¿Falló la prevención?, ¿los controles internos?, ¿los protocolos de actuación?... son muchos los interrogantes surgidos ante el escándalo en torno a los abusos machistas del ex diputado Íñigo Errejón, a pesar de haberse encendido en su momento las luces de alarma, tal y como admitió tanto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como la dirección de Más Madrid, con la ministra de Sanidad, Mónica García, al frente. Ambas han entonado un mea culpa por no haber advertido la magnitud de lo que se escondía tras el personaje, hasta el punto de admitir Díaz que "hemos llegado tarde. Errejón no debió ser nunca ni diputado ni portavoz".

Todas las formaciones políticas están obligadas a tener un protocolo contra los abusos y la violencia sexual en aplicación, entre otras, de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del "sólo sí es sí". En cada partido recibe un enunciado diferente. "Protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual por razón de sexo y/o cualquier otra circunstancia personal o social", reza el del PSOE, que es público. El del PP, que es de consumo interno y sólo se distribuye a los dirigentes, cargos y personal laboral y al que ha tenido acceso El Independente, habla de "Programa de cumplimiento normativo. Protocolo de prevención del acoso laboral". Y el de Vox es bastante parecido: "Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso laboral".

Sólo para el ámbito laboral

En el caso del PP y Vox se explicita desde el principio el alcance de actuación de las medidas, esto es, en el de las relaciones laborales, y aunque el del PSOE no lo dice en el enunciado, en el texto se habla una y otra vez de las "personas trabajadoras" y de la "condición del acoso como riesgo en el ámbito laboral". Significa que, en puridad, estos reglamentos no servirían para hacer frente a un caso como el del ex portavoz parlamentario de Sumar, donde los supuestos abusos no se produjeron en ese ámbito laboral sino en su vida privada y contra mujeres que no eran del partido.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL (1)Descarga

No significa que estén atados de manos. De hecho, Sumar desposeyó a Errejón de la portavocía en el Congreso de los Diputados y consiguió que dejara su acta de diputado ante la gravedad de las acusaciones, sin abrirle siquiera un expediente sancionador que se sigue antes de un procedimiento de este tipo. De hecho, Díaz puso el acento en que estaba preparada su expulsión inmediata aunque la carta que dio a conocer Errejón vía Twitter, cuyo contenido dice no compartir la vicepresidenta, terminó de precipitar los acontecimientos.

El PSOE reformó su protocolo, pero insiste en que es de aplicación "a todos los ámbitos de nuestra organización"

Pero lo cierto es que, tal y como están formulados los protocolos exigidos por ley, se trata de un modelo de relación entre los dirigentes, cargos y personal laboral, muy centrados en los derechos de las víctimas sin contemplar cuáles son los pasos a seguir cuando éstas son ajenas a la organización. Es más, el PSOE especifica que su protocolo "será aplicable a todas las personas que presten servicios en el PSOE, en territorio nacional, sin exclusiones, ni distinción por su naturaleza o vinculación jurídica" y si el mismo "se produjese entre personas trabajadoras de esta organización y una empresa externa que actúen en el mismo lugar de trabajo, se aplicará el procedimiento". Además, en su último congreso eliminaron la salvedad respecto a que en el caso de "situaciones referentes a personas que ya no forman parte de la organización, se analizará la procedencia o no de la apertura del protocolo" para extenderlo "a todos los ámbitos de nuestra organización".

Otro tanto en el PP, que exige por parte de todos los miembros de la organización "un compromiso de tolerancia y respeto para así crear un entorno laboral libre de todo tipo de acoso se consideran aceptable y está terminantemente prohibido realizar cualquier acto de discriminación y acoso que atente contra la dignidad de las personas".

Ayer saltó la noticia de un supuesto acoso sexual por parte del senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, contra dos compañeras de corporación. La denuncia fue formulada por el ultra Alvise Pérez y el PP puso en marcha los protocolos de actuación, según informó el propio líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, durante una entrevista en EsRadio. Pero, finalmente, las propias concejalas, Susana Pérez Custodio y Eva Pajares desmintieron las acusaciones para salir en defensa de la "integridad" del alcalde.

En lo que respecta a Vox, en el documento, al que ha tenido acceso El Independiente y está reservado a cargos o militantes vía entrada con credenciales de partido, se acota también cualquier denuncia de acoso —dentro de lo laboral, donde se concreta el sexual, el psicológico o el discriminatorio— a las relaciones con compañeros de trabajo, la interacción en los espacios destinados para el mismo o en situaciones ajenas como pueden ser viajes laborales. Por lo que un caso similar al de Errejón debería ser atajado con otras fórmulas distintas. En el protocolo se insta a explorar otras instancias cuando salga de las competencias que puede tratar el partido. Y se recalca la "total oposición a la posibilidad de que tenga lugar en toda su organización conductas que puedan ser contrarias a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución". Muestra su "compromiso con la prevención y actuación frente a estas conductas en cualquiera de sus formas".

Adecuar las medidas internas

El de las concejalas populares de Algeciras, de haber sido verdad, hubiera sido un caso de libro de aplicación de los protocolos internos, que muy probablemente deberán ser adaptados para aquellas situaciones en que la agredida es ajena al partido, de modo que no se produzca una situación similar a la de Sumar, en que una dirigente de Más Madrid, Loreto Arenillas, se dirigió a la víctima de tocamientos en un capítulo sucedido hace un año y que terminó retirando finalmente el hilo de X donde denunció los hechos.