Llegó a establecer enero de 2023 como fecha de apertura pero, camino de los dos años de aquella fecha, ya ni siquiera está en el horizonte la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla. El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares ha vuelto a esquivar la pregunta que le persigue desde entonces. El socialista ha reconocido que España sigue a la espera del plácet de Marruecos, que ha aplazado "sine die" el que debía ser uno de los principales hitos del histórico cambio de posición del Gobierno de Pedro Sánchez en el contencioso del Sáhara Occidental, alineándose con Rabat.

"Con respecto a las aduanas, es un compromiso firme que Marruecos ha reiterado en varias ocasiones. Estuvimos haciendo pruebas que, por nuestra parte, fueron completamente concluyentes. Por lo tanto, no es necesario hace más pasos de prueba para ello. Estamos simplemente analizado el momento y seguimos hablando con Marruecos para intentar abrir esas aduanas tanto en Ceuta como en Melilla", declaró Albares a última hora de este jueves en una entrevista en el Canal 24 Horas.

Unas declaraciones vagas que evitan ya establecer un calendario que no existe y que depende exclusivamente de la voluntad de la monarquía alauí. La aduana de Melilla permanece cerrada desde 2018 y la de Ceuta sería de nueva creación. Marruecos se ha negado hasta ahora a proceder a su apertura alegando “problemas técnicos”. Pedro Sánchez en su viaje del pasado febrero no logró desbloquear la parálisis.

La nueva hoja de ruta de las relaciones hispano-marroquíes tenía como principal objetivo garantizar la seguridad y evitar la asfixia económica que sufren las ciudades autónomas, especialmente alarmante desde la crisis sanitaria del Covid-19. En la declaración conjunta que selló la reunión de Sánchez con Mohamed VI en Rabat el 7 de abril de 2022, ambos países se comprometían a trabajar por “la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías” así como el restablecimiento “de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo”.

En sus declaraciones públicas desde entonces, Albares ha insistido en que el deshielo de los lazos serviría para garantizar la integridad territorial de España, citando a las ciudades autónomas, las Islas Canarias y Andalucía. El ministro nunca ha elaborado esas declaraciones recurrentes y las supuestas amenazas.

Desde Rabat se han rebajado desde entonces las expectativas. “Marruecos puso fin en 2019 a una aberración que era este atípico 'comercio' entre los presidios de Ceuta y Melilla [como el oficialismo marroquí denomina a las ciudades autónomas] y sus alrededores”, apunta a El Independiente Abdelmalek Alaoui, presidente del Instituto Marroquí de Inteligencia Estratégica y cercano a los servicios de seguridad del reino. “No veo ninguna mención a Sebta o Melilla en ninguna de las declaraciones oficiales ni de Marruecos ni de España. La posición marroquí sigue siendo la misma”, agregó a propósito de la reclamación histórica de ambas plazas por el régimen marroquí.

El Gobierno rehúye las preguntas sobre Pegasus

Entretanto, el Gobierno rehúye las preguntas sobre un espionaje a sus ministros con Pegasus que apunta hacia Marruecos. El Ejecutivo no acudió este jueves a la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, donde debía responder a preguntas sobre el presunto espionaje a través de Pegasus, en un "grave incumplimiento" de sus obligaciones, ha denunciado la presidenta de la Comisión, Edurne Uriarte.

Tras el debate de cuatro proposiciones no de ley, el orden del día de la Comisión debía continuar con la respuesta del Gobierno a siete preguntas de los grupos, pero nadie del Ejecutivo acudió, lo que ha provocado las críticas de PP y de Vox, informa Efe. Ante esta situación, Uriarte anunció que pedirá el amparo de las Mesas del Congreso y del Senado por esa "incomparecencia deliberada" y por una situación "insólita" y sin precedentes, aunque recordó que en otra ocasión el Gobierno no acudió a la Comisión de Seguridad Vial.

"Considero que es un incumplimiento de las obligaciones constitucionales", alegó Uriarte antes de explicar que el Gobierno había recibido la convocatoria "en tiempo y forma", pero además "se hicieron gestiones telefónicas durante varias semanas para facilitarle que respondiera a esas preguntas".

En concreto, el Ejecutivo estaba citado para responder a cuatro preguntas sobre Pegasus, una sobre la "injerencia" rusa en Cataluña, otra más sobre las situación de Ceuta y Melilla y otra sobre la amenaza de los flujos migratorios a la Seguridad Nacional. Rafael Hernando, del PP, calificó de "insólita" esta situación, que supone un "desprecio clarísimo" del Gobierno a una comisión en la que están representados diputados y senadores.

Por el PSOE, Víctor Javier Ruiz de Diego justificó la ausencia porque la secretaria de Estado de Defensa estaba de viaje y la ministra Margarita Robles no podía. "Si hubieran traído al último escalafón, hubiera sido objeto de burla y escarnio", enfatizó. Ruiz de Diego indicó que las preguntas "siguen vivas" y "no se pierde el derecho de que sean en su momento contestadas".