Federalizar la Agencia Tributaria, derecho al voto para los mayores de 16 años, fiscalidad verde: las claves de la ponencia del 41º Congreso del PSOE

El nuevo proyecto socialista, el que deberá guiar la acción del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, se contiene por ahora en 75 páginas. Las que ocupan la ponencia marco ya remitida a toda la militancia del partido y ya sometida a debate desde la base. El texto sufrirá cambios seguros en el 41º Congreso Federal, que se celebrará en apenas 20 días, del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Sevilla, pero la propuesta de la dirección es esa, la que comprenden esas 75 páginas, rotuladas bajo el título España 2030. Un socialismo que avanza, una España que lidera [aquí en PDF]. El texto dibuja las diez metas que se marca el PSOE precisamente para 2030, desde una economía "más competitiva, justa y sostenible", hasta un sistema que "combata la desigualdad en todas sus formas", una "democracia plena que plante cara a la desinformación y al autoritarismo de la ultraderecha" o la aspiración de una sociedad plenamente igualitaria y de un "Estado del bienestar más eficaz y solidario". El documento también da vueltas al modelo de Estado, que perfile "una España cohesionada en la diversidad". Y es en este eje temático en el que los socialistas plantean "ahondar en el proceso de federalización del Estado" y la reforma de la financiación autonómica. Sin mentar a Cataluña, el PSOE pone sobre la mesa la posibilidad de "federalizar" la dirección de la Agencia Tributaria para "dar más capacidad de decisión a las comunidades autónomas".

La ponencia marco del partido se marca nuevos desafíos y objetivos "ambiciosos", en distintas áreas. Algunos son el blindaje de los avances sociales en la Constitución, la creación de un escaño ciudadano, obligar a las grandes empresas a que repartan sus beneficios entre sus empleados, desplegar un plan de leasing de vehículos eléctricos o modificar la ley electoral para que puedan votar los menores de edad mayores de 16 años. El documento se complementa con las 96 páginas de los nuevos estatutos, también sometidos a enmienda y debate. Ambos, resolución política y estatutos, deberán ser aprobados por el millar de delegados elegidos para el 41º Congreso Federal de Sevilla.

Una vez que se hayan discutido las enmiendas en las convenciones precongresuales, se elevarán a la cúpula federal, que las compilará en la memoria. Las propuestas vivas se debatirán en Sevilla

El martes, la dirección envió a todos sus militantes las 171 páginas totales del documento íntegro que guiará las deliberaciones del cónclave de Sevilla. Las asambleas de las agrupaciones locales —con la salvedad de las afectadas por la DANA— tuvieron hasta este pasado sábado para enmendar el texto, y las direcciones provinciales tienen de plazo hasta este martes, 12 de noviembre, para debatir modificaciones y elevar a la cúpula de Sánchez aquellas que hayan superado el 30% de apoyos. El martes 19, Ferraz remitirá la memoria definitiva de enmiendas. Las que queden vivas y no se transaccionen se discutirán en el propio cónclave de Sevilla.

El pasaje que, hasta ahora, suscitaba más atención, dado el acuerdo de PSC y ERC del verano que hizo president a Salvador Illa, es el dedicado a la financiación autonómica. El texto parte de la situación actual, cómo el Gobierno ha aumentado en casi 300.000 millones de euros los recursos transferidos a las comunidades autónomas y un 35% los de las entidades locales si se comparan con las cifras del PP. El objetivo, ahora, es "lograr un sistema de financiación autonómica que sea más justo y sostenible". Recuerda el PSOE que todas las reformas de la ley han profundizado en el autogobierno, han mejorado la corresponsabilidad fiscal y han garantizado la solidaridad. Pero el modelo tiene "deficiencias en términos de equidad y eficiencia que deben ser corregidas". Así, CCAA con mayor capacidad fiscal —caso de Cataluña y Madrid— acaban "recibiendo menos recursos que otros territorios", una referencia implícita al criterio de ordinalidad al que apela el acuerdo PSC-ERC.

También afirman los socialistas que el sistema actual permite una "fuerte descentralización del gasto", pero su corresponsabilidad es "limitada en los ingresos", lo que "desincentiva una gestión tributaria responsable y permite que algunos gobiernos autonómicos jueguen al populismo fiscal, practicando el dumping y bajando los impuestos a sus élites económicas mientras solicitan más fondos al Gobierno central". Es un señalamiento a Madrid y a las políticas sistemáticas desplegadas por los ejecutivos del PP de bajadas de impuestos, aprovechando el efecto capitalidad. El modelo vigente "tampoco resuelve adecuadamente el problema de las singularidades territoriales" e impide "recaudar los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas realidades demográficas y climáticas".

