La mayoría de la investidura garantizó este martes la tramitación de la proposición de ley para la reforma de la ley mordaza presentada conjuntamente por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG. Una propuesta que pretende suplir la actual legislación del último gobierno del PP, por una nueva Ley de Protección de las Libertades y la Seguridad Ciudadana. A favor de la reforma se posicionó igualmente Junts, cuyo voto será necesario al final del trámite, al tratarse de un texto orgánico que requiere mayoría absoluta. No obstante, Junts ya avanza exigencias. Frente a los 176 votos a favor, se opusieron PP, Vox y UPN con 160 noes.

Como ya se apuntó durante su presentación parlamentaria el 3 de octubre, por parte de la portavoz parlamentaria Mertxe Aizpurua y el portavoz de Interior, Jon Iñarritu, la reforma consta de cuatro ejes principales. Que van más allá de la intención inicial del Ejecutivo de reformar el artículo 36 de la actual ley de Seguridad Ciudadana en lo relativo al uso "no autorizado" de imágenes de los agentes de policía o datos de los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes". Tal y como se propuso Moncloa en los pormenores de su Plan de Acción por la Democracia de septiembre.

Se trata de cuatro aspectos. El primero hace hincapié en la falta de respeto a la autoridad. Se propone "acabar con las sanciones injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas, se blinda la libertad de expresión y se establece su cancelación en caso de que la persona acusada se retracte". Para ello se requiere la modificación del apartado cuatro del artículo 37. La segunda radica sobre la desobediencia. De darse, la infracción "será leve y se establece que debe ser manifiesta, clara y objetivable". "Será sancionable solo cuando esté ajustada a una orden legal, a la legalidad o al ordenamiento jurídico, impidiendo la discrecionalidad sobre requerimientos y sanciones". Para hacerlo posible deberá añadirse un nuevo párrafo al artículo 37.

En tercer lugar, y una de las más respaldadas por la izquierda a la izquierda del PSOE desde el cambio de gobierno, se encuentra la retirada del "uso de las balas de goma". Serán reemplazados por "medios menos lesivos" de forma "progresiva". Se añade una disposición adicional nueva a la ley para ello. No se incluyen las balas de 'foam' en el pacto. Aunque hay margen para matizarlo durante el trámite de enmiendas. Los abertzale solo solicitan en el texto que, ante la posibilidad de ambigüedades, los materiales empleados sean "acordes a la legislación internacional, los protocolos de la ONU y que no causen daño irreparable". Por último, se da "un plazo de seis meses para abordar una modificación de la Ley de Extranjería "para ampliar la normativa de Derechos Humanos y protección internacional, estableciendo el acceso y evaluación de las solicitudes de protección internacional". En lo relativo a las devoluciones en caliente.

Más allá de la propia votación, que inicia los tiempos con carácter urgente, la jornada estuvo marcada por la protesta de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil a través de sus sindicatos. Consideraron "un autentico despropósito" los cambios pactados, dado que consideran que supone la pérdida del principio de autoridad. En la manifestación, marcada por la lluvia, estuvieron presentes la exdiputada de Vox, Macarena Olona, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre otros.

Precisamente desde PP y Vox han lanzado duras críticas contra el Gobierno y EH Bildu por esta reforma. Miguel Tellado, portavoz popular, utilizó su turno para calificar de "despreciable" estos cambios. Para él, los de Arnaldo Otegi se han cobrado "su precio más apetitoso" al "rebajar la protección a un colectivo que siempre han tenido en el punto de mira". Lo hizo en referencia a ETA y su actividad violenta durante décadas, al considerarse las reivindicaciones políticas de los abertzale las mismas y al existir vinculaciones de algunos de sus cargos con la banda terrorista.

"Aizpurua ha pasado de ser la voz de una banda terrorista a través de un medio de comunicación a ser la voz del Gobierno de España". Es "la misma persona que halagaba a los gudaris que, según ella, iban a la guerra contra la Policía y la Guardia Civil, es ahora la que decide cómo debe protegerse a estos agentes". "Debería darles vergüenza", exclamó mirando a la bancada socialista.

Por su parte, desde Vox, el diputado Ignacio de Hoces atribuyó el carácter de "inseguridad ciudadana" a la nueva ley, fomentada por "los herederos políticos de los terroristas". El Gobierno "abandona a su suerte a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Y el PSOE "desmantela el orden público" para asegurarse los Presupuestos del próximo año, dijo. Coincidió en gran parte con Alberto Catalán, de la UPN. Que además dijo que [Fernando Grande-] Marlaska, con ello, "se lava las manos".