El "cordón sanitario" impuesto por los partidos catalanes a la extrema derecha es uno de los pocos argumentos que consiguen reunir a PSC y Comunes con el bloque independentista de Junts, ERC y la CUP. Un argumento que sirvió en la legislatura pasada para excluir a Vox de cualquier cargo institucional, más allá de los escaños otorgados por la urnas, y que en la presente legislatura amenazaba con repetirse.

Esta vez, sin embargo, los de Ignacio Garriga han recurrido el reparto inicial de presidencias de las comisiones parlamentarias para ocupar las dos presidencias que les corresponden como quinta fuerza de la cámara, y denuncian la resistencia del PSC a ceder la presidencia de la Comisión de Consolidación de Textos Normativos, otorgada a Vox por un acuerdo de la Mesa el 30 de septiembre.

Las primeras comisiones se constituyeron en julio, excluyendo a Vox pero el partido recurrió esta decisión ante la Mesa presidida por el independentista Josep Rull, que acordó revisar el reparto para otorgar dos presidencias a los de Garriga. Dos comisiones de bajo peso político, que Vox todavía no ha decidido si presidirá. Pero sí forzar la votación de los dos presidentes a propuesta del partido.

Resistencia del PSC

Para llegar a ese punto, sin embargo, primero es necesario que los presidentes de esas comisiones renuncien al cargo. Ya lo ha hecho la diputada de Junts Sonia Martínez, que presidía la Comisión de Peticiones, para la que Vox ha propuesto como presidenta a Mónica Lora. Pero no así la socialista Natalia Fabián, que preside la segunda comisión adjudicada a los de Garriga.

Fabián sigue percibiendo un complemento mensual de 732,58 euros desde su nombramiento el 17 de julio de 2024, señalan desde Vox. Un suplemento por ostentar la presidencia que ya diputada socialista ya ha recibido durante los últimos tres meses pese a que dicha presidencia debería haber sido transferida a Vox según lo acordado por la Mesa y pese que aún no se ha convocado la comisión.

Tras el acuerdo de la Mesa, Vox registró un escrito solicitando que se diera cumplimiento a lo pactado, proponiendo al diputado Andrés Bello como presidente de la Comisión de Consolidación de Textos Normativos. Sin embargo, hasta la fecha, la Mesa no ha actuado en consecuencia y no ha convocado ninguna sesión para proceder al cambio ni para designar al nuevo presidente.

El pasado mes de septiembre, la Mesa del Parlament acordó la distribución de las presidencias de las comisiones. Siguiendo el principio de proporcionalidad, el reparto atribuyó siete presidencias al PSC y otras tantas a Junts, seguidos por ERC con 4 presidencias, 3 para el PP y dos presidencias tanto a Vox como a los Comunes. Tanto la CUP como Aliança Catalana quedaban fuera del reparto.