Donald Trump se convirtió en mayo en el primer expresidente de Estados Unidos condenado en un juicio penal. Desde este martes también es el primer criminal de la historia del país que luego ha resultado elegido presidente. Y el hecho de que haya ganado las elecciones podría no ser suficiente para que pueda evitar que se le condene a cárcel por el caso Stormy Daniels, para el que está citado el próximo 26 de noviembre en un juzgado de Nueva York.

El expresidente y ahora también presidente electo fue condenado hace cinco meses por utilizar dinero de su campaña para silenciar a la exactriz porno, pero aún no se conoce la pena puesto que sus abogados consiguieron retrasar el veredicto hasta después de las elecciones, con el objetivo de que el veredicto no influyese en su resultado. Ahora la cuestión es si un presidente electo goza de la misma protección constitucional que un presidente que haya jurado el cargo, algo que Trump no puede hacer hasta el 20 de enero.

Todo apunta a que los abogados de Trump harán todo lo posible para despejarle el camino con sus recursos al juez. Probablemente intentarán que deje caer el caso alegarán que un juez estatal no puede juzgar a un presidente electo, lo que podría retrasar el caso cuatro años. En caso de que dicho recurso se rechace, podría terminar llevando la causa al Tribunal Supremo.

"Como ha decidido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, este caso, junto con todos los otros bulos de Harris y Biden, debe ser desestimado", ha dicho el portavoz de la campaña de Trump Steven Cheung en un comunicado.

Por el momento el magnate tiene que comparecer ante el juez el 28 de noviembre para escuchar la sentencia de su condena por falsificar registros comerciales para ocultar que pagó a la actriz Stormy Daniels en 2016, que asegura haber vivido una aventura previa con el expresidente. Trump niega tanto el amorío como la falsedad documenta, y se ha declarado no culpable.

Si esa sentencia llegará a conocerse o no es todo un misterio. Fuentes familiarizadas con la estrategia del presidente electo han asegurado a diferentes medios de comunicación que el objetivo es que se cancele completamente y que presentarán el recurso en los próximos días. Les corre prisa porque el juez Juan Merchan había decidido que como muy tarde tomaría una decisión el 12 de noviembre, después de unos meses de reflexión sobre la sentencia del Tribunal Supremo de este verano, que apuntaba a que un presidente tiene inmunidad jurídica para todas aquellas acciones que tengan que ver con su cargo.

El caso más sencillo sería que el juez Merchan decidiese acabar con la condena, con lo que se desestimarían los cargos y Trump no resultaría condenado. Pero también puede decidir mantener la condena tal y como está, e incluso rechazar la petición de recurso de los abogados de Trump. Si sucede así, sus abogados presentarían recursos ante tribunales superiores para discutir el tema de su inmunidad, en un intento por retrasar todo lo posible la imposición de la sentencia, agotando todas las vías disponibles.

Trump podría ser condenado hasta a cuatro años de cárcel por cada uno de los delitos que le han impuesto, pero el juez puede decidir que los cumpla simultáneamente, con lo que solo estaría en la cárcel cuatro años en total. Según un análisis del Times, más de un tercio de las condenas impuestas en la última década y relacionadas con fraude empresarial han terminado en pena de cárcel.

También podría recibir una condena menor gracias a que no tiene antecedentes y por su edad (78 años), en cuyo caso podría ser sentenciado a por ejemplo un arresto domiciliario, a realizar servicios por la comunidad o a una multa. En ese caso, el presidente no tendría el poder de perdonarse a sí mismo puesto que se trata de un caso estatal y no federal, sobre los que el líder del país sí tiene poder de decisión.

Los otros casos

"Lo despediría en dos segundos. Es fácil, es muy fácil", dijo el expresidente en una entrevista con el presentador de radio Hugh Hewitt. Trump ha dicho en repetidas ocasiones que despedirá al fiscal especial Jack Smith en cuanto esté en el cargo, lo que acabaría con los otros dos casos criminales que tiene pendientes ligados al uso que hizo de documentos clasificados (caso en Florida) y a sus intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020 (Washington DC).

Si lo hace, ambos terminarían archivados, puesto que el Departamento de Justicia no permite que nadie pueda procesar a un presidente en el cargo. Para intentar ahorrarse el trago, el propio Smith ya está en conversaciones con Justicia para acabar con ambos procesos, aunque otras fuentes apuntan a que el fiscal no quiere dar ningún paso atrás antes de que se lo ordenen o el propio Trump lo eche. De nuevo, el caso de DC se vio interrumpido por la decisión del Supremo sobre la inmunidad de los presidentes del país, cuando un juez federal ha tenido que decidir cuánto del caso se ve afectado por el fallo.

En el de Florida, Trump está acusado de llevarse documentos clasificados de forma ilegal a su mansión de Mar-a-Lago y de resistirse cuando el Gobierno intentó recuperar los archivos. Pero en julio la jueza Aileen Cannon lo archivó argumentando que el fiscal especial Jack Smith debía haber sido nombrado por el presidente y no por el fiscal general, y después Smith pidió reabrirlo ante el Tribunal de Apelaciones, acusando a Cannon de saltarse los precedentes con su decisión.

Sin embargo, Trump tiene aún más casos pendientes. En Georgia está acusado, de nuevo, de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, un caso que pende de si finalmente el fiscal termina siendo apartado del caso por su relación romántica con otra fiscal. Pase lo que pase, todo apunta a que es complicado que Trump resulte condenado una vez ha sido elegido, al ser un caso estatal, y en caso de que suceda, los abogados de Trump harían todo lo posible para que sea desestimado. Esta sentencia de producirse no se espera hasta 2025, aunque la argumentación sobre el amorío de los fiscales se espera para el 5 de diciembre.

Por otro lado, Trump tiene pendientes varios casos civiles, tanto relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 como por la acusación de la escritora E. Jean Carrol por abuso sexual, más otro caso en Nueva York por el que el expresidente ha sido condenado a pagar 454 millones de dólares por mentir sobre su fortuna. ¿Pueden seguir adelante aunque Trump esté en la Casa Blanca? Es una posibilidad: en 1997, el Supremo decidió por unanimidad que un presidente no podía alegar estar en el cargo para librarse de recibir condenas civiles.