Es la pesadilla que no cesa. Convive en el miedo, se paraliza en la vergüenza y en ocasiones lo frena un injusto sentimiento de culpa. En ese pozo oscuro el silencio sigue imponiéndose. Las más valientes han dado el paso, las demás continúan armándose de valor. Denunciar puede ser la libertad, también el final, lo ha sido para muchas. En España el drama de las agresiones y abusos sexuales no deja de crecer, de salir a la luz. Es la lacra que en nuestro país, sólo en la última década, impide dormir a cerca de 61.000 víctimas.

Son las que desde 2008 han tenido el valor de denunciar a su agresor, muchas de ellas en varias ocasiones. Los datos que maneja el Gobierno hablan por sí solos, el problema sigue ahí pero, al menos, la conciencia para denunciarlo parece avanzar poco a poco. Hace una década la suma de denuncias por agresión y abuso sexual recogidas en las comisarías españolas rondaron las 6.750 mientras que el año pasado se alcanzó la cifra más elevada de la serie, con algo más de 8.700, es decir, un 30% más. El repunte de denuncias es evidente desde 2015 y en especial en los dos últimos años, cuando casos como el de ‘La Manada’, ocurrido en julio de 2016 y que marcó un antes y un después, y la movilización sin precedentes de los colectivos feministas han incrementado las reivindicaciones en favor de la defensa de las mujeres.

Sólo el año pasado 3.041 menores de edad denunciaron ser víctimas de un abuso o agresión sexual en España

En lado más oscuro de este drama es el de las víctimas menores de edad. Las denuncias en los últimos años no dejan de crecer. Sólo el año pasado, según datos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el resto de cuerpos policiales, 3.041 niñas y niños denunciaron haber sido víctimas de una agresión o abuso sexual. Si sumamos los casos desde 2008 de víctimas menores de edad las cifras se disparan hasta algo más de 24.500.

Menos agresiones, más abusos

El miedo a denunciar estas agresiones parece que empieza a romperse. En la última década en España 61.457 personas interpusieron una denuncia de este tipo, casi a partes iguales por un supuesto caso de agresión –media violencia- o de abuso sexual. Es significativo en cambio la evolución del tipo de denuncia que se constata en esta última década. Cae la agresión prácticamente en la misma proporción en la que crecen los casos de abuso. Mientras en la primera las denuncias han disminuido un 40%, en las segundas han aumentado un 43% en estos diez años.

La presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, asegura que en realidad ese cambio en el perfil de las denuncias no es del todo real, “no se pude concluir que hay menos agresiones”, asegura: “Y no es así, existen más casos de violación en estos últimos cinco años que antes”. Afirma que “lo que está ocurriendo es que, como en el caso de ‘La Manada’, los jueces están condenando mucho más por abusos que por agresión”. A ello suma que aún existen demasiados casos que ni siquiera salen a la luz por el temor a denunciar que persiste: “Son muchas las mujeres violadas que ni siquiera se atreven a contarlo en casa. Si a todo eso sumas lo que está sucediendo, que ven que tras atreverse a denunciar por violación, con el riesgo que en muchos casos conlleva, a los agresores sólo se les condena con penas bajas por abuso…”.

En 2017 se alcanzó la cifra más elevada de denuncias de la última década, 8.700, un 30% más que en 2008

La presidenta de una de las asociaciones que desde 1985 ha luchado en la defensa de las mujeres y la denuncia de las agresiones sexuales y de género considera que es momento de abordar de modo definitivo una profunda modificación del Código Penal que evite la diferenciación entre abuso y agresión: “Se debería hablar de violación, hay que retomar ese camino que se abandonó al cambiar el Código en 1995 para retirar el concepto de violación”. Estrella recuerda que, en nuestro país, la sociedad, las víctimas y la ciudadanía en su conjunto “conciben cualquier ataque a una mujer como una violación, nadie dice que ha sido una agresión. Nada cambia por el hecho de que el agresor no pudiera consumar la violación”.

Actualmente en el Código Penal se establece que si ha mediado violencia en el ataque y no ha existido consentimiento de la víctima se trata de una agresión sexual, penada con entre uno y cinco años, y con hasta seis y 12 años de prisión si ha existido penetración. En cambio, el delito de abuso sexual, en el que no se puede acreditar la existencia de violencia, -como dictaron los jueces en el caso de ‘La Manada’- la pena oscila entre uno y cuatro años de prisión o entre cuatro y 10 años si ha existido algún tipo de penetración.

Andalucía y Madrid, a la cabeza

Blanca Estrella defiende que se vuelva a modificar el Código Penal, “tenemos que recuperar el término violación, ya”: “No se puede andar diferenciando delitos, buscando las palabras más finas para los agresores. Hasta que no incluyamos la palabra violación en el Código Penal los jueces no se lo tomarán en serio, ahora tienen para elegir entre agresión y abuso, y qué casualidad que siempre se decantan por el abuso”. Señala que durante el último encuentro que mantuvo con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ésta le trasladó su disposición a estudiar la petición para actualizar el Código Penal. “Yo la veo concienciada con este tema y espero que haga algo”, señala.

Andalucía es la comunidad autónoma con más víctimas de agresión y abuso: 1.526 sólo el año pasado. Una de cada tres denuncias es una acusación por agresión, si bien en todas las provincias andaluzas las denuncias por estos ataques a mujeres con violencia han disminuido. No así en el caso de los abusos sexuales, que crecen en todas las provincias, excepto en Huelva.

Tras Andalucía figura Madrid, con 1.383 casos en 2017, de los que en casi seis de cada diez se trataron de abuso y el resto agresión. En este caso, como en el resto de España. Las víctimas por agresiones con violencia física han disminuido de modo considerable, frente a las de abusos, que se han elevado significativamente. La comunidad Valenciana es la tercera en número de víctimas, con 1.052 casos, de los que 721 fueron tipificados de abuso y 331 de agresión.