El "escándalo Errejón" ha abierto el debate sobre los mecanismos de que disponen las formaciones políticas para detectar y actuar en casos similares. Todos los partidos están obligados a tener un protocolo de actuación contra el acoso sexual y la violencia machista independientemente de las consecuencias judiciales que dichos comportamientos puedan tener. Los de formaciones como PSOE o Sumar son públicos, no así el del PP, al que ha tenido acceso El Independiente, activado a raíz de una denuncia del eurodiputado ultra Alvise Pérez, haciéndose eco de dos casos de presunto acoso del senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, contra dos concejalas, que ellas han negado rotundamente.

El protocolo interno de los populares, del año 2023, -coincidiendo con la aprobación de la ley del "sí es sí"- señala que el acoso sexual "se distingue de las aproximaciones libremente aceptadas y recíprocas, en la medida en que las conductas de acoso sexual no son deseadas por la persona que es objeto de ellas. El carácter laboral se presume al producirse en el ámbito de la organización de la entidad, así como cuando la conducta se pone en relación con las condiciones de empleo, formación o promoción del trabajo. Debe haber ausencia de reciprocidad por parte de quien recibe la acción", lo limita, por tanto, a aquel acoso que se produce dentro de la organización.

"Chantaje sexual" ejercido por un superior

Además, habla de "chantaje sexual", esto es, el producido "por un superior jerárquico o por personas cuyas decisiones puedan tener efectos sobre el empleo y las condiciones de trabajo de la persona acosada. El acoso ambiental es toda conducta que crea un entorno laboral discriminatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de la misma".

En cuanto al procedimiento se inicia por denuncia de la presunta víctima de acoso o testigo del mismo al Director del Departamento de Recursos Humanos o al Canal Ético. "Toda persona que sea objeto de cualquier tipo de acoso o discriminación deberá interponer una denuncia ante dichos órganos inmediatamente", reza el texto al que ha tenido acceso este medio. En ese caso se nombra una comisión instructor formada por tres personas, que recabará de las partes involucradas toda la información, pudiendo establecer medidas cautelares. De confirmarse los hechos, se aplicarán sanciones disciplinarias, conforme a la legislación y estatutos del partido.

El primer código del PP lo elaboró Gallardón y el segundo, Ana Mato, condenada en la Gürtel

El Código Ético y de Conducta del PP ya hacía referencia a este tipo de actuaciones. Bajo el epígrafe de "Principios éticos generales", puede leerse en el punto que todos aquellos que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de dicho Código "actuarán en todo momento con respeto a la dignidad de las personas. El Partido no tolerará ningún tipo de violencia, acoso, abuso o cualquier otra conducta tendente a lesionar los derechos personales de sus miembros o de terceros. La organización promoverá medidas para prevenir esas conductas y garantizar en todo momento un ambiente de respeto e igualdad".

El primer Código Ético del PP data del año 1993 y lo redactó Alberto Ruiz-Gallardón por encargo de José María Aznar. Tres años antes había estallado el escándalo Naseiro, casi coincidiendo con la llegada de Aznar a la presidencia del partido. Dicho texto quedó superado por un Código de Buenas Prácticas, de 2009, a cargo, esta vez de la entonces vicesecretaria general de Organización, Ana Mato, quien fue condenada en 2018 por partícipe a titulo lucrativo en la trama Gürtel, donde estuvo implicado su esposo, Jesús Sepúlveda. Durante los siguientes años este texto va sufriendo modificaciones y adendas hasta llegar al actual Código Ético y de Conducta.

"Situaciones inapropiadas a un espectador objetivo"

En el mismo se establece que el fin no es sólo prevenir prácticas corruptas, "sino también de ser más proactivos en la detección, identificación y prevención de situaciones contrarias a la ley o que puedan parecer inapropiadas a un espectador objetivo, tal y como está demandando en estos momentos la sociedad española".

Todos los empleados y cargos directivos y orgánicos del PP están sujetos al código y "tienen la obligación de conocer y cumplir su contenido, así como de colaborar, en la medida de lo posible, para lograr una sensibilización que conduzca a su implementación efectiva y generalizada". Existe además un Órgano de Cumplimiento Normativo, que es el encargado de comunicar su contenido y de proporcionar los medios que se estimen necesarios para su conocimiento y es el órgano ante el que tienen que comunicar cualquier incumplimiento de las normas. Además, hay un canal interno de denuncias de modo que "la conducta será investigada y, en su caso, sancionada de conformidad con la normativa interna del partido".