La ponencia describe que los objetivos principales de aquí a 2030 deberían ser reducir a la mitad la diferencia de recursos por habitante ajustado que recibe cada autonomía del sistema de financiación en el marco del nuevo modelo que se acuerde, porque hoy la brecha entre la comunidad mejor y la peor financiada es del 30%. La Comunidad de Madrid registró en 2022 el PIB per cápita más elevado (38.435 euros por habitante), el más alto de toda España, seguida de Euskadi (35.832 euros) y Navarra (33.798). A la cola, Melilla (20.698 euros), Andalucía (21.091 euros) y Extremadura (21.343 euros), según los datos de contabilidad regional ofrecidos por el INE en diciembre de 2023. La media nacional se colocó en 28.162 euros por habitante y la de la Unión Europea en 35.440 euros. Siete regiones superaron el registro medio nacional y dos el europeo. De ahí que el segundo objetivo de los socialistas sea impulsar la convergencia de la renta per cápita "entre todas las CCAA".

Los objetivos son reducir a la mitad la diferencia de recursos por habitante ajustado que recibe cada autonomía y también impulsar la convergencia de la renta per cápita "entre todas las CCAA"

El texto da algunas pinceladas de cómo debiera ser el nuevo sistema de financiación autonómica. Es una formulación genérica, pero entra más al detalle que la resolución política aprobada en el congreso anterior, el número 40, en 2021. El PSOE promete, para empezar, un modelo que "aumente los recursos disponibles de todas las CCAA para que dispongan de más recursos que en la actualidad". También plantea que el nuevo sistema "revise la composición y armonización de la cesta de tributos para evitar la competencia a la baja en impuestos como Patrimonio, Sucesiones o los tramos más altos del IRPF", que "optimice el cálculo de los pagos a cuenta y retenciones de IRPF para que el impacto de las decisiones de las CCAA sea más inmediato" y que "modifique la fórmula de población ajustada para mejorar el cálculo de necesidades y de la capacidad fiscal normativa a competencias homogéneas". A finales de 2021 Hacienda ya hizo una propuesta de población ajustada que no gustó a los barones del PP y contentaba, con matices, a los del PSOE. Pero ahora quien está al mando de 11 CCAA (y codirige una duodécima, Canarias) es el PP.

Un fondo de desarrollo autonómico

El PSOE también hace suya una idea que figuraba en el pacto con ERC para la investidura de Sánchez: la negociación de un "alivio de la deuda pública de las CCAA generada durante la crisis financiera". El partido sí innova en la siguiente propuesta: que la reforma del modelo "federalice la dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para dar más capacidad de decisión a las CCAA y despliegue una estrategia en red con las haciendas autonómicas". El acuerdo PSC-ERC plantea que sea la Agencia Tributaria de Cataluña, creada en 2007 y en funcionamiento desde 2008, la que asuma la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos recaudados en la comunidad y que a día de hoy gestiona la AEAT. La ponencia marco no llega tan lejos como ese texto, pero sí plantea dar más peso a las agencias tributarias autonómicas. El último punto es que se compatibilicen "multilateralidad y bilateralidad", que alumbre un sistema con "adecuado, que no privilegiado, tratamiento de las singularidades y el mantenimiento de la solidaridad a igual esfuerzo fiscal".

No hay referencias directas a Cataluña ni a su "financiación singular" (o 'concierto económico'), más allá de que la "convivencia" ha vuelto a la comunidad gracias a las política del Gobierno

Los socialistas apuestan igualmente por "mejorar la financiación" de las entidades locales, reequilibrando los recursos disponibles entre ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, determinando el mapa de sus competencias, modernizando sus fuentes de ingresos y avanzando en su corresponsabilidad fiscal. Para evitar que todo el crecimiento se concentre en Madrid, el partido propone seguir usando los fondos europeos para generar industria y redinamizar el tejido productivo en todos los territorios, más allá de la capital, y duplicar la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial, una promesa que ya había Sánchez y que ahora se perfila algo más. Ese fondo, escribe el PSOE, se convertirá en un "verdadero fondo de desarrollo autonómico, tan ambicioso como los PERTE, que compense la pérdida de fondos estructurales europeos por las CCAA menos desarrolladas".

