El año 2003 marcó un punto de inflexión para Muface. Fue el primer ejercicio en el que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado dio cobertura a un número mayor de funcionarios que de familiares de estos. Las estadísticas del organismo público reflejan que hace dos décadas se beneficiaban de este sistema 809.869 trabajadores públicos por 802.726 familiares de estos.

Desde el año 1976 siempre había habido una cifra mayor de beneficiarios que de titulares de un servicio que ahora está en el aire por las dificultades del Gobierno para conseguir que las aseguradoras privadas se presenten al concurso público para los próximos dos ejercicios. Ni siquiera las tres que prestan en la actualidad el servicio: SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV.

Diez años después del hito de 2003, en 2013, Muface atendía a 963.709 y a 568.563 familiares, hasta un total de 1,53 millones de usuarios. A día de hoy, el número total de pacientes cubiertos por Muface es muy similar (1,54 millones), aunque los funcionarios titulares de la prestación han crecido mientras que el número de familiares se ha reducido otro 24,5%, hasta los 434.409. Se trata, de hecho, de la cifra más baja de la serie histórica.

Los funcionarios tienen derecho a que sus familiares gocen de la cobertura sanitaria que prestan aseguradoras privadas mediante un concierto con el Estado. Aunque deben cumplir una serie de requisitos. Pueden ser incluidos como beneficiarios familiares o asimiladas a cargo de un mutualista en alta.

Entre ellos, el cónyuge del mutualista o quien conviva con el mutualista en análoga relación de afectividad. También pueden beneficiarse los descendientes e hijos/as de ambos cónyuges o de cualquiera de ellos. Además, también se pueden incluir los hermanos del mutualista, así como los ascendientes tanto del mutualista como de su cónyuge.

Para ser beneficiario se necesita vivir con la persona titular del derecho y a sus expensas, además de no percibir ingresos por rendimientos derivados del trabajo superiores al doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Tampoco se puede gozar de protección a través de la Seguridad Social.

Por tipo de parentesco, la estadística refleja que el mayor epígrafe lo ocupan los hijos e hijas de funcionarios, que suponen el 85,27% de los beneficiarios (370.437). Eso sí, son un 21% menos que hace una década. Además, el 13,6% de los beneficiarios son esposas (59.058) -un 33% menos que en 2013- y el 0,7% son esposos (3.058) -un 36% menos-.

Ahora, el sistema mediante el que 1,54 millones de funcionarios y familiares recibe atención sanitaria y otras prestaciones pende de un hilo. El Gobierno y la propia entidad convocó el jueves una reunión con los sindicatos para tratar de aplacar las movilizaciones que preparan algunos de ellos para reclamar la continuidad de un modelo que se pone en cuestión desde el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García.

De hecho, este último departamento trabaja en un estudio para analizar el impacto que supondría para el Sistema Nacional de Salud asumir a todos los usuarios de Muface en caso de que el ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública que dirige Óscar López no consiga renovar el concierto con las aseguradoras.

Este último departamento ofreció una subida de la prima que pareció insuficiente a las compañías privadas, por lo que dejaron desierto el concurso. Ahora, Función Pública prepara una nueva licitación exprés aunque no detalla qué incluirá en la misma para lograr convencer a las aseguradoras.

La normativa actual recoge que que, si aún no se ha formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad del servicio al vencimiento de un contrato, "se podrá prorrogar el contrato originario (...) por un periodo máximo de nueve meses", al existir "razones de interés público para no interrumpir la prestación".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha comunicado que comenzará el 11 de noviembre una campaña de movilizaciones y considera que las explicaciones del Gobierno sobre la situación actual son "insuficientes" y cree que su actitud con la renovación "pone en peligro la viabilidad de esta mutualidad".