Política

Guerra de togas en el Alto Tribunal

Nueva polémica en el Supremo: Lesmes quiere presidir el Pleno de las hipotecas

Si finalmente decide presidir el Pleno del 5-N, el presidente del CGPJ se enfrenta al desplante de gran parte de la Sala que no está dispuesta a tolerar la citada maniobra.

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo.
Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo. | EFE

En un nuevo hecho sin precedentes en la historia del Tribunal Supremo, su presidente Carlos Lesmes, tiene intención de presidir el Pleno de las hipotecas que se celebrará el próximo día 5 en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Según ha podido saber El Independiente, el presidente ha encargado un informe a su gabinete sobre la viabilidad jurídica de esta medida que causa “estupor” entre gran parte de los magistrados que integran la Sala Tercera del Alto Tribunal.

Lo cierto es que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya dejó claro que tomaba las riendas de esta crisis en el Supremo cuando asumió la presidencia de la reunión con los magistrados de la Sección Segunda que determinaron que son las entidades bancarias las que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria. En un primer momento, tal y como informan fuentes jurídicas, esa reunión había sido convocada por el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, pero al ver la magnitud del escándalo provocado por el comunicado de este, y ante de los temores de que el presidente de lo Contencioso fuera vituperado por los magistrados de la citada Sección, Lesmes decidió tomar el timón del 'barco'.

Si Lesmes trata de inmiscuirse en "unas deliberaciones que son secretas" corre el serio riesgo de que varios magistrados se levanten y se vayan del Pleno

Con este escenario, y tras haber pedido disculpas a la sociedad por la mala gestión desarrollada por Díez Picazo, el presidente pretende ahora presidir el Pleno de los 31 magistrados del Alto Tribunal que se celebrará el próximo lunes –aunque es previsible que este miércoles se acepte la abstención de uno de los jueces que integran la Sala Tercera por tener un asunto hipotecario relacionado con los demandantes por lo que serán treinta-.  No obstante, desde el gabinete de prensa de Carlos Lesmes se niega que tenga intención alguna de presidir dicho Pleno ni que haya encargado el citado informe.

Sin embargo, las distintas fuentes de la Sala consultadas por este periódico explican que si Lesmes trata de inmiscuirse en "unas deliberaciones que son secretas" corre el serio riesgo de que varios magistrados se levanten y se vayan del Pleno. Entre otras cuestiones, porque la función jurisdiccional del presidente del Poder Judicial se limita exclusivamente a las deliberaciones de la Sala del 61 del Supremo pero, " en ningún caso", puede presidir un Pleno del que no forma parte en la actualidad –aunque haya sido miembro de la Sala Tercera antes de ser elegido presidente del Poder Judicial-.

De la misma forma, las fuentes consultadas sostienen que se trata de una maniobra que muestra un "ninguneo absoluto" a Luis Díez-Picazo al que aupó para presidir la Sala –previas presiones a vocales del CGPJ para arrebatar la presidencia al magistrado José Manuel Sieira- pero con el que ahora mantiene una difícil y deteriorada relación a cuenta del ‘tsunami hipotecario’.

Díez Picazo ha sentido que Lesmes, con aquel “perdón envenenado”, lo ha dejado a los pies de los caballos. Nadie duda del error de bulto del presidente de lo Contencioso - Administrativo si bien varios magistrados de la Sala lamentan la situación en la que se encuentra el catedrático (múltiples voces dentro y fuera del tribunal creen que debe dimitir) por haber seguido el dictamen del presidente del Supremo, molesto con la sentencia desfavorable para la banca.

La función jurisdiccional del presidente del Supremo se limita exclusivamente a las deliberaciones de la Sala del 61, informan fuentes jurídicas

Según publicó 'El Confidencial', Carlos Lesmes pidió el viernes 19 de octubre a Luis María Díez-Picazo por teléfono “atajar la incertidumbre y aclarar” aspectos de la sentencia de las hipotecas porque se estaban produciendo fuertes “daños económicos” a la banca. A raíz de esta llamada, el presidente decidió avocar al Pleno una sentencia judicial firme suscrita por los magistrados de la Sección Segunda que no era ni revisable ni revocable a priori.

Tal y como adelantó El Independiente, un grupo de jueces de la Sala defienden que ese Pleno nunca debió ser convocado. El artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sostiene que “podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquéllos, lo estime necesario para la administración de justicia”. En este caso, hay miembros de Supremo que entienden que ni esta cuestión afecta a la Administración de Justicia ni existen resoluciones contradictorias que hagan que el asunto deba ser estudiado por el Pleno.

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