El principio base que esgrimen los socialistas es un Estado autonómico "reforzado", que "respete la diversidad" territorial, que "maximice sus sinergias" y que haga que el todo (España) sea "mucho más que la suma de sus partes". No hay referencias directas a Cataluña (ni a su "financiación singular" o concierto económico), más allá de la constatación de que la "convivencia" ha vuelto allí y se han "reconstruido puentes de diálogo que nunca deberían haberse roto". Tampoco hay alusiones a la ley de amnistía o a los indultos, pero sí el reconocimiento de que la "buena gestión del Gobierno de coalición y la altura de los partidos que apoyaron la investidura" han "permitido que la convivencia y el diálogo hayan vuelto a las calles e instituciones catalanas", y que la relación entre las CCAA y el Estado haya "mejorado drásticamente".

Para lograr un mejor equilibrio territorial, el PSOE extiende una receta: "Ahondar en el proceso de federalización del Estado". En la línea que el partido se planteó en la Declaración de Granada de 2013, con Alfredo Pérez Rubalcaba como líder, el texto sugiere desarrollar herramientas federales de coordinación, armonización y participación territorial en las cuestiones estatales, la cogobernanza —ya ensayada en la pandemia—, la mejora de la claridad en el reparto competencial, la reforma del Senado para hacer de él una Cámara de representación territorial, la institucionalización de las relaciones entre CCAA. El PSOE apuesta asimismo por seguir "transfiriendo competencias a aquellos gobiernos autonómicos que lo soliciten", actualizar los estatutos de autonomía pendientes de revisión, y promocionar la protección, el estudio y el uso de las lenguas cooficiales "en todos los ámbitos, dentro y fuera de nuestro territorio". El objetivo es construir una España "más descentralizada" y a la vez "más cohesionada".

El PSOE apuesta por "seguir transfiriendo competencias" a los gobiernos autonómicos que lo pidan. Y se reivindica como uno de los "principales baluartes y referentes" de la izquierda

Fuera de este capítulo del modelo de Estado, el texto ahora a debate interno plantea varias medidas. Todas responden a cuatro grandes retos: desarrollar un patrón de crecimiento distinto, la emergencia climática, la transformación del orden global y la respuesta al auge de los "valores autoritarios y de la internacional ultra". Son los cuatro grandes desafíos a los que el PSOE debe "dar respuesta". Hubo un tiempo, señala la cúpula, en el que al partido le bastaba con "importar ideas de fuera", pero eso no vale ya: España "ya no puede copiar, porque está a la vanguardia de la socialdemocracia europea". Es, de hecho, de los pocos partidos socialistas fuertes, muy tocado ya el SPD alemán. El PSOE, reivindica, es uno de los "principales baluartes y referentes" de la izquierda, uno de los "laboratorios más exitosos de generar progreso", una "posición de liderazgo" que implica "una gran responsabilidad", porque le obliga a "innovar y acertar". Es el PSOE el que tiene que "dibujar la próxima utopía socialista y mosrtar al mundo que existe un modelo alternativo en el que los derechos sociales, la sostenibilidad medioambiental y la competitividad económica pueden avanzar juntos".

El texto, de 75 páginas, desgrana más de 230 medidas del nuevo proyecto socialista. Aquí, algunas de las más significativas:

• Inmigración. Los socialistas creen que es necesario generar un modelo de inmigración que garantice "un flujo constante de trabajadores que se integren en la sociedad y den respuesta a las necesidades de nuestras empresas". Se trata, pues, de sumar nuevos migrantes que cubran las vacantes del mercado laboral y de generar "canales de migración segura y ordenada" y de "crear el sistema ágil de homologación de títulos" que permita aprovechar "al máximo el talento" de los que se instalan en nuestro país. El PSOE, en línea con Sánchez, hace una descripción positiva del fenómeno migratorio, al contrario que la corriente conservadora global, y hace hincapié en una migración "segura y ordenada", en un momento de desbordamiento de las capacidades de atención a los menores en Canarias.
• Aceleración en la lucha contra el cambio climático. La ponencia marco no hace referencia a la DANA que ha arrasado la provincia de Valencia, pero sí es muy insistente a la hora de plantear un crecimiento más justo y sostenible. Subraya que hay que aprovechar la transición ecológica para "modernizar" el aparato productivo del país y preparar España para "adaptarse a los efectos del cambio climático". No solo por una cuestión de emergencia, sino incluso por razones económicas: la transición verde, calcula el partido, ayudará a generar más de 500.000 nuevos empleos y a elaborar la renta del país un 3% en los próximos años. Lo que sí advierte el documento es que la recurrencia de eventos extremos como sequías o inundaciones será mayor, lo que obliga a gestionar mejor recursos escasos como el agua y a adaptar nuestros ecosistemas a esta nueva realidad climática. Para ello, se deben "modernizar la gestión de nuestros recursos hídricos y proteger más y mejor nuestros ecosistemas naturales". Algunas ideas: crear un banco público de agua en las confederaciones hidrográficas, construir nuevas desaladoras, digitalizar las canalizaciones y sistemas de riego para perder menos agua, establecer un fondo de resiliencia ante la emergencia climática (para proteger a las personas y comunidades más vulnerables a los efectos directos del cambio climático) y crear la figura del Defensor de las Generaciones Futuras, encargado de analizar el "impacto de los equilibrios ecológicos, sociales y económicos y proteger los intereses de las próximas generaciones".

