La acusación contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, a la que se investiga por varios posibles delitos, ha pedido al juez que no acepte su petición de no acudir al juzgado el día 18 por asistir al G-20 y que, si insiste en no ir, se le retire el pasaporte o, subsidiariamente, se adelante la fecha de la citación.

El juez Juan Carlos Peinado ha citado para el 18 de noviembre a la esposa del presidente para comunicarle la admisión de una nueva querella por presunta apropiación indebida e intrusismo en relación a la contratación de un software del máster de la cátedra que codirigía en la Complutense. Previamente la investigaba por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Este lunes trascendió que el letrado de Begoña Gómez ha pedido al magistrado que suspenda su citación por encontrarse de viaje en Brasil junto a Pedro Sánchez en la cumbre del G-20, en un escrito en el que expone además que ya le fue notificada en su día la querella y no cree necesario que deba hacerse de forma presencial.

Fuentes jurídicas han asegurado a EFE que el magistrado aún no ha decidido sobre la petición de Gómez. Las acusaciones populares personadas en la causa, bajo la dirección letrada de Vox, han presentado este martes un escrito en el que solicitan al juez que traslade a la investigada "la obligatoriedad" de acudir al juzgado, apercibiéndole de las consecuencias legales y solicitando a su letrado que confirme su asistencia en el plazo de un día.

Si la investigada insistiera en no comparecer, las acusaciones piden que, de acuerdo con el artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se le retire el pasaporte "a los efectos de asegurar su presencia para las diligencias acordadas en el marco del presente procedimiento".

Subsidiariamente, si no se estima esta petición, solicitan que se modifique la fecha de la citación para el próximo viernes, 15 de noviembre, "fecha en la que Begoña Gómez aún no estará en 'viaje oficial' alguno tras haber su marido, del que parece depender la agenda de la investigada".

En el escrito las acusaciones recuerdan que "en innumerables casos" judiciales se solicita que se adopten medidas de carácter personal, como es la prohibición de salida de territorio nacional, la retirada de pasaporte o las comparecencias quincenales.

"Lo que resulta extraordinario es que un investigado decida de modo unilateral que no va a acudir, presente un escrito en el Juzgado, no para pedir autorización o dispensa, sino para manifestar directamente su imposibilidad y dar por hecho que saldrá de España sin más", añaden.