La Dirección General de Muface mantendrá este jueves una reunión con los sindicatos CCOO, CIG, CSIF y UGT después de que las aseguradoras optasen por no acudir a la licitación del contrato de asistencia sanitaria de funcionarios para los años 2025 y 2026. A pesar de la subida 17,12% en dos años en las primas, las compañías consideraban que no les salían los números.

Desde el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública aseguran que los 1,5 millones de mutualistas cubiertos actualmente por Muface seguirán recibiendo las mismas prestaciones que hasta ahora.

Pero el departamento que dirige Óscar López busca lanzar una licitación exprés con una mejora que pueda atraer a las aseguradoras. El Gobierno juega con la baza de que puede prorrogar el servicio hasta nueve meses más por interés público.

Ni Adeslas, ni Asisa, ni DKV, que prestan actualmente el servicio, quisieron presentarse al concurso, que quedó desierto ante la falta de interés por parte de ninguna otra aseguradora.

De los funcionarios que disfrutan de la cobertura de Muface, un 65% son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acusado al Gobierno de poner en riesgo la asistencia sanitaria de sus funcionarios y ha pedido una reunión urgente al ministro.

El próximo lunes ha convocado una manifestación en las subdelegaciones del Gobierno de toda España y frente al Ministerio de Hacienda en defensa de la mejora de las condiciones de los empleados públicos y la continuidad del mutualismo administrativo.

Mientras se resuelve todo, el Ministerio de Sanidad está analizando el impacto que podría tener para el Sistema Nacional de Salud (SNS) la absorción de esos 1,5 millones de pacientes si el concierto de Muface no se renueva. El departamento que dirige la ministra Mónica García (Sumar) sería partidario de ir acaban progresivamente con el modelo.

Asisa y Adeslas sí se han presentado como candidatas para la cobertura del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), con cerca de 560.000 mutualistas, y para la Mutualidad General Judicial (Mugeju) que atiende a unos 92.000 funcionarios del ámbito judicial y familiares.