En inmigración, se propone "un flujo constante de trabajadores que se integren en la sociedad y den respuesta a las necesidades de nuestras empresas"

• Descarbonizar la economía y cuidado del planeta. Entre las medidas propuestas, lograr que el 80% de la energía eléctrica proceda de fuentes renovables, duplicar la presencia de puntos de recarga para vehículos eléctricos (de los 38.000 actuales a los 80.000 en 2030), reducir el consumo de agua un 5% de aquí al final de la década, incrementar el uso de la desalación, mantener la apuesta por las energías limpias y renovables o impulsar la economía circular en todas las fases del proceso productivo.
• Más movilidad sostenible. Los socialistas se comprometen a ampliar y agilizar las ayudas a hogares de renta media y baja y pymes para la adquisición de turismos y furgonetas eléctricos nuevos o adaptados. También se apostará por un sistema de recarga en movimiento, con "tramos electrificados que permitirán a los vehículos eléctricos recargar sus baterías mientras circulan". Se establecerá un plan de leasing de vehículos eléctricos, se instaurará un billete único de transporte público que "incentivará y permitirá la movilidad nacional a un precio asequible", se seguirá "mejorando la red ferroviaria", se concederán ayudas o incentivos fiscales a los trabajadores y empresas que usen la bici para sus desplazamientos de casa al trabajo. Y se trabajará, indica el texto, para que las grandes empresas, de más de 250 trabajadores, costeen el 50% del transporte público a sus empleados en los días laborables.

• Fiscalidad verde. El PSOE quiere "fortalecer progresivamente la fiscalidad ambiental", al tiempo que se protege a los colectivos más expuestos al cambio climático. Así, se ajustará la fiscalidad en los sectores de la energía y el transporte, "para desincentivar el uso de combustibles fósiles y equiparnos en este tipo de tributación a los niveles que tienen los países más avanzados y sostenibles de Europa". Por otro lado, se creará una renta o bono climático que utilice los recursos adicionales que proporcione la fiscalidad verde para apoyar a esos colectivos y territorios más castigados por el cambio climático y les permita caminar hacia actividades y patrones de consumo más sostenibles. España imitaría así los pasos dados por Canadá o Suiza, que ya están "explorando estos mecanismos compensatorios".
• Pleno empleo y reducción de la jornada. El PSOE lleva a su ponencia su compromiso de legislatura de alcanzar el pleno empleo —hoy, la tasa de paro es del 11,21%—. Pretende reducir el desempleo juvenil, incrementar la inserción laboral de mujeres, jóvenes y personas de más 55 años y acoger e integrar a cientos de miles de inmigrantes. El partido quiere blindar en la Constitución la subida del salario mínimo, para que este siempre se sitúe por encima del 60% del salario medio. Y, como ha pactado con Sumar, busca reducir la jornada laboral. El objetivo es que, de media, no se trabajen más de 36 horas en 2030. En este capítulo también incluye la obligación de que las grandes empresas, de más de 250 empleados, repartan sus beneficios entre sus empleados.

Se apostará por un sistema de recarga en movimiento, con tramos electrificados, o para que las grandes empresas costeen el 50% del transporte público a sus empleados en los días laborables

• Vivienda. Los socialistas quieren que aumente el parque público hasta superar al menos el 6% del total, rehabilitar 1,5 millones de viviendas antes de que termine la década, eliminar todos los apartamentos turísticos ilegales, mantener la titularidad pública permanente en el caso de las viviendas de promoción pública, fomentar la construcción y movilización de más vivienda asequible o ayudar a los jóvenes con menos recursos.
• Una ayuda única. La ponencia anuncia la creación de un mecanismo único de ayuda universal para la ciudadanía que incorporará todas las prestaciones no contributivas del sistema (ingreso mínimo vital, complemento de ayuda para la infancia, desempleo, becas, ayudas a familias...), que permitiría a las administraciones y hogares tramitarlas "todas a la vez", en una ventanilla única, ahorrando costes y tiempos.
• Reforma fiscal. La composición del actual Congreso lo hace difícil, dado que el Gobierno se apoya en formaciones de izquierdas (ERC, Bildu, Podemos y BNG, además de Sumar) y de derechas (PNV, Junts y ocasionalmente Coalición Canaria), pero el PSOE sigue teniendo en mente una reforma fiscal, a nivel estatal, autonómico y local, que logre "más ingresos, menos fraude, mayor progresividad y una mayor corresponsabilidad entre administraciones". Se plantea igualmente que el 0,7% del IRPF no se destine solo a la Iglesia o a las ONG, sino a cuestiones como la investigación científica y médica, la lucha contra el cambio climático o la ayuda a los más necesitados.

