El Tribunal Supremo ha acordado este lunes levantar parcialmente el secreto de la investigación que dirige contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos que le atribuye la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado instructor Ángel Luis Hurtado alza esta protección reforzada "en lo que a la notificación de los dos autos de 30 de octubre de 2024 se refiere", relativos a la entrada y registro en la sede de la Fiscalía General del Estado y en la sede de la Fiscalía Provincial de Madrid, así como el auto de 8 de noviembre en el que acotaba la investigación.

La actuación de Hurtado ha sido criticada en la última semana por corregirse a sí mismo en cuanto a la diligencia en la que ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hacer un volcado íntegro del teléfono móvil y ordenadores de ambos fiscales. En el auto inicial en el que ordenaba a los guardias acudir a la sede del Ministerio Público señalaba que debían examinarse los correos desde el 8 de marzo hasta la actualidad.

En cambio, días después realizó ese segundo escrito en el que acotaba las fechas y decía que sólo se podría examinar lo que guardara relación con la causa entre las fechas 8 y 14 de marzo. Es decir, el análisis de datos pasó de un margen temporal de seis meses a seis días. "Limitado el análisis pericial del material intervenido a los hechos y personas objeto de investigación, queda acotado a las fechas que abarcan del día 8 al 14 de marzo de 2024, ambos días inclusive", reflejó el instructor.

Hasta ahora las partes de este procedimiento habían tenido acceso a la parte dispositiva del auto, en otras palabras, a unas pocas páginas en las que el Supremo mandaba a la UCO y detallaba qué diligencias debían hacerse, pero no habían podido ver cómo justificaba el magistrado esta medida de tal calado. Ahora, el juez levanta el secreto y podrá verse cómo argumenta que la Guardia Civil tenga que entrar en el despacho del fiscal general para investigar un delito de revelación de secretos cuya pena máxima es de cuatro años de prisión.