El Palau de la Generalitat ha sido escenario este jueves de la celebración del Día de la Justicia, entrega de premios incluida. Un acto meramente protocolario que se ha convertido, sin embargo, en una ceremonia para firmar la paz entre la Generalitat y el poder judicial, con la presidencia de Salvador Illa y la presencia de toda la cúpula judicial en Cataluña. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Maria Barrientos, el fiscal jefe de Barcelona, Francisco Bañeres, además de los presidentes de las audiencias provinciales o vocales del Consejo General del Poder Judicial han recibido el reconocimiento del president de la Generalitat tras años de enfrentamiento abierto por el referéndum ilegal del 1-O.

Este es un "acto de reconocimiento y de respeto que queremos hacer desde el Govern a todo el ámbito del Poder Judicial" ha asegurado Illa en la clausura del acto. Un president que ha obviado por un día sus quejas sobre la aplicación de la Ley de amnistía para abogar por cerrar la fractura abierta entre la administración autonómica y la Justicia durante los años del procés.

Querríamos contribuir desde el Govern a que estos años de ruido dejen paso de forma clara a años de colaboración y normalización plena

"Venimos de años particulares, singulares, con mucho ruido" ha apuntado Illa, para reconocer inmediatamente que durante esos años también se ha hecho "mucho trabajo día a día" en una Justicia especialmente mal dotada en Cataluña. Desde el Govern, ha añadido Illa, "querríamos contribuir a que estos años de ruido dejen paso de forma clara a años de colaboración y normalización plena".

Reforzar los medios de la justicia

En este contexto, el presidente catalán se ha comprometido "reforzar" la administración de justicia con más medios humanos y materiales para ofrecer "el servicio moderno y eficiente de justicia que merecen los ciudadanos". Illa ha reconocido el escaso interés de sus predecesores por cuidar a la administración de justicia, aunque ha asegurado que "prefiero centrarme en hacer más órganos judiciales que en centrarme en por qué ha pasado esto".

Cataluña es una de las comunidades con peor dotación judicial, con una administración especialmente castigada por la rotación de jueces y fiscales. Los juicios rápidos, por ejemplo, se fijan con casi un año de plazo, lo que explica buena parte del problema de reincidencia delictiva que aparece de forma reiterada como una de las principales preocupaciones de los catalanes en todas las encuestas.

El consejero de Justicia, Ramon Espadaler, ha abundado en este punto con la promesa de un plan de choque para dotar de mas recursos a los juzgados. Espadaler se ha comprometido además a hacerlo desde el "diálogo y el respeto", abogando por la normalización de las relaciones con el poder judicial. El consejero, que se ha reunido con los máximos representantes de la judicatura en Cataluña, aseguraba el inicio del acto que "el diagnóstico está hecho, ahora hay que encontrar soluciones a los problemas que todos conocemos, y el más sustantivo es la congestión de los juzgados".