• Fin a las violencias y delitos de odio contra las personas LGTBIQ+. ¿Cómo? Con campañas de sensibilización y educación en colegios e institutos, acompañamiento sanitario y psicosocial en zonas rurales, tipificación como delito de las terapias de conversión, establecimiento de un plan estatal contra el bullying que preste atención a la violencia y estigmatización de los niños LGTBIQ+ en las aulas o la incentivación de la contratación de personas del colectivo en las empresas. También se perseguirá la convivencia y la integración de las personas racializadas, con el propósito de "reducir la discriminación con este colectivo".
• Abolición de la prostitución. El PSOE ya incluyó este objetivo en su anterior congreso, en 2021, y lo llevó al Congreso tanto en la pasada legislatura como en este, pero precisamente la acción conjunta de Sumar y PP impidieron que la iniciativa prosperara. El partido se reafirma en su objetivo de "erradicar la prostitución" a través de una ley abolicionista, un principio totalmente compartido internamente. En materia de igualdad, se apuesta por cerrar "de una vez por todas las brechas económicas y laborales", garantizar el derecho al aborto en la Constitución, reformar la actual ley de paridad para que la igualdad de representación "afecte a más organizaciones y ámbitos" y modificar la ley de partidos para asegurar que todas las formaciones dispongan de "buzones o canales internos anónimos para denunciar el acoso y las agresiones sexuales", una apostilla pertinente por el caso Errejón. Lógicamente, uno de los objetivos es combatir al máximo la violencia de género.

Se retoma la idea de erradicación de la prostitución por ley. Se introducirá una representación joven en el Consejo de Estado y una sección específica

• Blindaje constitucional de los avances conquistados. En el capítulo de reformas políticas, esta es la que más destaca. Los socialistas quieren llevar a la Carta Magna no solo el derecho al aborto (como en Francia) o la subida del salario mínimo, sino también el matrimonio igualitario. Plantean situar el acceso a la sanidad pública universal al mismo nivel jurídico que el derecho a la educación, bloqueando cualquier intento de privatización del Sistema Nacional de Salud y de los sistemas autonómicos. A la Constitución se incorporaría la titularidad pública permanente de las viviendas de promoción pública, el derecho a la seguridad climática y al agua potable. Respecto a la laicidad del Estado, se reforzarán las políticas de "neutralidad religiosa en actos públicos y de representación del Estado, derogando el Acuerdo de 1979 sobre asuntos educativos y culturales con la Santa Sede".
• Voto para los mayores de 16 años. La ponencia de 2024 va más allá que la resolución política del 40º Congreso, de 2021. Ya no se habla de abrir el debate para que puedan votar los chavales de 16 y 17 años, como se decía entonces. Ahora se asegura claramente que se modificará la ley electoral para que disfruten de ese derecho los menores de edad mayores de 16 años. Es uno de los logros perseguidos por las Juventudes Socialistas. También se habilitará un escaño ciudadano en el Congreso y en el Senado, como un espacio de participación directa de la ciudadanía. Se introducirá una representación joven en el Consejo de Estado —una institución caracterizada precisamente por la avanzada edad de sus miembros— para que se tenga en cuenta su perspectiva en el análisis legislativo y se cree una sección especializada en temas de juventud.
• Impulso del proyecto europeo. En política internacional, los socialistas buscan el fortalecimiento del mercado único, la cesión de soberanía en política exterior y defensa, una política fiscal verdaderamente europea, avance hacia el proceso de integración o la ampliación de la UE con la entrada de los Balcanes Occidentales. Lógicamente, el PSOE persigue la implementación de la solución de los dos Estados (Israel y Palestina), ayudar a Ucrania en su lucha contra el "imperialismo" de Rusia, defender el Derecho internacional, la diplomacia y la paz en todos los territorios y la renovación de las reglas e instituciones del sistema de gobernanza global. No hay referencias al giro sobre el Sáhara o a Marruecos.