asimismo, se incide en que se otorgará mayor peso al Congreso ante la necesidad de garantizar una mayor "pluralidad política e ideológica" en el Consejo de la corporación. Fuentes parlamentarias dan por seguro que la estrategia pasará por ofrecer vocales a todos los grupos que apoyaron la investidura de Sánchez, a cambio de que estos respalden su plan para controlar RTVE. De ahí -afirman- que se haya ampliado el número de consejeros.

A partir de ahora, el puesto de vocal estará mucho mejor remunerado. Hasta ahora, tan sólo cobraban una dieta por la asistencia a las reuniones que no superaba los 1.000 euros. Ahora, estarán sometidos al régimen de retribuciones e incompatibilidades de los altos cargos de la Administración.

La sombra del administrador único

Óscar López lamentaba en su comparecencia de este martes la inestabilidad que ha vivido la corporación durante los últimos años y citaba la etapa de Rosa María Mateo, quien ejerció de administradora única. Sin embargo, llama la atención que el decreto ley contemple esta figura en caso de que no se alcance la mayoría absoluta necesaria para nombrar a los 15 vocales.

Otro aspecto relevante -y que permitirá reforzar el control de Moncloa sobre RTVE- es que el texto refuerza al presidente en el ejercicio de su puesto y debilita el poder del Consejo. Es decir, del órgano colegiado en el que se toman las decisiones de la corporación.

En adelante -y siempre que se apruebe esta norma-, el presidente tendrá la potestad de nombrar a los directivos de la corporación y no será necesario el respaldo del Consejo. También conservará la competencia de firmar contratos por un importe de hasta 2 millones de euros sin someterlos a votación del órgano de gobierno de RTVE.

RTVE y la industria audiovisual

Hay que tener en cuenta que RTVE cuenta con 1.200 millones de euros de presupuesto anual y que reparte cientos de millones entre productoras. Dentro del sector audiovisual, hay empresas que tienen más cercanía a los gobiernos de uno u otro color, así que en función de la orientación del equipo directivo de cada medio público se nutre a una u otra parte de la industria. De ahí que la decisión que ha tomado el Ejecutivo este martes también pueda tener impacto en el sector.

El decreto también rompe con el espíritu que intentaron inyectar los partidos de 'la nueva política' en los medios públicos, dado que descarta la posibilidad de elegir al alto mando de la corporación mediante un concurso público, al igual que se intentó en 2018.

En caso de que esta propuesta normativa se apruebe, serán los grupos parlamentarios los que propongan a sus candidatos para el Consejo, según la ley, teniendo en cuenta su perfil profesional y su experiencia. En otras ocasiones, eso ha derivado en la elección de periodistas de un marcado perfil ideológico, de ahí, precisamente, que hace más de un lustro se reformara la ley para intentar despolitizar el nombramiento de los consejeros y someterlo a un concurso de méritos.

Sea como sea, la el Gobierno propone la destitución de los cuatro consejeros con mandato en vigor hasta 2027, que son Concepción Cascajosa, Elena Sánchez, José Manuel Martín Medem y Roberto Lakidain.

Los partidos podrán volver a proponerlos para un mandato de seis años, al igual que sucede con los que estaban en funciones: Carmen Sastre, Jenaro Castro, Consuelo Aparicio, Juan José Baños y Ramón Colom. En caso de que los grupos opten por esta opción, percibirían como vocales una retribución de alto cargo de la Administración, al contrario que durante los últimos 3 años.

Control de los medios públicos

Conviene recordar que el control de los medios públicos ha sido prioritario para el Ejecutivo desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Su primer decreto, en 2018, sirvió para intentar solucionar otra crisis de gobernanza en la corporación.

En aquel verano, se intentó designar un "Consejo de Administración provisional" que iba a prestar servicio hasta que se resolviera el concurso público para elegir al 'definitivo'. El texto también contemplaba la posibilidad de designar un administrador único en caso de que no se alcanzara la mayoría parlamentaria suficiente para nombrar a los 10 vocales de RTVE.

Dado que esto último no fue posible, se eligió como gestora plenipotenciaria a Rosa María Mateo, quien ostentó ese puesto durante casi 3 años. Los episodios que se desarrollaron hasta su nombramiento no estuvieron exentos de polémica, dado que el 'Consejo Provisional' no tomó posesión por una extraña equivocación en una votación de una diputada socialista.

Ese error permitió al PSOE nombrar a Mateo y hacerse con el poder absoluto de RTVE. A tenor de ese precedente, fuentes de la oposición parlamentaria advierten sobre el peligro que implica el que el actual real decreto ley contemple un administrador único en caso de que el Parlamento no alcance un acuerdo para elegir al nuevo presidente.