El Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite la exposición razonada que el juez de la Audiencia Nacional envió para investigar al exministro de Transportes José Luis Ábalos por el 'caso Koldo'. La Sala de lo Penal inicia así una causa contra el diputado que es aforado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, y añade además un delito de malversación. Designa como instructor a Leopoldo Puente y determina que el resto del procedimiento siga en la Audiencia Nacional, excepto lo que tenga "una conexión material inescindible entre investigados y el aforado".

El magistrado Ismael Moreno lleva liderando desde hace casi un año unas pesquisas sobre la presunta corrupción relacionada con la contratación de mascarillas en la pandemia, que afecta al Ministerio cuando Ábalos estaba al frente y que, hasta ahora, mantenía investigado al que fuera su asesor Koldo García, así como a otros cargos de Transportes y Adif, y a una serie de importantes empresarios como Víctor de Aldama o Juan Carlos Cueto. Pero el pasado 23 de octubre, el juez dio un paso más y, apoyándose en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntó directamente al exministro como integrante de esta red corrupta.

"Papel principal" le otorga la exposición razonada en la que el magistrado argumentaba que el exministro se benefició de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) durante un verano que pagaron los mismos empresarios que luego conseguían favores de la Administración, y de un piso en el centro de Madrid en el que vivió la pareja del político durante varios años. Esta joven, además, fue contratada por Ineco, una entidad que dependía de Transportes.

En el auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta destaca que les corresponde ahora verificar que los hechos que describe el juez de la Audiencia Nacional pudieran ser delictivos. La Sala ha estado compuesta además por Manuel Marchena, presidente, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo Porres.

La causa se inicia reabriendo una denuncia que ya el abogado Ramiro Grau había interpuesto en 2021. El Supremo no la llegó a admitir a trámite en su momento y en marzo de este año el letrado había pedido la reapertura, a lo que se le contestó que estaban esperando al resultado de las pesquisas del 'caso Koldo'. Ahora, la forma que tiene el alto tribunal de activar las pesquisas es esta.

Los hechos

El auto se hace eco de los indicios que apuntaban el juez Moreno y la Fiscalía Anticorrupción. Señala que la situación del Covid provocó la adquisición por vía de urgencia y emergencia de material sanitario, mascarillas, trajes especiales, etc. Y que esto provocó que un grupo de personas dispusieran de información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que les permitió realizar una oferta para asegurarse la contratación. "Esta organización, aprovechando la condición de aforado de Secretario de organización del partido político PSOE, participó en las contrataciones de otras administraciones", dicen.

Los indicios de la investigación "permiten afirmar que el asesor del aforado ante esta Sala, Koldo García, intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar cobros recibidos de la organización". Los togados detallan las contraprestaciones que presuntamente recibió Ábalos por su participación: el alquiler, la casa en Cádiz y además viajes con la persona que era su pareja "contabilizándose 16 vuelos a distintas localidades nacionales y extranjeras, sufragadas con cargo al erario público".

La Sala deja abierta la puerta a investigar otros delitos. El informe de la UCO exponía también el viaje de Delcy Rodríguez a España que conocía perfectamente el Gobierno, así como el rescate a la compañía aérea Air Europa.