Un año y dos meses después de que STC Group, principal operador en Arabia Saudí, irrumpiera en Telefónica desembolsando 2.100 millones de euros con la idea de convertirse en el principal accionista de la operadora, parece que la operación está a punto de aprobarse definitivamente. Y es que el Gobierno español, a través del Ministerio de Defensa (que era el que tenía la última palabra) está cerca de desbloquearla para darle el visto bueno.

Medios como El Confidencial apuntan incluso a que la luz verde podría llegar este martes 29 de octubre, después del Consejo de Ministros, aunque no descartan que la fecha definitiva sea justo una semana después, el 5 de noviembre, el mismo día que señalan desde Vozpópuli. En cualquier caso, el proceso parece que está cerca de culminar más de un año después, tras superar el escudo 'antiopas' que el Gobierno activó en 2020 y ahora quiere extender.

La norma se puso en marcha en marzo de ese año para evitar que las empresas españolas, que habían disminuido su valor en bolsa por culpa de la pandemia, fueran adquiridas por otras compañías extranjeras. De esta manera, recoge que cualquier inversor extranjero que pretenda adquirir más del 10% de capital de una empresa española considerada estratégica necesitará el visto bueno del Gobierno. Esto también afecta a los posibles compradores de la Unión Europea, que son considerados como extranjeros. Bruselas permitió esa restricción a España, pero de forma únicamente temporal por considerar que va contra la libertad de movimiento de capitales en la UE. Y el plazo finaliza a finales de este año.

En el pasado diversos decretos ya ampliaron esa fecha límite, primero hasta 2022 y luego hasta 2024. Y precisamente la semana pasada Carlos Cuerpo, Ministro de Economía, confirmó en una entrevista con Colpisa que el Gobierno prorrogará el escudo 'antiopas' más allá del 31 de dicembre. Cuerpo catalogó esta normativa como "muy equilibrada", y señaló que España cuenta con "buenos datos de llegada de inversión extranjera" algo que "es compatible con proteger los intereses de nuestra industria y sectores estratégicos".

The Objective fue incluso más allá, asegurando que, según "fuentes conocedoras", el Gobierno trabaja en fórmulas legales para hacer permanente el escudo 'antiopas' frente a empresas de la Unión Europea interesadas en invertir en compañías estratégicas españolas.

En el caso de STC y Telefónica, la operación se dividió en dos partes. La compañía saudí compró el 4,9% de manera directa, y pretendía escalar ese porcentaje hasta el 9,9% a través de instrumentos financieros. En un primer momento hubo dudas sobre si Moncloa tenía capacidad de vetar la operación utilizando el escudo 'antiopas', al ser la inversión menor del 10% que se contempla para que el Gobierno pueda bloquearla. Pero como Telefónica es una empresa directamente relacionada con la defensa nacional, el porcentaje necesario para poder actuar se rebajaba al 5%.

El precedente de Talgo

Entre marzo de 2020, cuando se aprobó, y finales de 2023 el Gobierno solo tumbó una operación con el escudo 'antiopas'. Durante ese periodo se estudiaron 264 solicitudes, y tan solo una de ellas fue rechazada (en 2022), mientras que otra operación decayó antes de la resolución del Gobierno (en 2020).

La norma también contempla que el Ejecutivo pueda autorizar una solicitud a cambio de que se pongan en marcha medidas de mitigación. Se trata de un procedimiento similar al que utiliza la Comisión Europea con la imposición de 'remedies' (condiciones) para dar su visto bueno a algunas transacciones. Sucedió recientemente, por ejemplo, con la la fusión de Orange y MásMóvil en España, fruto de la cual nació MasOrange.

En teoría, las medidas que deben ponerse en marcha se estudian en cada caso concreto, porque dependen de las características de cada operación y de las amenazas y vulnerabilidades identificadas. Pero a pesar de ello, la gran mayoría de las operaciones de inversión extranjera en empresas estratégicas entre 2020 y 2023 se aprobaron sin la aplicación de ningún tipo de medida de mitigación de riesgos. En concreto, apenas 24 de esas 264 solicitudes tuvieron que aplicarlas.

Con todo, este año había muchas miradas puestas, además de en la operación de Telefónica y STC, en Talgo. En verano el grupo húngaro Magyar Vagon presentó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para hacerse con el 100% de la compañía ferroviaria pero, esta vez sí, el Gobierno la vetó aludiendo razones de "seguridad nacional".

El propio Cuerpo, que apoyó la decisión, se mostró a favor de que Talgo haya comenzado a negociar ahora con el grupo vasco Sidenor para una posible adquisición. El ministro considera que es "muy positivo que haya intereses del sector privado de grandes empresas en la adquisición de esta participación en Talgo", y asegura que da al Gobierno "mucha tranquilidad". Por ello dice que están dispuestos a "acompañar a la empresa en este proceso".

Una nueva etapa en Telefónica

El movimiento de STC pilló por sorpresa a todos, incluido a Telefónica, y generó una cascada de reacciones que llevó al Gobierno a comprar el 10% de la compañía para proteger los intereses nacionales, puesto que la operadora tiene firmados importantes acuerdos con el Ejecutivo nacional que le dan acceso a datos sensibles de ministerios como Defensa, Interior o Hacienda. La preocupación de que STC pudiera acceder a ellos fue la razón de ese movimiento abrupto. En paralelo, Criteria Caixa, el holding inversor del grupo La Caixa, también escaló su participación hasta un porcentaje del 10%.

Con el visto bueno definitivo del Gobierno, ahora comenzará una nueva etapa en Telefónica. Y entre las muchas incógnitas que hay, una de las más interesantes será saber cómo se constituirá el consejo de la compañía, compuesto actualmente por 15 consejeros. STC tiene derecho a un asiento, y Moncloa y Criteria Caixa quieren tener el mismo número de representantes que Arabia Saudí. Por contra, todo apunta que BBVA podría perder el suyo, y se barajan algunas salidas de consejeros hasta ahora importantes.